EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Trabajo ha publicado el borrador del real decreto que transpone la directiva europea de transparencia salarial, para evitar una multa de Bruselas por el retraso.
- ¿Quién está detrás? El departamento de Yolanda Díaz acelera la negociación con sindicatos y patronal mientras la Comisión Europea podría activar un procedimiento de infracción.
- ¿Qué impacto tiene? Las empresas con más de 50 empleados deberán publicar la brecha salarial de género, y los trabajadores podrán conocer los criterios de sueldo y progresión.
El Ministerio de Trabajo ha activado la maquinaria para esquivar una sanción europea por la tardía transposición de la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva. El borrador del real decreto, publicado en audiencia pública el pasado 3 de agosto, busca adaptar parcialmente la normativa española a un texto comunitario cuyo plazo límite venció el 7 de junio. España es uno de los Estados miembros que aún no ha incorporado la directiva, una situación que Bruselas observa con atención.
La urgencia del departamento de Yolanda Díaz es comprensible: la Comisión Europea podría abrir un procedimiento de infracción que, en última instancia, derive en una multa diaria por cada día de incumplimiento. Fuentes del Ministerio subrayan que “solo tres o cuatro Estados la han transpuesto hasta la fecha”, y confían en que la tradicional influencia española en las políticas de igualdad sirva para amortiguar la presión. Pero la relojería institucional comunitaria no espera.
El decreto que pretende evitar la sanción
El proyecto reforma el decreto de igualdad retributiva de 2020—que ya obligaba a todas las empresas a disponer de un registro salarial por sexos—con nuevas obligaciones exigidas por Bruselas. Todas las empresas deberán informar a sus empleados sobre los criterios que determinan los sueldos y los niveles retributivos de cada categoría profesional. Además, a partir de 50 trabajadores, tendrán que detallar los criterios de progresión salarial y explicar cómo un empleado puede pasar a percibir una retribución superior.
El texto introduce un “derecho a la información de las personas trabajadoras” que permitirá solicitar por escrito datos individuales sobre la retribución y los salarios medios desglosados por sexo en puestos equivalentes. Las empresas dispondrán de dos meses para responder. Otro pilar es la publicación de la brecha salarial de género: las compañías con medio centenar de empleados o más remitirán a la futura Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva datos sobre la brecha media y mediana, por categorías, complementos y distribución por sexos. Ese organismo hará públicos los resultados de forma comparable entre sectores durante al menos cuatro años.
Sindicatos y patronal, aún sin acuerdo
El decreto sigue en fase de diálogo social y las centrales mayoritarias, CCOO y UGT, han dejado claro que el borrador actual no les convence. “Tiene que tener cambios, pero antes tienen que salir adelante el registro horario y la compensación y absorción de complementos del salario mínimo”, advierte Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT. Las organizaciones sindicales vinculan esta negociación a otras mesas abiertas, como la reforma del despido o la transposición de la directiva de plataformas.
En CCOO señalan varias carencias del texto. Entre ellas, que la obligación de informar sobre la progresión salarial y de publicar la brecha se limite a empresas a partir de 50 trabajadores, excluyendo a las más pequeñas. Además, piden que el concepto de “trabajo de igual valor” se base en el salario anual y no solo en el salario por hora, para visibilizar discriminaciones ligadas al tiempo parcial o a complementos de disponibilidad. “El Gobierno debe cumplir los acuerdos alcanzados si quiere que CCOO siga avanzando en los procesos de diálogo social”, recuerda Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas.
El Eje del Poder Europeo
La inminencia de una posible multa de Bruselas traslada a Madrid una dinámica que ya sufrieron otros Estados miembros con directivas sociales atrasadas. La Directiva 2023/970, que refuerza la igualdad retributiva y hunde sus raíces en el pilar europeo de derechos sociales, tenía como fecha tope el 7 de junio de 2026. Apenas tres o cuatro países la han transpuesto; el resto, incluidos pesos pesados como Alemania y Francia, arrastran demoras similares. Sin embargo, la Comisión Europea no concede prórrogas automáticas y ya ha abierto procedimientos de infracción por retrasos en materia laboral, con multas diarias que pueden ir de miles a decenas de miles de euros.
Para España, la presión añadida es doble. Por un lado, el Gobierno aspira a mantener el estatus de referente en igualdad, y un expediente sancionador empañaría esa imagen. Por otro, la dinámica de la regla fiscal reformada hace que cualquier penalización financiera afecte a las cuentas públicas en un momento de ajuste. El retraso en la transposición de la directiva de registros horarios—otra patata caliente—ilustra el coste político de no ajustarse a los plazos europeos. Moncloa sabe que cada día de demora es una apuesta contra una multa que dañaría tanto las arcas como el relato de avanzadilla social.
La transparencia salarial no es solo una directiva: es el termómetro de la igualdad laboral que Bruselas ha decidido imponer sin más dilaciones.
Mientras los sindicatos afilan sus reivindicaciones y la patronal guarda silencio, el Ministerio de Trabajo intenta quemar etapas con la vía rápida del real decreto, evitando el trámite parlamentario que exigirían las modificaciones sancionadoras. La clave estará en si el diálogo social alcanza un texto de consenso antes de que la Comisión desconecte la paciencia y active definitivamente el contador de sanciones.
