EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo Fiscal Europeo publica este lunes su informe anual y duda de que la cláusula de salvaguarda nacional que España activó en abril para el gasto en Defensa esté justificada.
- ¿Quién está detrás? El órgano independiente que asesora a la Comisión Europea, con el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo defendiendo el cuadro fiscal español y Bruselas como árbitro final.
- ¿Qué impacto tiene? Si el Ejecutivo comunitario se alinea con el informe, España se expone a un procedimiento de déficit excesivo con senda de ajuste y reformas en plena negociación presupuestaria.
El Consejo Fiscal Europeo duda de que la cláusula de salvaguarda activada por España para blindar el gasto en Defensa esté justificada. El informe anual que el organismo independiente ha hecho público este lunes concluye que la desviación fiscal de 2025 y 2026 procede, sobre todo, de partidas ajenas al gasto militar.
Conviene aclarar de qué hablamos. La cláusula nacional de salvaguarda es el mecanismo que permite a un Estado miembro excluir temporalmente del cómputo del déficit determinadas partidas de gasto, en este caso las vinculadas a Defensa. España la solicitó el 13 de abril de 2026, dos semanas antes de remitir su informe anual de progreso, y con ella evitó que la Comisión Europea abriera un procedimiento de déficit excesivo, el expediente que obliga a un país a aplicar una senda de ajuste y reformas para reconducir sus cuentas.
El Consejo Fiscal Europeo no lo ve claro. Es el órgano independiente que asesora al Ejecutivo comunitario en disciplina presupuestaria, y en su informe anual apunta que el gasto en Defensa de España ha sido ‘muy limitado’. La conclusión es incómoda: la flexibilidad concedida no responde a un esfuerzo militar apreciable.
El 0,4% de desviación y el detalle que desmonta el argumento de Defensa
Los números del informe son precisos. La desviación del crecimiento del gasto neto español respecto al límite recomendado fue del 0,4% del PIB en 2025 y se proyecta en el 0,6% para 2026, por encima del umbral de tolerancia anual del 0,3%. Con la cláusula aplicada, el saldo resultante se queda en el -0,1% en 2025 y el 0,4% en 2026.
¿Y el gasto militar? El aumento proyectado del gasto nacional en Defensa entre 2024 y 2025 fue de solo un 0,1% del PIB, después de haber caído un 0,2% en 2023. De ahí la duda del organismo: la holgura no se explica por Defensa, sino por otras partidas.
Hay diferencia entre invocar la seguridad europea y financiarla: el informe constata que España pidió el escudo sin haber pagado antes la factura militar.
El informe añade un dato incómodo para el Gobierno. España es la única gran economía del euro en la que un crecimiento del PIB nominal mejor de lo previsto coincidió con un aumento del gasto neto superior al recomendado en 2025 y 2026. Traducido: política fiscal procíclica, se gasta más cuando la economía ya va bien en lugar de reservar margen para cuando vaya mal.
Esa lógica choca con una decisión previa de Moncloa. España se acogió al periodo de ajuste fiscal de siete años en lugar del estándar de cuatro, y el plazo ampliado no sale gratis: está condicionado a reformas, entre ellas reforzar los estabilizadores automáticos. Es decir, mantener los planes de gasto pactados cuando el crecimiento se desvía de lo previsto. Justo lo que el informe pone en cuestión.
El pulso con Cuerpo y el calendario que mira a Bruselas
En el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo defienden otra lectura. Cuando se activó la cláusula, el departamento emitió un comunicado en el que sostenía que ‘para 2026, España prevé volver a cumplir con la regla de gasto’, con un crecimiento del gasto computable del 4,2% anual y del 13,3% en el acumulado 2024-2026, cifras que el Ejecutivo sitúa por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB que marcan las reglas fiscales europeas.
Bruselas, de momento, no ha movido ficha. En su evaluación de 2025, la Comisión otorgó a España la clasificación formal de ‘cumplimiento’. El propio informe recuerda que el Ejecutivo comunitario ya evitó en la primavera de 2024 abrir el procedimiento tras desactivarse la cláusula general de salvaguardia de la pandemia, amparándose en lo que describe como ‘una nueva forma de discrecionalidad’ y en el argumento de que el expediente no habría ‘servido para ningún propósito útil’.
El asunto no es menor. El procedimiento de déficit excesivo impone una senda correctiva de gasto con reformas y recortes supervisados desde Bruselas. España estuvo bajo esa vigilancia entre 2009 y 2019 y el precedente pesa en cada negociación presupuestaria. El informe coloca al país en el grupo de deuda muy elevada, por encima del 90% del PIB, que integra España, Bélgica, Grecia, Francia, Italia y Portugal. El Gobierno sitúa la deuda en el 100,7% del PIB en 2025 y prevé bajarla al 99,6% este año, con un déficit del 2,4% en 2025 que espera reducir al 2,1% en 2026, una cifra contrastable con los datos de Eurostat.
En paralelo, la AIReF ha advertido de que aprobar nuevas medidas ligadas a la inflación pondría en riesgo los compromisos fiscales adquiridos con Bruselas. Dos frentes abiertos y un mismo margen de maniobra.
El Eje del Poder Europeo
La lectura estratégica es otra. No estamos ante una disputa contable, sino ante un pulso sobre quién paga la nueva seguridad europea. Alemania y los frugales del norte llevan dos años reclamando que el rearme se financie con margen fiscal excepcional, pero solo para quien realmente gasta. Francia, también en el grupo de deuda muy elevada, es la gran interesada en que el criterio se aplique con manga ancha. Italia, Bélgica y Portugal miran de reojo. Y España, que pidió el trato flexible sin haber elevado de forma apreciable su gasto militar, se convierte en el caso que el ala dura utiliza para sostener que la excepción se ha desbordado. Nada de esto es casual.
El impacto en casa no es abstracto. Si la Comisión alinea su próxima evaluación con el informe, Moncloa tendría que negociar una senda de ajuste con Bruselas en plena tramitación de los Presupuestos, con menos margen para las partidas que sostienen a sus socios y con el PP y Vox usando el informe como arma arrojadiza. La política fiscal deja de ser un debate técnico y se convierte en un problema de aritmética parlamentaria.
A cinco años vista, lo que está en juego es el diseño mismo de las reglas fiscales. El marco vigente, disponible en la base de datos legislativa de la UE, permite activar cláusulas nacionales por circunstancias excepcionales, pero no fija con precisión qué esfuerzo en Defensa las legitima. Ese vacío es el que señala el Consejo Fiscal Europeo y el que, si no se cierra, se repetirá con cada Estado miembro que invoque la seguridad común para justificar cualquier desvío. Sin un criterio objetivo, la excepción acaba siendo discrecionalidad. Y la discrecionalidad, en política fiscal, siempre la termina pagando el socio más débil del club.
Queda un detalle que conviene no perder de vista. El informe recuerda que España escapó del procedimiento en 2024 por discrecionalidad política, no por cumplimiento estricto. Repetir esa fórmula dos años seguidos tiene un coste reputacional, para Bruselas y para Moncloa. La próxima ventana crítica será el paquete de otoño de la Comisión, previsto para noviembre, cuando el Ejecutivo comunitario evalúe los planes fiscales de los Veintisiete. Ahí sabremos si la cláusula de salvaguarda se sostiene o si España entra en la senda correctiva que esquivó en abril.
