La Generalitat Valenciana invertirá 50 millones de euros en la reforma de la fachada litoral de Benidorm para evitar la demolición de los rascacielos ‘Gemini 28’, una solución que prioriza la ampliación del paseo marítimo frente al derribo por su ubicación en zona de servidumbre de protección de Costas. El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha aprobado además un concurso internacional de ideas dotado con 3,8 millones para culminar el frente marítimo de la ciudad turística.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consell ha anunciado una inversión de 50 millones y un concurso de 3,8 millones para completar el paseo marítimo de Benidorm y, de paso, esquivar la demolición de las dos torres de 22 plantas que se alzan en terreno de Costas.
- ¿Quién está detrás? La Conselleria de Medio Ambiente, liderada por Vicente Martínez Mus, bajo el Consell de Pérez Llorca, con el respaldo del alcalde Toni Pérez.
- ¿Qué impacto tiene? Evita un coste de 140 millones en indemnizaciones y elimina un conflicto judicial que arrastra desde 2017, al tiempo que transforma el litoral de la capital turística.
La batalla judicial que atrapa a dos gigantes
Las torres Gemini 28 –22 plantas y 168 apartamentos de lujo– se construyeron en 2005 con autorización de la Generalitat en plena zona de servidumbre de protección de Costas, una franja de bien público que limita la edificación junto al mar. El TSJ Comunitat Valenciana avaló aquella licencia en 2008, pero el Tribunal Supremo admitió en julio de 2017 un recurso de la Abogacía del Estado. La sentencia posterior obligó a la Generalitat a presentar un proyecto de demolición.
El auto de ejecución firme llegó en 2020. Desde entonces, el Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat han buscado fórmulas para impedir el derribo. “Ejecutar la sentencia costaría 140 millones a las arcas públicas”, recuerda el conseller Martínez Mus. Una cifra que contrasta con los 50 que ahora se ponen sobre la mesa.
Ampliar el paseo para alejar el mar: la solución de los 50 millones
La alternativa anunciada este miércoles consiste en generar un nuevo tramo de paseo marítimo que modifique la línea de ribera del mar. De esta forma, la referencia a partir de la cual se calcula la servidumbre de protección se alejaría de las torres. En lugar de derribar, se ganaría terreno al mar. El director general de Costas autonómico, Marc García, defiende que esta solución evita un proceso de demolición y reconstrucción que podría prolongarse años y causar un fuerte impacto ambiental y económico.
“No tiene ninguna lógica derribar para luego poder levantar otro edificio de más de 50 plantas en el mismo suelo”, añadió Martínez Mus durante la presentación. El concurso internacional, dotado con 3,8 millones, seleccionará la propuesta que mejor combine excelencia arquitectónica, integración paisajística y viabilidad técnica. El equipo ganador redactará el proyecto, elaborará el estudio de impacto ambiental y dirigirá las obras, mientras que los clasificados en segundo y tercer lugar recibirán 30.000 y 20.000 euros, respectivamente.
La alternativa a la demolición de los Gemini 28 pasa por una solución urbanística: ganar terreno al mar para que la servidumbre deje de amenazar los cimientos.
La previsión es licitar el concurso antes de finalizar el año, conceder tres meses para la presentación de propuestas y disponer del proyecto ganador durante el primer trimestre de 2027. La Generalitat ya trasladó la propuesta al Ministerio para la Transición Ecológica el pasado mes de marzo, pero no ha recibido respuesta. Aun así, el Consell seguirá adelante. “Confiamos en que el Ministerio entienda que Benidorm necesita completar su fachada marítima”, expresó el alcalde Toni Pérez, quien calificó la iniciativa de “valiente, ilusionante y justa”.
El Escenario Valenciano
La maniobra del Consell de Pérez Llorca en Benidorm revela una triple lectura. En el plano estrictamente local, supone desbloquear un urbanismo enquistado que amenazaba con un agujero de 140 millones y el hundimiento de un enclave residencial de alto nivel. El alcalde del PP ve una oportunidad de oro para cerrar el frente marítimo de Levante y Poniente, una deuda histórica con la ciudad.
A nivel autonómico, muestra la determinación de un gobierno de coalición PP-Vox por gobernar con hechos y sortear los escollos judiciales heredados. La decisión de seguir adelante sin el visto bueno del Ministerio evidencia que el Consell no quiere esperar más. La Comunitat Valenciana ya acumula varios conflictos con la Ley de Costas; este proyecto podría sentar un precedente si se aprueba sin respuesta del Estado.
En clave nacional, el silencio del Ministerio para la Transición Ecológica desde marzo resulta incómodo. La Ley de Costas es estatal, y casos como el de El Algarrobico, en Almería, demuestran que las soluciones indirectas pueden enquistarse durante décadas. Ahora, con una inversión de 50 millones y un concurso de ideas que echará a andar en otoño, la pelota está en el tejado del Gobierno central. El plazo aprieta: si el proyecto se licita a finales de 2026 y el proyecto ganador está listo en el primer trimestre de 2027, el Ministerio tendrá que pronunciarse antes de que las máquinas empiecen a mover tierra en la playa de Benidorm.
Ficha del Caso
- El caso: Los rascacielos ‘Gemini 28’, construidos con licencia autonómica en zona de servidumbre de Costas, afrontan una orden de demolición del TSJCV tras una sentencia del Supremo de 2017. La Generalitat propone una solución urbanística que amplía el paseo marítimo para alejar la línea de ribera y eludir el derribo.
- Datos importantes: Inversión prevista de 50 millones de euros; coste estimado del derribo: 140 millones. Concurso internacional de 3,8 millones para el diseño. Torres de 22 plantas y 168 apartamentos de lujo. El TSJ anuló la licencia en 2020 y exigió proyecto de demolición. El Ministerio no ha respondido a la propuesta de la Generalitat desde marzo de 2026.
- Resumen: La Generalitat, con el respaldo del ayuntamiento, intenta convertir una sentencia millonaria en una oportunidad para remodelar la fachada marítima de Benidorm. La pelota está en el tejado del Gobierno central, que mantiene silencio mientras avanzan los trámites autonómicos.
