EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los rectores de la ULL y la ULPGC han rechazado este jueves el plan de financiación plurianual presentado por el Gobierno de Canarias.
- ¿Quién está detrás? Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL), con el respaldo de los equipos de gerencia, han comunicado su oposición a la consejera Migdalia Machín.
- ¿Qué impacto tiene? Las universidades cifran en hasta 15 millones de euros el déficit para 2027, lo que pone en riesgo el mantenimiento de los servicios y el cumplimiento de la normativa estatal.
La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no aceptan la propuesta de financiación que les ha hecho el Gobierno de Canarias. Tras un año de espera, el documento remitido el 28 de julio por la Consejería de Universidades ha sido calificado de insuficiente para garantizar el sostenimiento de ambas instituciones.
Los rectores Lluís Serra y Francisco García han difundido un comunicado conjunto en el que detallan un desfase estructural que arrastran desde 2022. Las cuentas no cuadran y la propuesta del Ejecutivo autonómico, lejos de cerrar la brecha, la perpetúa.
Un desfase de hasta 15 millones en el horizonte de 2027
Según los cálculos de las dos universidades públicas, los gastos estructurales (personal, suministros, mantenimiento y reparación de infraestructuras) han sufrido una pérdida acumulada de 25 millones de euros entre 2022 y 2026. Para 2027, la cifra necesaria para cubrir esos gastos asciende a 290,4 millones de euros, pero la propuesta de la Consejería solo contempla 286,9 millones. El agujero inicial es de 3,5 millones.
El golpe definitivo lo da la normativa estatal. La subida retributiva exigida por ley sumaría otros 11 millones de euros al déficit, elevando el desfase total a 15 millones de euros solo para el próximo año. Los rectores subrayan que este impacto ya fue comunicado a la consejería en febrero de 2026.
“Resulta incomprensible que se configure un instrumento financiero que no incorpore, al menos, estos costes que vienen determinados por la normativa estatal”, han señalado. La financiación total que ambas universidades consideran imprescindible para 2027 se sitúa en 307.780.422 euros.
Los rectores piden diálogo pero sin renunciar a lo fundamental
El rechazo no cierra la puerta a la negociación. Lluís Serra y Francisco García han expresado su “plena disposición al diálogo y análisis pormenorizado” de cada aspecto de la propuesta. Pero dejan claro que el plan actual no sirve. Entre las objeciones, critican la introducción de penalizaciones de hasta el 3,5% de la financiación básica y una batería de límites, auditorías e informes que consideran redundantes.
La dependencia financiera de las universidades canarias del Gobierno autonómico se ha convertido en un nudo que ni la captación de fondos europeos consigue desatar.
Los rectores también responden a la sugerencia de la consejera Migdalia Machín de que las universidades reduzcan su dependencia de la comunidad autónoma. “La principal alternativa para reducir esta dependencia es la elevación de los precios públicos de las enseñanzas, una competencia del Gobierno de Canarias”, recuerdan. Mientras, los fondos competitivos estatales y europeos siguen sin poder destinarse a gastos estructurales.
De hecho, ambas universidades presumen de una “notable capacidad” para captar recursos en convocatorias científicas competitivas, pero ese dinero debe invertirse íntegramente en los proyectos de investigación que lo generaron. La asfixia financiera, por tanto, no encuentra alivio en la excelencia investigadora.
Los rectores han mostrado además su “sorpresa” por el exceso de controles que impone el plan, cuando, recuerdan, “año tras año cumplimos con el mandato de equilibrio presupuestario que nos impone la ley autonómica”.
El Pulso Territorial
La tensión entre las universidades canarias y el Gobierno de Canarias no es nueva. Fernando Clavijo ( Coalición Canaria ) preside un ejecutivo en minoría que ha encontrado en la política universitaria un nuevo flanco de desgaste. La consejera Migdalia Machín defiende un modelo que busca condicionar la financiación a resultados, pero los rectores advierten de que el castigo económico llega antes de que se haya garantizado la base presupuestaria.
Esta situación contrasta con la de otras comunidades autónomas donde los planes plurianuales han incorporado las subidas salariales estatales sin un pulso político tan prolongado. Canarias arrastra un déficit estructural en la financiación de sus universidades que ningún gobierno autonómico ha resuelto desde hace más de una década. La próxima legislatura, con elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027, puede convertir este conflicto en un arma dialéctica tanto para la oposición como para los propios centros académicos, que ya han demostrado su capacidad de movilización.
Las universidades canarias necesitan 307 millones de euros para 2027; la propuesta del gobierno se queda en 286,9 millones. La diferencia son quince millones que, por ahora, nadie sabe de dónde van a salir.
Ficha Autonómica
- El caso: La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han rechazado el plan de financiación plurianual 2026-2030 del Gobierno de Canarias por considerarlo insuficiente.
- Datos importantes: Déficit de 3,5 millones de euros en 2027, que asciende a 15 millones al sumar los incrementos retributivos estatales. La financiación necesaria para gastos estructurales se estima en 307.780.422 euros.
- Resumen: Las universidades piden una revisión del modelo para cubrir gastos estructurales y muestran disposición al diálogo, pero advierten de que el plan actual no garantiza su sostenimiento.
