sábado, 11 mayo 2024

El BOCM publica la orden que levanta las restricciones contra el Covid-19 en Madrid

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El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este sábado la orden que levanta las restricciones establecidas para el control de la pandemia de la Covid-19 y que con carácter general supone el fin de los aforos máximos en la actividad social y económica y el restablecimiento de los horarios.

La orden de la Consejería de Sanidad entrará en vigor a las 0.00 horas del próximo lunes, día 4, y en la misma se mantienen, con carácter general, el uso obligatorio de mascarilla para mayores de 6 años y el resto de medidas sanitarias de prevención respecto el cumplimiento de la distancia de seguridad, higiene de manos y ventilación de espacios.

Las medidas contempladas en la misma suponen, con carácter general, el fin de las limitaciones de aforos en toda la actividad económica y social de la región, así como en los lugares de culto, celebraciones religiosas, instalaciones funerarias, establecimientos comerciales, bibliotecas, museos, cines, teatros, equipamientos culturales, espectáculos recreativos y culturales, instalaciones deportivas.

Los horarios en los establecimientos dedicados al ocio nocturno serán los previos a la pandemia, con el cierre obligatorio de terrazas entre la medianoche y las 8.00 horas para determinados espectáculos y actividades recreativas como salas de fiestas, bares de copas o salas de baile.

En el ámbito de la hostelería y restauración también se elimina el límite del número de comensales por mesa en el interior y exterior, mientras que en el ocio nocturno se permitirá la instalación de mesas altas para el consumo de pie por los clientes, de modo que solo se permitirá el baile en exteriores y en las pistas podrán instalarse mesas o mesas altas.

Para las actividades comerciales, tanto el pequeños comercios como en grandes superficies, en líneas generales regirán las normas comunes de prevención sanitaria. En el caso de los mercadillos al aire libre, se plantea la ampliación de la superficie destinada a los mismos para garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal.

La supresión del límite de aforo también se extiende a espectáculos culturales y recreativos, festejos taurinos y eventos deportivos, tanto si se desarrollan al aire libre como en interior, y se mantiene la prohibición o limitación el consumo de alimentos y bebidas en eventos como corridas de toros.

En la actividad escolar se recomienda una distancia de seguridad de 1,2 metros entre los alumnos y el uso de mascarilla, así como el debido control para evitar aglomeraciones. Cuando no se pueda garantizar esta distancia, se adoptará una organización del espacio que permita la mayor distancia interpersonal entre los alumnos, así como reforzando cuantas otras medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria pueda adoptar el centro, con preferencia por el incremento de la frecuencia de ventilación y la instalación de mamparas.

Entre otras medidas, además, el consumo de tabaco u otros dispositivos similares en la vía pública estará prohibido cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros.

Detenidos tres jóvenes en Bilbao por lanzar objetos contra la policía y cruzar contenedores

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Agentes de la Ertzaintza han detenido en la madrugada este sábado en Bilbao a tres jóvenes de 18, 20 y 21 años de edad, por un delito de desórdenes públicos, tras su presunta participación en unos incidentes en los que se ha registrado lanzamiento de objetos contra los recursos policiales y cruce de contenedores.

Otras dos mujeres han sido arrestadas en Barakaldo por desobediencia a agente de la autoridad, además una de ellas por un delito de atentado, tras ser localizadas en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Hacia las tres y media de la madrugada, efectivos policiales que participaban en un dispositivo de la Ertzaintza y la Policía Local, para el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la pandemia del Covid y para evitar la realización de botellones, han intervenido en la zona de Licenciado Poza de Bilbao debido a la aglomeración de personas.

Ante la presencia policial, se han ido dispersando hacia la plaza Indautxu y la calle Autonomía. Algunas de ellas, en el desplazamiento, han arrojado botellas y otros objetos contra las patrullas y cruzado contenedores. En el transcurso de estos incidentes, tres jóvenes han sido arrestados por desórdenes públicos por su presunta participación en los mismos.

Por otro lado, poco antes de las cinco de la madrugada una patrulla de la Ertzaintza, que realizaba funciones de protección ciudadana por la zona de Fueros en Barakaldo, se ha percatado de la presencia de un grupo de cinco personas bebiendo en la calle. En ese momento, han arrojado lo que estaban consumiendo bajo un vehículo.

Tres mujeres se han negado de manera reiterada a identificarse, llegando una de ellas en un momento dado a golpear a un ertzaina, por lo que ha sido detenida por un delito de atentado. Otra ha sido arrestada por un delito de desobediencia y a la tercera se le han abierto diligencias como investigada, también por desobediencia a agente.

PNV espera ver «frutos» del traspaso de Prisiones el próximo año

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El PNV ha insistido en que el «importante» traspaso de la gestión de las prisiones vascas a Euskadi supone «una oportunidad» para cambiar el modelo y ha confiado en que puedan empezar a verse «los frutos» a partir del próximo año, mientras que EH Bildu ha esperado que la transferencia sea una oportunidad para «poner fin a las políticas de excepción y avanzar hacia una política de aplicación de la legislación ordinaria».

