La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, acudió el pasado 4 de diciembre a la sede de la empresa 3M (compañía americana dedicada a investigar, desarrollar, manufacturas y comercializar tecnologías diversificadas) para intervenir en la Jornada Negocios por el bien común y en ella, la ministra pidió una mayor «implicación» de las empresas para combatir el cambio climático. Paradójicamente, Reyes Maroto hizo estas declaraciones en la sede de una empresa que ha pagado cientos de millones en un acuerdo para evitar demandas judiciales por contaminar el Estado de Minnesota (Estados Unidos).
Esta empresa, propietaria de marcas reconocidas como Post-it o Scotch-Brite, recibió a finales del año 2010 una demanda procedente del Estado de Minnesota por producir y desechar desde 1950 perfluoroquímicos (PFC), productos muy tóxicos de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), en las vías fluviales locales, lo que dañó los recursos naturales de Minnesota, entre ellos, más de 160 kilómetros del río Misisipi.
Según la CNN, 3M comenzó en el 2000 de manera voluntaria a eliminar el uso de estos productos tras consultar con la EPA sobre sus perjuicios. La Fiscal General de Minnesota, Lori Swanson, llegó a comentar que un experto comisionado había encontrado tasas más altas de cáncer y nacimiento de bebés prematuros debido a los químicos y le exigía daños punitivos. Aunque un informe del Departamento de Salud de Minnesotta contrarió esas afirmaciones.
Recientemente, en 2018, se conoció que la compañía estadounidense había acordado el pago de 850 millones de dólares (690 millones de euros) bajo el concepto de Donación especial para el Fondo de Calidad y Sostenibilidad del Agua. Sin embargo, el Estado exigió inicialmente 5.000 millones de dólares (4.060 millones de euros) a 3M.
Desde 1950, 3M arrojó millones de kilos de desechos en su proceso de fabricación en el suelo y el agua, según explicó el juzgado. De hecho, Minnesotta se convirtió en la zona cero de deshechos de PFC para 3M, ya que llegaba a enviar residuos de su fábrica de Illinois a este Estado.
No obstante, el vicepresidente senior de Investigación y Desarrollo de la empresa, John Banovetz, reconoció estar «orgulloso» por su actividad ambiental y rechazaba cualquier denuncia. «Estamos orgullosos de nuestro historial en gestión ambiental y, aunque no consideramos que exista un problema de salud pública relacionado con los productos químicos, 3M trabajará con el Estado en estos importantes proyectos», aseguró.
Estos hechos provocaron que en el primer trimestre de 2018, sus acciones en bolsa se desplomaran tras reducir sus ganancias a menos de la mitad que en el mismo periodo del 2017, concretamente pasaron de 1.323 millones de dólares a los 606 millones de dólares, lo que significó perder 200 dólares por acción.
Asimismo, en 2019, 3M acordó pagar a la ciudad de Lake Elmo más de dos millones de dólares y darles 180 acres de tierra de cultivo para resolver las afirmaciones que apuntaban a que la empresa había estado durante casi dos décadas por verter químicos PFC que contaminaron el agua potable de la ciudad. Varios pozos de la ciudad tuvieron que ser cerrados debido a la contaminación, y el Departamento de Salud advirtió a la población que no comieran ningún pescado que fuese capturado de ese mismo lago.
Este acuerdo se produjo tan solo quince meses después de que la compañía hiciera historia al acordar el pago de 690 millones de euros para resolver la mayor demanda ambiental en la historia del Estado.
Durante el acto al que acudió la ministra de de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, la delegación española de 3M aseguraron que cuentan con el reto de aportar soluciones prácticas en ámbitos como la contaminación, la accesibilidad al agua potable, la eficiencia de las instalaciones de energía renovable o la seguridad alimentaria.
A partir de ahora, cada producto nuevo que lance 3M al mercado, tendrá que demostrar primero que cuenta con un Valor de Compromiso de Sostenibilidad, para demostrar cuál será su impacto.
CONTROVERSIA CON LOS PATROCINADORES DE LA COP
Una de las críticas que más repiten diversas ONGs ambientales es que la COP ha contado con el patrocinio de algunas empresas cómplices del cambio climático a nivel nacional e internacional. En España, diez empresas fueron las responsables del 25 por ciento de las 340.720 toneladas de dióxido de carbono o lo que es lo mismo, una decena de compañías son las causantes de un cuarto de las emisiones que contribuyen al calentamiento global, según los datos de Emergencia Climática en España.
Los sectores que predominan en esta lista son los de energía, petróleo y cemento. Alguna de estas empresas se encuentran en la lista de patrocinadores de la Cumbre del Clima, como es el caso de Endesa-Enel o Iberdrola, y la completan multinacionales como Banco Santander, MAPFRE, BBVA, Acciona, Seat, Teléfonica, Abertis, Talgo, Suez, Siemens-Gamesa e Iberia.
Entre las principales empresas que patrocinan la Cumbre del Clima, hay que sumar también a Telefónica, el socio tecnológico que la COP25 ya arrastraba desde Chile, y a
Volkswagen, que es el socio de movilidad de la cumbre justo cuando se dirimen sus responsabilidades por el DieselGate, que dejó más de 700.000 afectados en España a los que tendrá que indemnizar con hasta 2.100 millones de euros en el peor de los casos para la marca alemana.
El Ministerio para la Transición Ecológica hizo una cumbre con grandes compañías nacionales para conseguir pagar los 60 millones de euros que cuesta la cumbre, una cantidad que, presumiblemente, se conseguirá reunir gracias a la participación de los patrocinadores. Las previsiones del Gobierno es que la COP haya generado una actividad económica de alrededor de 200 millones de euros.
