La Conselleria de Sanidad ha ingresado 45,8 millones de euros de las concesionarias Ribera Salud y Sanitas tras reclamarles el coste de las atenciones oncológicas que sus pacientes recibieron en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), una fundación privada nutrida casi en su totalidad por fondos de la Generalitat. Las empresas han recurrido la reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), aunque la justicia ya rechazó sus medidas cautelares y las obligó a desembolsar el dinero.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Generalitat ha cobrado 45,8 millones a Ribera Salud y Sanitas por pacientes oncológicos derivados al IVO, pero las empresas han presentado un recurso contencioso-administrativo.
- ¿Quién está detrás? La Conselleria de Sanidad del gobierno de Carlos Mazón (PP) reclama pagos que se remontan a 2012, en plena investigación del Tribunal de Cuentas por doble financiación.
- ¿Qué impacto tiene? El litigio pone en cuestión el modelo de hospitales privatizados y los contratos de concesión sanitaria en la Comunitat Valenciana.
Una deuda de 45,8 millones por doble financiación
El origen del conflicto está en un informe de la Sindicatura de Comptes que activó una investigación del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador nacional de los fondos públicos. Según esa pesquisa, entre 2013 y 2023 la Conselleria de Sanidad pagó dos veces por el mismo paciente oncológico: primero a la concesionaria, mediante la prima capitativa anual del contrato de gestión privada, y después al IVO cuando esos pacientes elegían tratarse allí. La doble facturación afecta a departamentos de salud privatizados gestionados por Ribera Salud y Sanitas, cuyos pacientes oncológicos se derivaban al IVO por decisión propia o clínica.
En cuanto la Conselleria tuvo constancia del informe, reclamó 16,6 millones de euros a Ribera Salud y 29,2 millones a Sanitas. Esta última ha detallado que en enero de 2026 abonó 28,8 millones correspondientes al periodo 2012-2023 y otros 485.000 euros en mayo de 2026 por los servicios de 2024. El desembolso total ya está en las arcas autonómicas, pero las empresas han impugnado la exigencia por la vía judicial.
La sanidad pública valenciana pagó dos veces por el mismo paciente: una vez a la empresa privada por la prima y otra al IVO por su tratamiento.
El recurso de las concesionarias y sus argumentos
Sanitas, a través de su filial Especializada y Primaria l’Horta Manises S.A.U., sostiene que la reclamación no tiene respaldo en el contrato de concesión firmado en 2006. Según fuentes de la compañía, los gastos del IVO nunca formaron parte de las obligaciones asumidas y la Conselleria no emitió requerimiento alguno hasta octubre de 2024, dieciocho años después de la firma. “La concesionaria no tiene relación contractual ni económica con el IVO, ni tomó la decisión de derivar pacientes”, argumentan.
Ribera Salud confirmó el pago y la presentación del recurso, pero declinó hacer más valoraciones. Ambas empresas han acudido al TSJ, el máximo tribunal regional, para que determine si deben asumir unos costes que, según ellas, corresponden a los conciertos sanitarios de la propia Administración. Mientras se resuelve el fondo del asunto, los 45,8 millones permanecen en poder de la Generalitat.
El Escenario Valenciano
La polémica reabre el debate político sobre el modelo de hospitales privatizados que el PP extendió con el denominado modelo Alzira. El anterior gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) revirtió a la gestión pública los departamentos de Alzira, Torrevieja y Dénia, y dejó encarrilada la de Manises. Carlos Mazón, al llegar a la presidencia en 2023, finalizó esas reversiones pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en Elche-Vinalopó, con base en unas auditorías de calidad que nunca se han hecho públicas. Ahora, el litigio del IVO tensa aún más la relación entre la Conselleria y los operadores privados.
A nivel nacional, el caso tiene eco porque el Tribunal de Cuentas investiga un supuesto perjuicio contable que podría abrir responsabilidades. Además, la controversia sobre los pagos duplicados cuestiona los mecanismos de control de las concesiones sanitarias, una fórmula que el Partido Popular defiende y que el PSOE y Compromís critican. La posición del Gobierno de Pedro Sánchez es de observación, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que los fondos autonómicos deben fiscalizarse con rigor. En el horizonte inmediato, el TSJ deberá pronunciarse sobre el recurso contencioso-administrativo y marcar un precedente sobre quién paga la atención oncológica en los departamentos privatizados.
Ficha del Caso
- El caso: La Conselleria de Sanidad reclamó a Ribera Salud y Sanitas 45,8 millones de euros por los costes de las derivaciones oncológicas al IVO entre 2012 y 2024, bajo la sospecha de que la Administración pagó dos veces por el mismo paciente.
- Datos importantes: Sanitas abonó 28,8 millones (enero 2026) y 485.000 euros (mayo 2026); Ribera Salud, 16,6 millones. Las empresas han recurrido ante el TSJ y la justicia ya rechazó las medidas cautelares.
- Resumen: El litigio, que se desarrolla en paralelo a una investigación del Tribunal de Cuentas, pone en entredicho el modelo de hospitales privatizados y la claridad de los contratos de gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana.