En un debate entre parlamentarios en Radio Euskadi, el parlamentario del PNV y presidente de la formación en Álava, José Antonio Suso, ha destacado que la transferencia de prisiones, que este pasado viernes se hizo efectiva, es «importante», ya que «marca un hito» dentro del Estatuto y supone «una oportunidad» de cambiar el modelo en clave de «humanizar» el sistema penitenciario.

Tras recordar que las bases de ese nuevo modelo están «puestas», ya que fueron definidas en el Parlamento vasco en 2019 y se trata de trasladar «modelos restaurativos», ha reconocido que no se podrá llevar a cabo «de hoy para mañana» y el trabajo puede ser «duro», si bien ha destacado que se va a empezar a dotar de partidas presupuestarias para los objetivos marcados.

Por ello, el representante jeltzale ha esperado que a partir del próximo año se puedan empezar a «ver los frutos» de esa nueva política penitenciaria.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha abogado por convertir la transferencia en «una oportunidad» para otro modelo, que «deje atrás las prácticas que hemos conocido hasta ahora» y con el que se «ofrezca un trato digno, se respeten los derechos de los presos y se les dé una oportunidad de inclusión». Por ello, ha señalado que, al contrario de lo manifestado por la consejera Beatriz Artolazabal, las personas presas «sí noten la diferencia en el día a día».

RELATO POLÍTICO

Kortajarena ha apuntado, además, que le preocupa que se han realizado «últimamente declaraciones bastante poco responsables ligadas a un relato político concreto sobre el pasado, en las que se llegan a imponer condiciones que no están recogidas en la legislación penitenciaria» a los reclusos. Por ello, ha realizado un llamamiento a «la responsabilidad» para «no embarrar» el debate «por intereses políticos».

A su parecer, la transferencia debe ser una oportunidad para «poner fin a las políticas de excepción y avanzar hacia una política de aplicación de la legislación ordinaria».

En representación del PSE-EE, su parlamentaria Gloria Sánchez ha resaltado que la transferencia de prisiones supone «un paso más muy importante» en el proceso de cumplimiento íntegro del Estatuto, ha valorado que se parte de «muy buenas condiciones» que van a tener una continuidad, aunque considera que «siempre hay un margen para esa mejora de gestión» y se ha mostrado convencida de que en ello «estará implicado» el Gobierno Vasco.

En este punto, ha destacado que el sistema penitenciario español está reconocido como «uno de los mejores en sus instalaciones, programas de tratamiento o el modelo de ejecución de penas y medidas alternativas».

«Hay que centrarse fundamentalmente en la recuperación de los internos, porque es muy importante facilitar también estas segundas oportunidades a las personas que se encuentran dentro de los centros penitenciarios cumpliendo condenas y que puedan insertarse e incorporarse al mercado de trabajo y a la sociedad, una vez que cumplan sus condenas», ha dicho.

Desde Elkarrekin Podemos-IU Isa González ha celebrado la transferencia, después de esperar «un montón de tiempo» para que se materializase. En todo caso, ha advertido de que no se trata de «tener cada vez más transferencias», sino de lo que se hace con ellas.

De este modo, ha incidido en que no es sólo «una cuestión simbólica» y, por ello, hay que «seguir hablando del modelo que queremos entre todas» para que el sistema tenga «el acento en la reinserción social» y una gestión «conforme a los derechos humanos, inteligente, democrática y que se hable mucho los centros de inserción social, de justicia restaurativa».

Asimismo, ha insistido en la importancia de que se «ponga el acento» en la situación que viven las mujeres presas, que «necesitan un acompañamiento mucho más específico».

«PONER CARTELES»

Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha alertado de que «algo falla» cuando prácticamente la mitad de los funcionarios de prisiones que tienen que ser transferidos han pedido el traslado a centros de fuera de Euskadi, por lo que ha criticado que el Gobierno Vasco se dedique a «poner los carteles», sin antes cerrar las condiciones de trabajo de estos funcionarios.

Asimismo, ha denunciado que se hable de un sistema penitenciario «como si fuese inhumano, cuando es un sistema perfectamente democrático y perfectamente controlado», al tiempo que criticado que se traslade la idea de que con la gestión en manos del Gobierno Vasco se va a pasar a un modelo de reeducación, resocialización o reinserción, cuando «es el modelo penitenciario español normal».

Tras alabar a los «grandes profesionales» del sistema penitenciario, ha recordado que los funcionarios ya han colaborado con el tercer sector y con asociaciones. «No hay nada que no existía ya», ha apuntado, para recordar su voto contrario a la ley de creación de Aukerak, porque no se dio oportunidad a la oposición de hacer aportaciones a dicho texto y porque crea una «macroagencia con 39 empleados, cuando ese trabajo lo hacían once funcionarios».

