El auto del juez abre la puerta al juicio oral
El titular del Juzgado de Instrucción de Alcalá de Henares ha dictado auto de procedimiento abreviado contra Judith Piquet, alcaldesa del municipio por el Partido Popular, por un presunto delito de revelación de secretos. La decisión judicial, fechada el 6 de agosto de 2026, propone juzgar a la regidora después de que, según el instructor, filtrara dos denuncias de agresión sexual que en enero de 2024 se vincularon a inmigrantes alojados en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) del acuartelamiento Primo de Rivera.
El auto no es aún una sentencia, pero transforma las diligencias previas en un procedimiento abreviado, paso imprescindible para sentar a Piquet en el banquillo. La causa, en la que el PSOE ejerce la acusación popular, explora si la difusión de aquellos informes policiales —uno de ellos publicado por el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, en la red social X— supuso una quiebra de la confidencialidad que la ley reserva a las víctimas de delitos sexuales.
Hemos repasado la cronología del caso. El 17 de enero de 2024, un día después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, celebrara un Consejo de Gobierno en Alcalá para arropar a la alcaldesa tras varios altercados violentos en el centro de acogida, Piquet aseguró en declaraciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido y que las víctimas señalaban a «un varón negro y joven». Horas después, la fotografía del informe policial llegó al móvil de Serrano.
La batalla política: dimisión o respaldo sin matices
El PSOE ha vuelto a reclamar la dimisión inmediata de Judith Piquet. Los socialistas llevan dos años y medio señalando que la alcaldesa instrumentalizó el sufrimiento de dos mujeres para alimentar un discurso que vinculaba inmigración y delincuencia, y que su permanencia en el cargo es insostenible con una petición de juicio oral sobre la mesa. «No se puede gestionar un ayuntamiento con la sombra penal de la revelación de secretos», repiten fuentes del grupo municipal.
Del otro lado, el PP ha cerrado filas sin fisuras. Isabel Díaz Ayuso ya defendió a la alcaldesa en enero de 2024, y fuentes de Sol han confirmado que mantienen su «plena confianza». La estrategia del partido pasa por presentar el proceso judicial como un episodio politizado, mientras los servicios jurídicos municipales se preparan para recurrir el auto ante la Audiencia Provincial.
De hecho, el juez subraya en su resolución que los hechos denunciados «integrarían posiblemente la comisión de tal delito», si bien añade la prudente coletilla «sin perjuicio del desarrollo de las diligencias a practicar durante la fase de instrucción». Una forma de decir que hay indicios sólidos, pero que la investigación aún puede deparar giros.
El auto dibuja a una alcaldesa que habría convertido dos denuncias confidenciales en munición política, y el debate ahora es si ese gesto tiene consecuencias penales.
Qué implica el procesamiento y qué riesgos corre la alcaldesa
El delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, recogido en el artículo 417 del Código Penal, está castigado con penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años. En la práctica, una condena —aunque no implicara prisión— inhabilitaría a Piquet para ejercer cualquier responsabilidad municipal y la apartaría de la alcaldía.
Sin embargo, la experiencia en la Comunidad de Madrid muestra que este tipo de procesos contra cargos electos son excepcionales y rara vez llegan a juicio con rapidez. El caso más próximo, el de un concejal de un municipio del sur acusado de filtrar datos de opositores en 2021, terminó archivado dos años después porque el tribunal no apreció dolo. Pero aquí, la fotografía del informe y su publicación inmediata en redes por un cargo orgánico del PP aportan una secuencia temporal que los magistrados podrían interpretar como una cadena de transmisión voluntaria.
En Alcalá, mientras tanto, la corporación mira al calendario. La próxima sesión plenaria será la primera con la alcaldesa señalada por un auto de procedimiento abreviado. La oposición prepara una moción de reprobación que, aunque no es vinculante, medirá la temperatura de un gobierno que ya no puede despegarse de los tribunales.
Analizamos esta decisión judicial como un punto de inflexión que excede el caso particular. Porque lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de una alcaldesa, sino el mensaje que emiten las instituciones sobre el uso de denuncias de agresión sexual en el debate público.
