La Guardia Civil cuestiona en un nuevo informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido 2 de marzo y sostiene que ese mismo día los técnicos del Ministerio de Sanidad ya estudiaban la necesidad de reforzar la vigilancia por positivos en coronavirus no importados.
En el nuevo informe de fecha de 1 de junio, la Guardia Civil se centra en el documento – en su «quinta actualización»– del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) remitido el 2 de marzo a las 12.45 horas a los correos electrónicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de su director, Fernando Simón.
Además, contrasta la recepción de esta alerta europea el 2 de marzo con las reuniones internas ese mismo día en Sanidad, donde se detectan «casos de Covid-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria del virus». Esto último, según los investigadores, llevó a los técnicos a «sugerir a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid.
La unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Madrid hace estas precisiones en una diligencia de contestación al apartado octavo del oficio que remitió el pasado 23 de marzo, siguiendo las recomendaciones de la juez Rodríguez-Medel, que ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
REUNIONES EL 2 DE MARZO EN SANIDAD
En este nuevo informe remitido a la juez Rodríguez-Medel -el primero originó el cese fulminante del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos– se reseña que el CCAES el mismo día 2 de marzo que recibe la alerta europea «participa a los miembros de las Ponencias de Alertas y al propio director del CCAES un documento denominado ‘Propuestas para la vigilancia intensificada del Covid-19».
Los agentes concluyen que el mismo 2 de marzo desde el CAES se reconoce un nuevo criterio de «contacto estrecho justificado en el hecho de que han aparecido casos de Covid19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus». «Por ello», dicen, «sugieren a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid».
El 2 de marzo, dice la Guardia Civil, los miembros de las Ponencias de Alertas de datos de personas sospechosas de contagio y el CCAES observan «un total de 114 casos confirmados a nivel nacional, con un total de 29 casos confirmados en la Comunidad de Madrid, siendo esta la región más afectada y con mayor número de contagios confirmados, con un 25,43% de los contagios según los casos estudiados por el CCAES».
En otro punto, insiste en que la Delegación del Gobierno de Madrid «ha tenido acceso a toda la documentación que obrara en el Ministerio de Sanidad con anterioridad al 14 de marzo», día que se decreta el estado de alarma. «Si bien es cierto», puntualizan los agentes, «que esto no ha sido participado por la Delegación del Gobierno en la documentación oficial que ha facilitado en esta instrucción», aunque lo han podido acreditar como, dicen, figura en este último atestado.
En este sentido, sostiene la Guardia Civil que lo narrado en su atestado «queda refrendado con una carta» del delegado del Gobierno del 13 de marzo de 2020, y que ha sido aportada por un trabajador de dicha institución, en la que se mencionan las medidas en protección de la salud pública.
AUTONOMÍA Y PROACTIVIDAD DE LA DELEGACIÓN
«El CCAES participa que dado el carácter público del documento y dado a que es de general conocimiento y acceso, no se procedió a su distribución», señalan los agentes, que añaden que desde el organismo dependiente de Sanidad se les ha explicado que «no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones de la Ponencia de Alertas y Planes de preparación y respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial».
Tras esto, los investigadores anotan: «A la vista de la afirmación del director del CCAES, se refuerza aún más la autonomía y proactividad que debería haber tenido la Delegación del Gobierno (DG) en Madrid en conocer el citado informe del ECDC, ya que si no, no se explica la contestación en ese sentido, ya que descarga la responsabilidad de su difusión en aras de la consulta que la DG debiera haber efectuado».
«Queda patente que la Delegación del Gobierno de manera proactiva por las competencias que le son propias ha tenido la posibilidad de acceder a todos los documentos e informes emitidos por el Ministerio de Sanidad, a través de su página web, así como para la información recibida de la ‘Unidad de Coordinación». Sobre esta unidad alertan que no han conseguido ubicarla físicamente, señalando a que puede ser «dentro del organigrama de la Delegación del Gobierno en Madrid o en el del Ministerio del Interior».
Los agentes continúan su diligencia señalando que «consideran que el conocimiento e información del Ministerio de Sanidad y del CCAES revierte en la Delegación del Gobierno de Madrid». Y advierte que el informe europeo del día 2 de marzo «refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en un escenario 1, avanzando rápidamente hacia el escenario 2. «Únicamente Italia es el único país europeo que en esa fecha se encuentra en un escenario 2», enfatizan.