Continúa la bajada de los casos activos de covid en Galicia a 847

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Galicia continúa con el descenso de los casos activos de covid-19, que se sitúan en 847, mientras que los contagios detectados en un solo día siguen por debajo del medio centenar. Sin embargo, la presión hospitalaria ha subido ligeramente en las últimas horas hasta los 50 ingresados –dos más–.

Según los datos actualizados por la Consellería de Sanidade este sábado con registros hasta las 18,00 del viernes, los pacientes de coronavirus que requieren ingreso en planta han ascendido a 38, dos más, pero los que están en unidades de cuidados intensivos se mantienen en dos.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria ha crecido en tres de las siete. En la de A Coruña-Cee, han pasado a ser 20 los ingresados, 16 (+2) en planta y cuatro en UCI (-1); en la de Vigo, han subido hasta los cinco, cuatro en unidades convencionales (+1) y uno en críticos (sin cambios); y en la de Lugo-A Mariña-Ferrol, hasta los seis hospitalizados, cuatro en planta (+1) y dos en UCI (+1).

Mientras tanto, el total de hospitalizados ha bajado el área de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con cinco en total, cuatro en unidades convencionales (-1) más uno en cuidados intensivos (sin variación); y en la de Pontevedra-O Salnés, que pasa a tener cuatro, dos en planta (-1) y otros dos en UCI (sin cambios).

Además, se mantienen sin cambios el área de Ferrol, que sigue sin pacientes covid en sus hospitales, y la de Santiago-Barbanza, con 10 ingresados en total: ocho en planta y dos en críticos.

MENOS DE 900 CASOS ACTIVOS

En cuanto a los casos activos de la enfermedad, Galicia bajó del millar en los datos de este viernes, a niveles de agosto de 2020, y este sábado ya contabiliza menos de 900. En concreto, hay 847, que suponen 83 menos que el día anterior al producirse más altas que nuevos diagnósticos.

Las infecciones activas replican este descenso en todas las áreas sanitarias excepto en la de Ferrol, que sube ligeramente hasta las 24, solo una más.

Mientras tanto, los pacientes de covid continúan en descenso en el área de A Coruña, a 196 (-13); en la de Vigo, a 167 (-31); en la de Lugo, a 145 (-24); en la de Ourense, a 144 (-6); en la de Santiago, a 106 (-6); y en la de Pontevedra, hasta los 65 (-4).

SUBEN LIGERAMENTE LOS CONTAGIOS

Por su parte, los nuevos contagios de covid-19 detectados en un solo día aumentan mínimamente a 46 en el conjunto de Galicia, seis más que los 40 notificados este viernes. Con todo, el dato más bajo de la semana lo marcó el jueves, con solo 22 positivos.

De todas las infecciones notificadas en las últimas 24 horas, el área de A Coruña suma 15 casos, seguida de la de Lugo, con nueve, y de la de Ourense, con ocho. Mientras tanto, las de Vigo y Santiago notificaron seis contagios cada una y la de Ferrol y Pontevedra solo uno, respectivamente.

Así, los contagiados de coronavirus en Galicia desde el inicio de esta pandemia ascienden a 182.318, de los que 43.067 corresponden al área de A Coruña; 37.624, a la de Vigo; 26.946, a la de Santiago; 21.716, a la de Ourense; 21.423, a la de Pontevedra; 19.920, a la de Lugo; y 11.622, a la de Ferrol.

PCR Y POSITIVIDAD

Desde el inicio de la pandemia se han realizado 2.840.408 PCR en Galicia, 2.114 pruebas más que las registradas hasta la jornada anterior, unas 200 menos que las hechas el día pasado.

En cuanto a la tasa de positividad de las pruebas PCR –número de infecciones detectadas cada 100 test– ha descendido a un 1,7% tras el 1,9% del viernes y el 0,5% del jueves. No obstante, sigue bastante por debajo del 5% que la OMS determina como umbral para considerar controlada la pandemia.

VÍCTIMAS Y CURADOS

Las personas fallecidas diagnosticadas con covid-19 desde el inicio de esta crisis sanitaria ascienden a 2.638, después de que este jueves Sanidade no notificase ninguna nueva víctima mortal.

Asimismo, 178.867 personas que fueron diagnosticadas de covid-19 se han curado en el conjunto de Galicia desde el comienzo de la pandemia, 129 en la última jornada.

Condenan al Servicio Navarro de Salud a indemnizar a una familia por el intercambio de 2 bebés en 1993

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El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ha condenado al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) a indemnizar con un total de 320.000 euros a una familia por un intercambio de bebés producido por error en 1993 en el Hospital Virgen del Camino de la capital navarra.

Veintidós años después, en agosto de 2015, se demostró que biológicamente la demandante no era hija de su madre. La otra joven intercambiada tras el nacimiento, por su parte, se ha negado a someterse a las pruebas correspondientes para esclarecer los hechos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), en la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, el magistrado parte de un hecho «objetivo e innegable, que no existe filiación biológica» entre la madre e hija recurrentes en este procedimiento.

