El PNV confía en cerrar la reforma del Estatuto vasco con PSE-EE y EH Bildu en las próximas semanas. El presidente de la formación jeltzale, Aitor Esteban, quiere registrar después el texto en el Parlamento Vasco para abrir su tramitación, con las elecciones generales en el horizonte.
Las conversaciones se desarrollan a tres bandas y con discreción desde hace meses. Esteban llegó a fijar diciembre de 2025 como fecha límite para el acuerdo, un plazo que quedó atrás sin texto cerrado. Desde entonces, los portavoces de los tres grupos sostienen que las conversaciones ‘avanzan’ y que existe un entendimiento sobre la aplicación en diferido del derecho a decidir, según las versiones difundidas por las propias formaciones.
Los socialistas vascos participan en esa negociación a tres desde su inicio, aunque ninguno de los detalles de su posición ha trascendido. El PSE-EE comparte Gobierno con el PNV en el Ejecutivo de Imanol Pradales, lo que añade una segunda mesa de interlocución entre ambos socios.
Qué incluye el nuevo texto estatutario
El contenido del pacto no se ha desvelado. El presidente del PNV sí ha confirmado que la cuestión identitaria formará parte de un texto que pretende ir más allá en competencias propias, solemnizar que Euskadi es una nación y establecer mecanismos de bilateralidad con el Gobierno de España. ‘No somos una comunidad al uso; somos más’, ha subrayado Esteban ante los micrófonos de la emisora pública vasca.
La negociación avanza en paralelo al pulso por el espacio político. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha presentado ante sus cuadros el acuerdo como una decisión ‘táctica’ dentro de sus objetivos soberanistas. En respuesta, Esteban ha cuestionado esa lectura: ‘Hay mucho de táctica y poco de práctica’.
El presidente del PNV también ha rechazado la propuesta de Otegi de avanzar hacia ‘gobiernos de concentración’ en Euskadi. El líder de la izquierda abertzale vincula esa fórmula a los acuerdos alcanzados en Navarra, tanto en el Gobierno foral como en el Ayuntamiento de Pamplona, y sitúa su posible extensión a partir de 2027.
El pacto a tres incluiría el reconocimiento de Euskadi como nación y mecanismos de bilateralidad con el Gobierno central, según la posición del PNV.
El nuevo peso de EH Bildu en Madrid y el calendario presupuestario
La agenda de Madrid avanza en paralelo al pulso estatutario. Esteban se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez presentará su proyecto de presupuestos en octubre y ya se han producido los primeros contactos con el grupo parlamentario del PNV en el Congreso, que dirige Maribel Vaquero. La formación jeltzale comparte ahora con EH Bildu el papel de socio del Gobierno en la Cámara baja, un espacio que hasta hace unos años ocupaba en solitario.
A la negociación presupuestaria se suma la carpeta del autogobierno pendiente. Esteban reclama a Sánchez que dé la orden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para aceptar la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social, pese al criterio contrario del secretario de Estado Borja Suárez. El Gobierno Vasco y el lehendakari Imanol Pradales apuran esas conversaciones y mantienen también el objetivo de coparticipar en la gestión de los puertos de Bilbao y de Pasaia, aunque la titularidad siga en manos del Estado.
Del Estatuto de Gernika al calendario pendiente
La reforma del Estatuto de Gernika, aprobado en 1979, exige la mayoría absoluta del Parlamento Vasco y su ratificación posterior en las Cortes Generales mediante ley orgánica. El último intento, el plan Ibarretxe, se aprobó en la Cámara vasca en 2003 y fue rechazado por el Congreso en 2005, un precedente que marca la complejidad del recorrido. El texto que ahora se negocia tendría que superar ese mismo doble filtro.
Los tres grupos mantienen silencio sobre el calendario exacto. Esteban habla de ‘semanas’ y el registro del texto en la Cámara vasca sería el primer paso formal para activar la ponencia y el debate en pleno. En paralelo, la negociación sobre la Seguridad Social vasca y la gestión de los puertos seguirá sobre la mesa de la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Pradales.
