Como parte de las actuaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el marco de las Diligencias Previas 928/2024, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga un complejo entramado de transacciones comerciales y societarias. Las pesquisas policiales buscan esclarecer presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales mediante el rastreo exhaustivo de los fondos obtenidos en operaciones bajo sospecha.
Los agentes intentan determinar de forma indiciaria si el producto de estas actividades económicas supuestamente ilícitas fue disimulado o transformado para ocultar su origen real dentro del tráfico mercantil. El foco principal del análisis económico de la Policía Judicial se centra en los movimientos que rodean a dos empresas vinculadas a un mismo administrador único, Alberto González Amador, y en las sorprendentes variaciones de valor de sus activos en apenas unos meses de diferencia.
La pieza central de la investigación policial gira en torno a la adquisición formal de la sociedad limitada Círculobelleza. Esta mercantil fue constituida originalmente en noviembre del año 2008 por su entonces administradora única, María Gloria Carrasco Fernández, fijando su domicilio social inicial en la localidad leonesa de Pola de Gordón. En el momento de su fundación, la empresa poseía un objeto social enfocado de forma genérica en la compraventa, distribución, importación y exportación de productos de droguería, cosmética, perfumería, así como plantas medicinales y aparatos médicos.
El reparto de las participaciones de la firma en su constitución situaba a María Gloria Carrasco con una clara mayoría del sesenta por ciento, mientras que el cuarenta por ciento restante se dividía a partes iguales entre su hermano Antonio Carrasco Fernández y su pareja sentimental, Fernando Javier Camino Maculet.
Durante sus primeros doce años de existencia, la actividad de la firma fue modesta e intermitente, registrando incluso varios ejercicios completos sin personal laboral a su cargo. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria constató que entre los años 2014 y 2015 la empresa carecía por completo de trabajadores, mientras que en los años 2016 y 2017 solo constaba un empleado por cuenta ajena que percibió cantidades simbólicas inferiores a los doscientos diez euros anuales.
Tras otros dos ejercicios consecutivos sin asalariados en 2018 y 2019, la estructura material declarada por la propia empresa consistía únicamente en unos equipos de depilación láser y tratamientos estéticos adquiridos entre los años 2008 y 2013, junto con un ordenador portátil de la marca Sony Vaio del año 2009 que se encontraba totalmente amortizado desde hacía años.
Las sospechas por los cambios de valor de las acciones
El interés de los investigadores de la Unidad Central Operativa se agudiza al examinar la secuencia cronológica de movimientos accionariales previos y posteriores a la venta final del activo. En septiembre de 2020, tres meses antes de la gran operación económica, María Gloria Carrasco compró a su hermano y a su pareja el cuarenta por ciento restante de Círculobelleza por un precio total de ocho mil euros, pagando exactamente cuatro mil euros a cada uno de los socios salientes. Esta transacción previa arrojaba un valor de sesenta euros con sesenta céntimos por cada participación social de la empresa.
Sin embargo, el escenario financiero cambió radicalmente el 4 de diciembre de 2020. En esa fecha, la mercantil Maxwell Cremona, controlada por Alberto González Amador, adquirió el cien por cien de Círculobelleza por un importe alzado de 499.836,92 euros. Esta masiva inyección de fondos supuso valorar cada participación individual en 1.514,65 euros, multiplicando de forma exponencial el valor de la firma sin que constara una justificación económica aparente.
La Guardia Civil resalta en sus informes de análisis que en los protocolos notariales que dieron fe de la compraventa no se localizó ninguna referencia a valoraciones financieras previas ni explicación alguna sobre el método matemático utilizado para fijar un precio cercano al medio millón de euros por una entidad cuya facturación ordinaria en esos años oscilaba de forma discreta entre los veintinueve mil y los cincuenta y ocho mil euros anuales. La sospecha policial aumenta al comprobar que un año después, en diciembre de 2021, Alberto González Amador compró a su propia matriz el cien por cien de las participaciones por solo tres mil trescientos euros, fijando un valor residual de diez euros por acción.
El papel clave de Maxwell Cremona
La sociedad adquirente en el centro de la trama es Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. Esta mercantil fue constituida a mediados del año 2016 con un capital social mínimo de tres mil seis euros por Alberto González Amador como socio único y administrador de la entidad. Su objeto social inicial estaba orientado a los servicios de eficiencia energética, auditorías ambientales y consultoría organizativa para la sostenibilidad de recursos. Las declaraciones contables revelan que la firma comenzó su andadura sin registrar cifra de negocio alguna en su primer año de actividad, declarando unos exiguos ocho mil cuarenta y cinco euros en el ejercicio 2017 y rozando los doscientos ochenta y siete mil euros en el año 2018.