Por tanto, el juez solo encuentra una explicación: «La hipótesis más real y probable es que el intercambio se produjo en el SNS-O». Y subraya que lo más real es que, habiendo nacido los dos bebés el mismo día, el intercambio se produjera en el hospital. «Cuando era el personal sanitario el único con acceso a los bebés y cuando se pudo producir el error y el intercambio», recalca.

Para el magistrado, «sería contrario a las normas de comportamiento humano que dos bebés hayan sido intercambiados tras su alta a partir de su 5º o 6º día de vida y todo ello sin que sus progenitores se den cuenta que dada el alta con su bebé, el bebé no es el mismo». «Es decir, no es una hipótesis realista el hecho de negar la responsabilidad en el error en el intercambio de los bebés por parte del SNS-O, y entender que se entregó de forma correcta a unos padres su hija y que sus padres no fueran a reconocer a la misma e intercambiarla con otro bebé sin percatarse que no es su hija. Y todo ello influye en la carga de la prueba a la hora de valorar la responsabilidad que se reclama», argumenta el juez.

En su demanda, los recurrentes solicitaron al Servicio Navarro de Salud una indemnización total por los perjuicios de 1.758.757 euros: 700.000 para la hija intercambiada, 350.000 para cada uno de los padres y 175.000 para cada uno de los dos hermanos, así como 9.462 en concepto de reintegro de gastos devengados por el daño sufrido.

El SNS-O y su aseguradora, por su parte, se opusieron a la demanda. Rechazaron su responsabilidad y alegaron que la recurrente «fue correctamente identificada» en su nacimiento con el método establecido en aquel momento, que era el de la pulsera. Y sostuvieron que se produjo un correcto control de pesos de los bebés y que hubo un correcto cumplimiento en las medidas de seguridad. Y concluyeron que «hay una falta de acreditación del supuesto intercambio de los bebés por parte del personal sanitario del centro hospitalario», por lo que abogaron por la desestimación de la demanda.

Sin embargo, el juez asegura que la responsabilidad del SNS-O se desprende de su propio informe, que señalaba que «el personal sanitario era el único que podía acceder a todos los bebés». Según ese dictamen, «las madres no coincidieron en ninguna estancia y únicamente tenían acceso a su bebé porque estos no estaban en nidos comunes y en los box de exploración y realización de técnicas de los recién nacidos los padres y las madres no podían entrar sin la supervisión de los profesionales de la planta porque tenían el acceso restringido».

Y si todo ello fuera así, afirma el magistrado, no se entendería el intercambio de bebés, ya que habría que contemplar la hipótesis de que el intercambio se produjera tras ser dados de alta los bebés y sus madres. Y ello pasado unos días del nacimiento, por lo que para el juez «es del todo ilógico» que el intercambio se hubiera producido fuera del hospital.

El magistrado considera, contrariamente a lo sostenido por el SNS-O, que si se hubieran cumplido todos los protocolos supuestamente realizados «el intercambio no se hubiera producido».

El juez concluye que «hubo un error» en el Servicio Navarro de Salud que se descubrió en agosto de 2015. No obstante, el magistrado considera acreditada en este caso la colaboración del SNS-O en el esclarecimiento de los hechos y la posible colaboración de la otra familia implicada, que sin embargo se negó a someterse a las pruebas correspondientes.

Una vez declarada la responsabilidad patrimonial por el intercambio de bebés, el juez argumenta la indemnización concedida. Considera que la cantidad reclamada por los recurrentes es «desproporcionada» y sostiene que la indemnización tiene que basarse en el daño psicológico y moral causado, en lo que en el ámbito jurídico se denomina pérdida de oportunidad.

Para determinar las cantidades, el juez parte del hecho de que los daños psicológicos y morales causados, que están acreditados, tienen una fecha de origen concreto, agosto de 2015. Por tanto, estima procedente fijar las siguientes indemnizaciones: 200.000 euros para la mujer que fue intercambiada al nacer; 50.000 para cada uno de sus padres y 10.000 para cada uno de sus dos hermanos.

Cataluña registra 681 casos y cinco muertes en las últimas 24 horas

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Cataluña ha registrado hasta este sábado 988.358 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –913.413 con un prueba PCR o test de antígenos–, 681 más que en el recuento del viernes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

En las últimas 24 horas se han registrado cinco muertes y el total de fallecidos es de 23.911: son 15.277 en hospital o centro sanitario, 4.653 en residencia, 1.248 en domicilio y 2.733 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 392, que son 22 menos que en el último recuento.

Un total de 130 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, cuatro menos que en el último recuento: 84 necesitan ventilación invasiva (intubación), 13 requieren oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y 33, apoyo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube a 1,06 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 2,10%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 65,05 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 34,62 años.

La tasa de riesgo de rebrote vuelve a subir: el viernes alcanzaba un nivel de 63, y 24 horas después se sitúa en 66.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 5.905.821 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 5.748.423 ya tienen la pauta completa: hay 9.919 nuevos inmunizados en las últimas 24 horas.

