Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han manifestado un rechazo frontal al nuevo proyecto de orden ministerial que busca regular el modelo de «coliving» como medida de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar. En el último Consejo de Personal, colectivos como la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) exigieron formalmente la retirada de una normativa aprobada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Argumentan que este marco regulatorio destruye el carácter social y de ayuda que debería imperar en este tipo de alojamientos institucionales. Según denuncian, el plan de la administración prioriza una rentabilidad económica fría, persiguiendo una cuenta de resultados cercana a cero para que el personal costee directamente el beneficio de constructoras o gestoras privadas.
La medida ya tiene un horizonte inmediato con la próxima inauguración de un edificio piloto situado en el distrito de Fuencarral en Madrid. Sin embargo, la polémica que rodea al proyecto radica en unas tarifas que no asumen la realidad operativa del soldado español, expuesto a constantes traslados forzosos, bajas retribuciones y comisiones de servicio sin dietas adecuadas.
Precios que desbordan la economía familiar
El diseño de las tarifas ha encendido las alarmas por ignorar las recomendaciones de estabilidad financiera del Banco de España, que aconseja no dedicar más del 30% o 35% de los ingresos netos del hogar al pago de la vivienda para evitar el sobreendeudamiento. Las cifras establecidas en el texto ministerial detallan que una habitación individual para un oficial alcanzará los 456,5 euros al mes, mientras que un suboficial deberá abonar 410,85 euros y el personal de tropa y marinería pagará 388,02 euros mensuales, importes que incluyen el IVA.
La presión económica se recrudece drásticamente si el militar viaja con su entorno familiar. Las visitas de fin de semana de una pareja o un hijo supondrán un sobrecoste de 27,5 euros por persona y día, sin distinción por la edad de los menores. Esto sitúa la realidad económica en un escenario preocupante: un sargento que percibe unos 1.800 euros netos acabará destinando hasta el 36% de su nómina (unos 631 euros) solo por acoger a su familia dos fines de semana al mes. La situación empeora en la escala básica, donde un soldado con 1.325 euros de salario neto mensual deberá entregar casi 500 euros mensuales, alcanzando un gasto habitacional del 38% de sus ingresos.
La paradoja de las compensaciones económicas
El documento de ASFASPRO expone además un agravante que tildan de sinsentido dentro de la gestión ministerial. En el supuesto de que el militar reciba la ayuda oficial por cambio de destino que fija la Orden Ministerial 51/2023, las tarifas de este sistema de coliving sufrirán de forma automática un incremento del 50% en su coste. De aplicarse este recargo, las habitaciones individuales se dispararán hasta los 684,75 euros para los oficiales, 616,28 euros para los suboficiales y 582,04 euros para la escala de tropa y marinería.
Esta distorsión normativa provoca una flagrante paradoja, puesto que las sumas requeridas para habitar estas dependencias públicas superan las propias cuantías que el Ministerio de Defensa otorga a sus trabajadores para sufragar los alquileres en el mercado libre. La propia ayuda institucional resulta insuficiente para pagar una estancia en sus propias instalaciones. Además, los precios regulados se actualizarán anualmente con el Índice de Precios al Consumo (IPC) general nacional, sin importar si los sueldos militares permanecen congelados. Las asociaciones critican que la orden ministerial eluda la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, que desterró el IPC y adoptó el Índice de Referencia de Arrendamiento de Vivienda, un indicador generalmente inferior y más favorable.
Exclusión social y vacíos legales
El descontento del personal uniformado va más allá del bolsillo, apuntando a vacíos legales y severas carencias éticas que pueden derivar en una oleada de recursos administrativos y contenciosos contra la administración. El borrador prohíbe ser adjudicatario de una habitación a quien ya posea una propiedad inmobiliaria en el ámbito territorial correspondiente. Esta norma ignora situaciones complejas del derecho civil, como aquellos militares que solo han heredado una parte minoritaria de un inmueble cuyo usufructo pertenece a un tercero, o los casos de personal divorciado donde la expareja y los hijos residen legalmente en la vivienda familiar por orden judicial.
La normativa castiga especialmente al militar vulnerable en situación de divorcio al limitar la estancia de familiares a un máximo de diez días al mes. Esta restricción imposibilita de facto que un padre o madre militar pueda mantener la convivencia continua o compartida con sus hijos menores. Ante este escenario, el coliving se postula meramente como un parche temporal ineficaz. La verdadera solución integral que demandan los representantes del sector pasa ineludiblemente por reformar la Ley 26/1999 de apoyo a la movilidad geográfica de las Fuerzas Armadas y dotar al sistema de una financiación pública suficiente y digna.