El verdadero salto cuantitativo en las finanzas de Maxwell Cremona ocurrió de forma abrupta en el año 2020. En ese ejercicio económico, el importe neto de la cifra de negocio declarada por la sociedad experimentó un crecimiento sin precedentes hasta alcanzar los 2.330.111,85 euros. El análisis de la facturación efectuado por la Inspección de los servicios tributarios determinó que la principal fuente de ingresos de la empresa provino de una sola operación con la mercantil FCS Select Product. Maxwell Cremona emitió facturas a esta firma por un importe neto de 1.973.000 euros en concepto de comisiones por intermediación comercial.
Según las explicaciones aportadas por la propia defensa del investigado, dicha intermediación facilitó la venta multimillonaria de material sanitario de protección por valor de más de cuarenta y cinco millones de euros entre la empresa FCS Select Product y la compradora Mape Asesores, devengando una comisión directa a su favor del cuatro y medio por ciento. Los investigadores consideran lógico deducir de forma preliminar que el pago del medio millón de euros efectuado ese mismo mes de diciembre para comprar Círculobelleza provino directamente de los millonarios fondos obtenidos por esta controvertida intermediación en el mercado de las mascarillas y los test sanitarios.
La transformación societaria hacia Masterman
Apenas once días después de formalizarse la millonaria adquisición, los nuevos propietarios procedieron a reestructurar por completo la identidad de la entidad comprada. El 15 de diciembre de 2020, Círculobelleza modificó formalmente su denominación en el Registro Mercantil para pasar a llamarse Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Pocos meses más tarde, en julio de 2021, tanto la matriz Maxwell Cremona como su nueva filial Masterman trasladaron en bloque sus sedes sociales a un céntrico edificio de oficinas ubicado en la Avenida de Brasil de la capital madrileña.
Bajo esta nueva marca, la empresa experimentó una explosión en su volumen de ingresos, pasando de facturar cincuenta y ocho mil euros en 2020 a declarar un importe neto de cifra de negocio de 327.320 euros en el ejercicio de 2021. La Guardia Civil logró constatar que esta súbita facturación se correspondía de manera íntegra con un único recibo comercial emitido por Masterman a favor de la empresa Quirón Prevención por un importe bruto con impuestos de 396.057,20 euros.
Sin embargo, las alertas de la Agencia Tributaria saltaron al comprobar que, según los modelos fiscales oficiales presentados, Masterman carecía de cualquier tipo de personal laboral para ejecutar tales funciones de asesoramiento de alta dirección o consultoría técnica de gestión empresarial, figurando únicamente el propio Alberto González Amador como profesional autónomo externo de la mercantil. La inspección concluyó con rotundidad que la sociedad instrumental no disponía en absoluto de la infraestructura operativa ni de los recursos humanos indispensables para prestar de forma real los complejos servicios facturados a la mutua de salud.
Las conexiones de Fernando Camino Maculet
En el epicentro de todas las transacciones bajo escrutinio judicial aparece de forma recurrente y sistemática un nombre propio de especial relevancia para la Guardia Civil: Fernando Javier Camino Maculet. Este directivo no solo era la pareja sentimental de la propietaria original de la farmacia leonesa que recibió el desembolso de medio millón de euros, sino que ostenta cargos de máxima responsabilidad ejecutiva en las principales corporaciones privadas que nutrieron de fondos públicos y privados al entramado societario analizado.
Fernando Camino Maculet figura de forma simultánea como un alto cargo clave en las dos grandes empresas clientes del entramado. Los informes policiales certifican que desempeñó las funciones de consejero de la mercantil Mape Asesores entre los años 2019 y 2025, precisamente la corporación que adquirió los cuarenta y cinco millones de euros en material de protección sanitaria que generaron las millonarias comisiones comerciales abonadas a Maxwell Cremona.
Al mismo tiempo, ejerce como presidente de la compañía Quirón Prevención, entidad mercantil privada que en el año 2021 transfirió fondos masivos tanto a Masterman como a Maxwell Cremona a través de contratos de consultoría estratégica y servicios empresariales que se encuentran actualmente bajo una severa sospecha de simulación documental e incomparecencia real de prestaciones operativas. Las autoridades judiciales centran ahora su trabajo en desentrañar estos cruces de intereses corporativos cruzados.