En porcentajes, el 74,8% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 72,6% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

La superficie ocupada por la ceniza se extiende por más de 3.000 hectáreas

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El volcán de La Palma mantiene su erupción y se estima que, hasta el momento, ha expulsado más de 80 millones de metros cúbicos de lava, según el boletín diario que emite el Departamento de Seguridad Nacional, órgano de asesoramiento al presidente del Gobierno de España.

El delta de lava que se ha formado tiene una superficie de 27 hectáreas y la nueva colada, generada por las dos bocas magmáticas abiertas en la madrugada del viernes al noroeste del cono principal, avanza hacia la traza de la colada principal, que discurre con cierta estabilidad.

La superficie ocupada por la ceniza caída se extiende por más de 3.000 hectáreas. En cuanto a la calidad del aire en el Valle de Aridane, fuera de la zona de exclusión, se encuentra dentro de los valores límites permitidos. Sin embargo, la inversión térmica durante esta noche impide la dispersión de gases que se mantienen en cotas bajas de la atmósfera, lo que ha obligado al confinamiento preventivo de nuevos núcleos de población.

La zona de exclusión mantiene su radio de 2,5 kilómetros de distancia de seguridad desde el área de emisión. En las últimas horas se ha registrado una docena de pequeños terremotos en el sur de La Palma y el tremor volcánico ha comenzado a aumentar hasta alcanzar valores similares a los de los primeros días de la erupción.

Durante la primera reunión de la Comisión Mixta para el Plan Especial para la Reconstrucción se aprobó la compra de hasta 107 viviendas para los damnificados y se detallaron las medidas fiscales, administrativas y de organización adoptadas el jueves en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico.

La ONCE explica con viñetas humorísticas cómo relacionarse con personas ciegas

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La ONCE ha editado ‘Mira‘, un libro con viñetas humorísticas de Álvaro Núñez para enseñar a la población cómo relacionarse con las personas ciegas en su día a día, para darles una indicación o guiarlas por la calle.

En 56 páginas, editadas en las cuatro lenguas cooficiales, esta colección recorre realidades de la vida cotidiana protagonizadas por personas ciegas y cómo hacerlas más fáciles para ellas.

La publicación destaca que no todas las personas con discapacidad visual tienen idénticas dificultades ni utilizan las mismas estrategias, pues sus posibilidades dependen de muchos factores: edad, salud, actitud, apoyo de otras personas, condiciones del entorno, etcétera.

«¿Cuántas veces has intentado ayudar a una persona ciega en el metro, la calle o en el supermercado y no has sabido cómo hacerlo? ¿Te da miedo equivocarte, decir algo que no debas o incomodar a la otra persona en este tipo de situaciones?», plantea la ONCE.

Por ello, el libro explica al lector la forma de actuar «con naturalidad para evitar cuestiones como la sobreprotección» y señala cómo ofrecerles la ayuda necesaria respetando sus preferencias.

El capítulo más amplio es el dedicado a guiar a una persona ciega con pautas para que pueda seguir el paso de la persona que guía y para protegerla de los obstáculos. La clave, según precisa, está en situarse a su lado y ofrecerle el brazo para que se agarre.

Asimismo, detalla que si se pasa por un lugar estrecho (obras, aceras estrechas, puertas, pasillos), hay que dirigir el brazo hacia atrás o indicárselo verbalmente, para que se sitúe detrás de la persona que guía.

También cuenta cómo dirigirse a las personas ciegas para tratar cualquier asunto; facilitar la información que solicita sin entrar en detalles innecesarios; proporcionar referencias espaciales apropiadas («está a tu derecha y hacia delante»), o evitar gestos visuales y términos para señalar («aquí, allí») que no tienen ningún significado para quien no ve.

‘Mira’ está ilustrado por Álvaro Núñez Sagredo (Madrid, 1972) que se suma así al elenco de ilustradores que, a lo largo de la historia de la ONCE, han colaborado con la organización para ayudar a la integración de las personas ciegas o con discapacidad visual. Anteriormente se han editado libros y folletos ilustrados por Antonio Mingote, Forges, Romeu o el dúo Gallego&Rey.

El libro fue presentado por el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas a la ONCE, Andrés Ramos,; la directora de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación de la ONCE, Carmen Millán; y el propio autor, Álvaro Núñez, en la caseta que la ONCE instaló en la Feria del Libro de Madrid.

Desmantelan una organización que traficaba con marihuana y hachís

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una presunta organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana y hachís, en una operación que se ha saldado con la detención de 12 personas.

Las personas arrestadas están acusadas de ser presuntas autoras de diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad documental, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Se han llevado a cabo ocho registros en domicilios y trasteros de Valencia y Alicante, en los que han intervenido 40 kilos de cogollo seco de marihuana, más de 30 kilos de hachís, 333 plantas de marihuana y 51 kilos de dicha droga, 3.620 euros y cuatro vehículos.

