El Tribunal Supremo acaba de dar un nuevo varapalo al Estado. Ha estimado el recurso de Sacyr y obliga al Gobierno a recalcular ya —sin más demoras— la indemnización que debe pagar por el rescate de las autopistas radiales R‑3 y R‑5 de Madrid. Un litigio que dura más de diez años y que ya ha costado 1.684 millones de euros a las arcas públicas, según Eurostat.
Qué dice exactamente la sentencia del Supremo
El fallo, fechado el pasado 2 de junio, anula la resolución complementaria que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2023. Esa resolución fijaba una Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de 570 millones de euros para la concesionaria de las radiales R‑3 y R‑5, y un tramo de la M‑50. El Supremo considera que el cálculo sigue sin ajustarse a derecho y reprocha al Ejecutivo una demora «más que prudente», instándole a dictar la liquidación definitiva sin más dilaciones.
El alto tribunal se apoya en la misma jurisprudencia que ya había aplicado en sentencias anteriores sobre el rescate de nueve autopistas quebradas. De hecho, la cifra de 570 millones ya era 451 millones superior a la primera estimación del Gobierno, que también fue anulada por el propio Supremo. Ahora, el Estado tendrá que volver a sentarse con papel y lápiz para calcular correctamente el valor de una infraestructura que ya es pública y que gestiona la sociedad estatal SEITT.
Por qué este fallo importa a la seguridad jurídica de España
Vamos por partes. Sacyr ya no explota esas autopistas; la deuda financiera de la quiebra la compraron fondos de titulación como TDA, Bothar y Kommunalkredit. Pero el Supremo deja claro que la constructora mantiene un interés legítimo suficiente para impugnar el cálculo. No reclama el dinero de la deuda original, sino que la RPA se cuantifique de forma legal. Y eso es justo lo que el tribunal le ha reconocido.
El detalle que casi nadie cuenta: la R‑3 y la R‑5 formaban parte de una concesión única adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC, con un plazo de 50 años. Entraron en servicio en pleno boom económico (2004), quebraron con la crisis financiera y en 2012 entraron en concurso. Desde entonces, el Estado ha ido pagando compensaciones provisionales por todas las autopistas rescatadas: 134 millones por la R‑4, 319 por la A‑36, 41 por la A‑41, 278 por la AP‑7 Cartagena‑Vera, 307 por la AP‑7 Alicante, 46 por la M‑12, y cero euros por la R‑2.
Para cualquier inversor internacional, que un tribunal superior obligue al Estado a pagar correctamente y sin más demoras es un mensaje de que España respeta la seguridad jurídica. La imagen país se juega mucho: si los contratos de concesión se liquidan con fórmulas que los tribunales acaban tumbando, la confianza se resiente.
El Supremo urge a cerrar ya una liquidación que acumula más de diez años de litigios y reprocha al Gobierno una tardanza «más que prudente».
Un precedente que arrastra más de 1.600 millones y no ha terminado
Conviene recordar que el rescate de las nueve autopistas radiales ha sido el mayor quebradero de cabeza financiero derivado de las concesiones del boom constructor de principios de siglo. Aquellas infraestructuras se diseñaron con previsiones de tráfico que nunca se cumplieron y, cuando llegó la crisis, el agujero fue colosal. El Estado tuvo que crear la SEITT para absorber activos y evitar cortes de servicio, y desde entonces no ha dejado de pagar. Los 1.684 millones desembolsados son solo el principio, porque la mayoría de las autopistas aún está en la fase de segunda resolución.
El fallo del Supremo no es una sorpresa: el tribunal ya había fijado doctrina en casos similares, anulando los cálculos iniciales del Ejecutivo por no ajustarse a derecho. Lo novedoso es el tono de urgencia con que se dirige al Gobierno, casi un mandato: «sin necesidad de más demora». Para el lector español, esto significa que los próximos meses veremos nuevas liquidaciones y, muy probablemente, una factura final que supere con creces lo abonado hasta ahora.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de Sacyr contra la liquidación de la RPA de las autopistas radiales R‑3 y R‑5, anulando la resolución del Gobierno de diciembre de 2023.
- Datos importantes: Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ha costado 1.684 millones de euros. La indemnización para esta concesión ascendía a 570 millones en el cálculo anulado.
- Resumen: La sentencia refuerza la seguridad jurídica en España al obligar al Estado a pagar lo que realmente corresponde, pero disparará la factura final para el erario público.
