La Xunta incorpora a su decreto de nitratos una moratoria de dos años para nuevas granjas en la cuenca del Limia.
Una moratoria de dos años con excepciones tasadas
La Consellería do Medio Rural ha introducido una disposición adicional en su propuesta de decreto contra la contaminación por nitratos de origen agrario. El texto prohíbe la autorización y el registro de nuevas explotaciones de porcino, bovino y aves en las superficies cuya escorrentía fluya hacia la cuenca del río Limia, en la provincia de Ourense. La prohibición alcanza también a las ampliaciones de capacidad de las granjas ya existentes.
El Ejecutivo autonómico —a Xunta de Galicia, el gobierno de la comunidad con sede en Santiago de Compostela— acompaña la medida de tres excepciones: las explotaciones avícolas y las porcinas extensivas de autoconsumo, y las explotaciones bovinas de hasta 1,2 unidades de ganado mayor destinadas al consumo propio. Sí se admiten modificaciones en granjas ya en funcionamiento siempre que no supongan un aumento de la capacidad productiva. La moratoria tiene una vigencia máxima de dos años y decaerá antes si se aprueban los programas de actuación vinculados a la declaración de zonas vulnerables.
El texto no está aprobado. La Consellería ha reabierto el plazo de alegaciones al borrador, que seguirá abierto hasta el 13 de octubre, según la actualización publicada en la web de la Xunta.
As Conchas, una sentencia que obliga a mover ficha
El origen está en el embalse de As Conchas, en el curso bajo del Limia. Una sentencia dictada en julio de 2025 condenó a la administración autonómica y a la estatal —esta última por la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil— por vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos ante la proliferación de bacterias tóxicas en el agua. El Tribunal Supremo confirmó el fallo en febrero de 2026. Cuatro días después de la primera resolución, la Xunta abrió el proceso del anteproyecto del decreto de nitratos.
Galicia lleva años discutiendo si los purines contaminan, mientras el agua del Limia arrastra un problema que un tribunal ya dio por probado.
Las entidades ecologistas Greenpeace y la Sociedade Galega de Historia Natural, junto al Movemento Ecoloxista da Limia, presentaron alegaciones contra el borrador y sostienen que casi un tercio de su extensión se dedicaba a cuestionar las evidencias sobre el peso de la contaminación agraria. Sus informes cifran la carga ganadera de la cuenca hasta la estación de control de Ponteliñares en un equivalente a entre 1,5 y 2 millones de personas, cuando la población humana de la zona es de unas 21.000. Añaden que, incluso vertiendo todas las aguas fecales sin depurar, la contribución al nitrógeno y al fósforo apenas alcanzaría entre el 1% y el 1,5% del total.
La Consellería sostiene que no dispone del informe definitivo de presiones del Gobierno central y que, por tanto, no puede designar zonas vulnerables. Admite, eso sí, que los datos provisionales del estudio apuntan a un origen significativamente agrario de la contaminación en varios puntos del Limia. «Los datos obtenidos son suficientemente consistentes como para activar una respuesta administrativa previa a la posible declaración de zona vulnerable», recoge el texto. En paralelo, Medio Rural ha identificado diez puntos donde considera que la información ministerial no es concluyente: entre ellos la costa Ártabra (Valdoviño y Abegondo), Melide y Santiso, Zas, Trazo, Cambados, Redondela, Vigo y Baiona.
La moratoria podrá levantarse antes de los dos años si la propia Consellería acredita, mediante evaluación técnica motivada, que la contaminación dejó de tener un origen significativamente agrario. La disposición precisa además que la prohibición no afecta a los jóvenes agricultores que reciben ayudas ni a modificaciones ya autorizadas antes del 21 de septiembre de 2026.
El Laboratorio Gallego
El decreto de nitratos es, en realidad, una pieza del pulso político gallego. La Xunta está gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta, revalidada en febrero de 2024, y Alfonso Rueda preside un Ejecutivo que ha hecho del mundo rural uno de sus territorios de confianza.
Enfrente, el BNG, primera fuerza de la oposición, ha convertido la contaminación de As Conchas en un asunto de desgaste recurrente, mientras el PSdeG reclama más control sobre las macrogranjas. Ninguna de las tres formaciones puede permitirse aparecer como la que dio la espalda a 21.000 vecinos con el agua en mal estado.
Ahí aparece la dimensión nacional. Galicia es una de las comunidades con mayor densidad ganadera de España y una de las que más tensiones acumula con Bruselas por el cumplimiento de la directiva de nitratos. El PP nacional ha situado el mundo rural en el centro de su discurso europeo, y el modelo gallego de gestión agraria funciona como referencia cuando en Madrid se discute cómo compatibilizar producción intensiva y exigencia ambiental. La paradoja del caso del Limia es que la Xunta niega que exista un informe concluyente sobre el origen de la contaminación y, al mismo tiempo, incorpora medidas amparándose en datos provisionales que apuntan a ese mismo origen.
La proyección es concreta. El plazo de alegaciones termina el 13 de octubre y, a partir de ahí, el decreto deberá seguir su tramitación hasta la publicación en el Diario Oficial de Galicia (el DOG). La incógnita es doble: si la moratoria sobrevive intacta al trámite y si el Ministerio para la Transición Ecológica cierra antes de esa fecha el informe de presiones que la Xunta dice estar esperando. Mientras tanto, la carga de nitrógeno acumulada en el embalse no distingue entre un decreto aprobado y uno en consulta.
Ficha del Caso
- El caso: La Consellería do Medio Rural incorpora al borrador de su decreto de nitratos una moratoria de dos años a nuevas granjas y ampliaciones en la cuenca del río Limia, en Ourense, para ejecutar la sentencia que condenó a la Xunta y al Estado por la contaminación del embalse de As Conchas.
- Datos importantes: Prohibición de nuevas explotaciones de porcino, bovino y aves; vigencia máxima de dos años; alegaciones abiertas hasta el 13 de octubre; excepciones para autoconsumo, para autorizaciones previas al 21 de septiembre de 2026 y para jóvenes agricultores; carga ganadera equivalente a entre 1,5 y 2 millones de personas frente a 21.000 habitantes.
- Resumen: Galicia pone un freno parcial a la ganadería intensiva en el Limia tras una condena judicial, pero mantiene que los datos sobre el origen agrario no son definitivos. El modelo gallego de gestión agraria vuelve a operar como referencia nacional en el debate sobre el mundo rural.