Los investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Valencia y de la comisaría de Xirivella vigilaban un chalé sospechoso ubicado en la localidad valenciana de Paiporta, el cual visitaban dos varones procedentes de Europa del Este, que accedían con llaves a su interior.

En una de esas vigilancias, los agentes observaron como los investigados entraban al inmueble, sacaban algo del interior y lo cargaban en el maletero de un vehículo, para viajar a continuación a Gandia (Valencia), donde se entrevistaron con otros hombres y seguidamente pasaron la carga que portaban en el coche a la cabina de un camión.

Los agentes interceptaron el camión sospechoso y localizaron hasta 30 kilos de cogollo seco de marihuana envasado al vacío, por lo que arrestaron al conductor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Durante las investigaciones, los agentes averiguaron que los dos sospechosos se dedicarían, al parecer, en exclusiva al tráfico de drogas, y que controlaban inmuebles ubicados en Valencia capital y en la localidad valenciana de Sagunt, así como en Benitatxell (Alicante), todos ellos susceptibles de ser usados para instalar plantaciones de marihuana y en los que contaban con personas de confianza para el mantenimiento de estas.

Los agentes, además, identificaron a otros dos individuos que serían los encargados de dar salida al extranjero a la droga.

Asimismo, se da la circunstancia de que los investigados tomaban fuertes medidas de seguridad para evitar ser localizados por los agentes. Así, por ejemplo, el encargado de controlar el inmueble de Benitatxell incluso cambiaba de coche durante el trayecto hasta esa localidad.

PLANTACIONES DE GRAN PROFESIONALIDAD

Finalmente, los policías registraron cinco domicilios y tres trasteros, en los que localizaron un total de tres plantaciones de marihuana en diferentes estados de crecimiento. Dos de ellas tenían una instalación «muy profesional», de tipo hidropónico, es decir, sin tierra.

En total, los investigadores han detenido a 12 personas como presuntas autoras de un delito tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, además de localizar e intervenir 333 plantas de marihuana, 40 kilos de cogollos, más de 30 kilos de hachís, 51 kilos de marihuana, 3.620 euros y cuatro vehículos, uno de ellos sustraído, así como documentos de identidad falsos con el rostro de uno de los detenidos.

Siete de los arrestados han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de seis de ellos.

Con esta intervención policial se da por finalizada la llamada Operación Origen, en el marco de la cual los agentes ya desarticularon el pasado mes de mayo un entramado dedicado a la venta de planteles de marihuana, que servían a distintas organizaciones, y desmontaron plantaciones en las provincias de Valencia, Castellón y Madrid.

Con dicha operación, se ha actuado contra toda la cadena de tráfico de marihuana, desde el cultivo de plantones hasta la distribución internacional de esta sustancia. En total, se ha detenido a 36 personas, de las que 18 han ingresado en prisión.

En el cómputo global, los agentes han intervenido 130 kilos de cogollos y siete vehículos y han desarticulado 13 plantaciones de marihuana.

El Gobierno vasco devolverá todas las multas pagadas en el primer estado de alarma

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El vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que se van a devolver todas las multas pagadas en el primer estado de alarma por el incumplimiento de medidas establecidas para frenar la pandemia que después fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de evitar situaciones de discriminación. En total, estima que ascenderían a una cantidad de unos 1,6 millones.

En una entrevista publicada por el diario Deia, el consejero reconoce que la resolución del Constitucional, que anuló algunas de las medidas del estado de alarma, con la correspondiente paralización de los expedientes de sanciones por su incumplimiento, «tiene un efecto desmotivador inmenso para quienes estamos gestionando la responsabilidad de la salud pública».

A lo largo del primer estado de alarma, explica, entre Policías locales y Ertzaintza pusieron 22.900 denuncias que «requieren un esfuerzo tramitador importantísimo» y que no fueron «un capricho, porque del cumplimiento de la normativa dependían la salud y la vida de muchas personas». Sin embargo, «el trabajo no ha servido para nada».

También advierte que la sentencia contenía «un mandato confuso», de manera que «se suspendieron los expedientes en tramitación, pero había otros casos». En concreto, había unos 5.200 pagados por pronto pago, mientras que «otras personas habían hecho sus alegaciones, se habían resistido, y habían esperado a la resolución final sancionadora. Las sancionadoras fueron unas 2.900», explica.

Tras «un análisis jurídico contrastado», el Gobierno Vasco ha llegado a la conclusión de que «la sentencia exige deshacer prácticamente todo el marco sancionador». Por ello, se ha decidido «no solo paralizar los expedientes, sino devolver lo ya pagado, sea por pronto pago o porque se tramitó el expediente y se acabó imponiendo la sanción y se pagó».

«Una lectura más rigurosa de la sentencia en el marco de otra jurisprudencia dictada por el propio Tribunal Constitucional en relación con supuestos parecidos nos lleva a devolverlo todo», insiste Erkoreka, que cifra el montante total en unos 1,6 millones.

