La Comisión Europea ha publicado este viernes su informe anual sobre el Estado de Derecho en la UE, en el que reclama a España más medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre conflictos de interés de los altos cargos. Bruselas considera ‘limitados’ los avances realizados, y aunque sus recomendaciones no son vinculantes, el documento tiene un peso político considerable.
El capítulo dedicado a España constata ‘algunos avances’ para reducir los tiempos de las largas investigaciones de casos de corrupción, pero subraya que persisten los desafíos y que la tramitación de las reformas es lenta. Por eso, la Comisión pide acelerar los cambios legislativos pendientes.
Las peticiones concretas de Bruselas
El informe detalla tres exigencias clave para el Gobierno de Pedro Sánchez:
- Acelerar la revisión del Código Procesal Penal para agilizar las investigaciones y los enjuiciamientos de la corrupción de alto nivel.
- Reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas.
- Garantizar la independencia y la eficacia del organismo supervisor encargado de detectar y sancionar esos conflictos.
En paralelo, Bruselas señala que los avances en el control de los lobbies han sido ‘limitados’ y reclama un registro público obligatorio de lobistas, así como completar la adopción de la ley de secretos oficiales y de la de Administración Abierta.
Conflictos de intereses y blindaje de los altos cargos
A pesar de iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la Comisión lamenta que la aplicación práctica de las normas vigentes no ha mejorado. Por ello, insiste en que España debe impulsar una reforma que refuerce tanto las obligaciones de los altos cargos como las facultades del órgano que vigila su cumplimiento.
Bruselas advierte que las críticas de los políticos a los jueces erosionan la confianza ciudadana en la justicia y exige respeto mutuo entre los poderes del Estado.
El informe recoge la ‘preocupación’ manifestada por el Tribunal Supremo, el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces) y las asociaciones de jueces ante las declaraciones públicas contra magistrados, especialmente tras sentencias de gran repercusión. Aunque la crítica es parte del debate democrático, Bruselas subraya que ‘los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial’.
Las reformas que siguen atascadas
El informe también pone el foco en la reforma del sistema de elección del CGPJ. A pesar de que la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional) emitió orientaciones para que los jueces elijan a los vocales, el Ejecutivo comunitario constata que no se ha alcanzado ningún consenso y la reforma sigue pendiente. El acuerdo entre PSOE y PP de hace dos años no se ha traducido en una ley.
En cuanto al estatuto de la Fiscalía General, Bruselas aprecia avances significativos con el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que amplía a cinco años el mandato del fiscal general y lo desvincula del Gobierno. No obstante, la tramitación parlamentaria no ha terminado, por lo que la Comisión recomienda continuar los esfuerzos para separar nítidamente los mandatos.
Lo que supone para el Gobierno español
El calendario legislativo del Ejecutivo se tensa con estas recomendaciones. El informe, aunque sin sanciones, coloca a España bajo la atenta mirada de Bruselas en un año electoral. Las medidas exigidas requerirán mayorías parlamentarias que no están aseguradas, y la presión europea podría acelerar la agenda de reformas.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Comisión Europea publicó su informe anual sobre el Estado de Derecho y pidió a España más medidas contra la corrupción de alto nivel.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Gobierno de España, el CGPJ, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, así como los partidos con representación parlamentaria.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Las recomendaciones no son vinculantes, pero aumentan la presión para desbloquear reformas legislativas en un entorno político sin mayorías claras.