Según lamenta, «eso está pendiendo en el ánimo de los responsables de Seguridad» porque ahora «tienen que salir a la calle a cumplir sus funciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, y no se sabe hasta qué punto la actuación va a quedar en agua de borrajas porque va a venir por detrás un tribunal que va a echarlo todo por tierra». «Es un factor de desánimo importantísimo», advierte.

El consejero explica que se ha analizado si había «una manera de aliviar o hacer desaparecer el factor de discriminación», pero, «una vez que el Tribunal Constitucional ha echado para atrás el estado de alarma, veíamos que la situación podía generar efectos discriminatorios graves en quienes, en un ejemplo de civismo, se habían adelantado, iban a pagar y se acogieron a las posibilidades que la ley ofrece». Sin embargo, añade, «se podían beneficiar quienes, en una posición más cicatera, habían retrasado todo lo posible el pago».

«Hemos visto que era jurídicamente posible. Si la sentencia no hubiera permitido devolver el dinero, nos podríamos encontrar con una situación muy delicada con el Tribunal de Cuentas y con la posibilidad de incurrir en una responsabilidad contable, o responsabilidad penal», afirma.

BOSÉ Y ERNAI

Por otro lado, el consejero censura sus «frecuentes tics antisistema» a EH Bildu y advierte de que «constatar que hay instituciones nucleares de este país con las que viven una situación de antagonismo irreconciliable, como la Ertzaintza, pone claramente de manifiesto que es uno de sus grandes hándicaps para gobernar».

Asimismo, reitera que las personas que participan en los altercados que se han registrado en los últimos meses en botellones en distintas localidades «no son una realidad monolítica». En este sentido, señala que «hay actuaciones que son expresión de gente egoísta, hay negacionistas y hay quien ha aprovechado la pandemia para alimentar uno de sus objetivos políticos: desestabilizar el marco institucional en general y atacar puntualmente a un gobierno determinado».

También, añade, hay «colectivos fronterizos». «Entre lo que dice Miguel Bosé y lo que dicen los carteles de Ernai la distancia es muy pequeña», opina.

Finalmente, preguntado por las protestas convocadas esta próxima semana por algunos sindicatos de la Ertzaintza, recuerda que «están en la campaña ante las elecciones sindicales» y tampoco es «ninguna novedad». «La interlocución la tenemos articulada a través de una dirección de relaciones laborales. Es cotidiana, personal y telefónica», asegura.

Navarra no recurrirá la sentencia del intercambio de bebés

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El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) indemnizará a una familia navarra que en 2016 inició un proceso de reclamación contra este organismo por un error en la identificación entre dos recién nacidos durante su periodo de estancia en el actual del Complejo Hospitalario de Navarra, en el año 1993.

El proceso acabó en el ámbito judicial, en el que un Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha reconocido en una reciente sentencia la responsabilidad del SNS-O, que no recurrirá el fallo.

El Gobierno de Navarra ha precisado por medio de un comunicado que el juez reduce la cuantía de la indemnización solicitada -quedando en 320.000 euros- y destaca la «actuación activa de la Administración» en la fase previa por «colaborar y facilitar el esclarecimiento de los hechos» y «aliviar la situación de los recurrentes con el hecho dañoso» que les ha causado unos efectos psicológicos que serán compensados al menos económicamente.

Salud ha decidido que no recurrirá la sentencia para «no aumentar ni alargar el sufrimiento derivado de unos hechos que se remontan casi tres décadas atrás». Además, ha señalado que, actualmente, los protocolos y garantías de identificación de recién nacidos en el sistema sanitario público -que además se van a reforzar y mejorar con nuevas técnicas- harían «prácticamente imposible» un intercambio como el referido en la sentencia.

Los hechos recogidos en la sentencia se remontan a la primavera de 1993, aunque no fueron detectados por las personas afectadas hasta 2015 cuando como consecuencia de una prueba se demostró, según explica la sentencia, que «no existía filiación biológica» entre los demandantes y esa persona de la que legalmente son padres. Entonces se abrió un proceso administrativo para esclarecer lo sucedido, que derivó en uno judicial por parte de una de las familias, pese a la colaboración del SNS-O.

A partir de ahí, se inició un pleito en el que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha mantenido que no está acreditado que el supuesto intercambio fuera responsabilidad de los profesionales sanitarios de la Maternidad, aunque el juez considera que no hay otra posibilidad real sobre el momento y las causas de esta situación descubierta años después.

Precisamente este decalaje temporal, unido a todo el desgaste emocional y psicológico de los miembros de la familia es lo que motivó una reclamación económica de 1.758.757 euros, que la sentencia fija en 320.000 euros y que el SNS-O acata.

El Departamento de Salud, en cualquier caso, ha subrayado que con los protocolos vigentes actualmente «no se podría dar en la red del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea una situación similar como la señalada en la sentencia».

Así, al ingresar en el hospital, a una mujer que va a dar a luz se le pone una pulsera con su nombre. Una vez en el paritorio, se abre allí mismo un kit que lleva una pulsera para la madre, una pulsera para el niño o niña y una pinza para el cordón. Todo con el mismo código numérico y el mismo color. En los primeros segundos de vida se le pone la pinza en el cordón umbilical al recién nacido o nacida (que ya no se puede abrir hasta que se caiga el ombligo a los diez días, ya en casa) y también se coloca una pulsera identificativa en el tobillo con el mismo código numérico y el mismo color.

Madre y bebé no se separan en ningún momento desde el nacimiento y suben juntos a la habitación de planta. Este traslado se hace siempre así, salvo que exista alguna justificación médica, como puede ser el ingreso en la unidad de neonatos del recién nacido, en cuyo caso también se realiza el protocolo de identificación exactamente igual que en el anterior, pero en este caso sí que se produce una separación física de madre y bebé. En los partos por cesárea el procedimiento es exactamente el mismo.

Para los partos múltiples existe un kit con dos o más pulseras y pinzas y se sigue un protocolo similar. Una vez que nace, se inscribe al bebé en la partida de nacimiento, en el propio hospital. Allí se plasman la huella dactilar de la madre y la huella del pie del o la bebé.

El Complejo Hospitalario de Navarra, con el objetivo de aumentar la seguridad, va a poner en marcha, a partir del primer trimestre de 2022, un sistema «aún más fiable» para esta última garantía. Se tomará una gota de sangre del cordón umbilical del bebé, que se plasmará en un papel secante y servirá durante años como prueba identificativa. Esta nueva medida sustituirá a las huellas de la planta del pie del bebé y la madre, que ahora se utilizan en la partida de nacimiento.

El PP plantea simplificar los subsidios del SEPE

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El PP ha propuesto en el Congreso la reforma profunda del Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE), con la simplificación de todos sus subsidios asistenciales en uno solo y, a mismo tiempo, agilizar la tramitación de sus prestaciones de desempleo con un ‘programa Padre’ como el que cuenta la Agencia Tributaria para las declaraciones de IRPF.

Así lo plantea esta formación en sendas proposiciones no de ley, dirigidas a mejorar la eficiencia de un organismo que ve «absolutamente desbordado» por la mayor carga de trabajo que suponen los ERTE, pero también porque, lamentan «no se ha profundizado con seriedad y rigor» la posible asunción de competencias impropias.

En este sentido, los ‘populares plantean al Congreso acometer un análisis de los subsidios asistenciales del SEPE «bajo los principios de racionalización y simplificación» y, en consecuencia, acometer una reforma del SEPE «para que este organismo gane en eficacia y eficiencia».

EVITAR DUPLICIDADES Y REFUNDIR LOS SUBSIDIOS EN UNO

Y es que, esgrimen, el SEPE paga un elevado número de subsidios relacionados, no ya con el desempleo, sino la situación de vulnerabilidad económica o la precariedad, y no vinculados a la búsqueda de empleo. Todo ello mientras las comunidades han ido ampliando la cobertura de prestaciones asistenciales, e incluso la Seguridad Social ha puesto en marcha un ingreso mínimo vital (IMV).

Por ello, abogan por examinar los distintos subsidios asistenciales, analizar posibles duplicidades para que «cada administración y organismo atienda a lo que competencialmente le corresponde», y refundir y reducir el número de subsidios actuales en uno solo que contemple y dé cobertura a diferentes casuísticas y tipos de beneficiarios, pero unifique el trámite.

UN ‘PROGRAMA PADRE’ PARA PODER COBRAR EL PARO

También para agilizar la gestión del SEPE, el PP propone en otra proposición no de ley poner en marcha un sistema informático análogo al existente en la Agencia Tributaria para reconocer la prestación de desempleo. Y es que, argumentan, no existe ningún dato que sea necesario para reconocer las prestaciones que el SEPE no pueda obtener de manera automatizada.

Es el caso de la situación legal de desempleo, el período cotizado para el cálculo de prestaciones, las cotizaciones de los últimos 180 días, o las rentas para subsidios, obtenidas a través de cruces con la Agencia Tributaria.

Pese a ello, lamentan que el reconocimiento ‘online’ de prestaciones es «absolutamente residual», pese a que en la pandemia se puso en marcha un modelo de solicitud informático. Sin embargo, el formulario solo sirve para iniciar el trámite mediante la presentación de la solicitud, ya que posteriormente es necesario que un funcionario reconozca la prestación.

CÁLCULO PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

Por ello, proponen que el SEPE cuente con su propio programa informático de cálculo y reconocimiento de prestaciones. Así, una vez que el gestor de la Tesorería General de la Seguridad Social grabara una baja laboral que diera lugar al cobro de prestación, el sistema haría un cálculo y una propuesta de reconocimiento, a disposición del trabajador que, previa alta como demandante de empleo, podría su conformidad al SEPE.

Esto permitiría, concluye el PP, «reducir gran parte de las 711 oficinas físicas de empleo existentes en todo el territorio», también mejoraría la gestión al reducir posibles errores humanos, y limitaría los medios humanos y materiales necesarios, con la consecuente reducción de gasto.