El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, ha desvelado un dato «terrible», oficial de Ministerio de Derechos Sociales. En 2020, un total de 16.000 personas en situación de dependencia con derecho a recibir atención o prestación han fallecido sin recibirla, lo que supone que 106 personas al día mueren en España esperando a recibir los servicios que les habían sido reconocidos.
«La Ley de Dependencia una cuestión de supervivencia. El sistema peligra», ha advertido durante su intervención ante el Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados.
Tras anunciar la cifra, José Manuel Ramírez ha permanecido en silencio durante un minuto para que sus señorías reflexionaran sobre este dato. Una vez ha retomado su discurso, ha denunciado que se ha producido un recorte acumulado desde 2012 de 5.864 millones de euros.
En este sentido, les ha recordado que los partidos firmaron el Pacto de Estado por la Dependencia para garantizar la atención a 260.000 que están en lista de espera. «Esos 1.500 millones de euros evitarían estas muertes, generarían 80.000 puestos de trabajo y harían que esas personas tan vulnerables tuvieran la atención que merecen», ha subrayado.
Preguntado por el representante de Junts per Catalunya sobre si tienen cuantificado los recursos que hacen falta para cumplir con la Ley de Dependencia, Ramírez ha respondido que saben «cuánto vale».
En concreto, ha detallado que «con 1.500 millones de euros se atiende al 80% de la lista de espera y se generan alrededor de 80.000 puestos de trabajo». «¡Háganlo! Si no se hace serán responsables de los más de 40.000 muertos que va a haber este año sin recibir esa prestación y servicio, y esto no puede esperar a los Presupuestos Generales del Estado. Hay que hacerlo de manera inmediata», ha insistido.
«Ante esta crisis del coronavirus, lo que se ha hecho en España es perder 13.000 plazas residenciales, 6.810 plazas de ayuda a domicilio, 2.270 plazas de centros de día», ha concretado, para después añadir que eso supone despedir a 12.000 personas. «¿Se imaginan que ante esta crisis hubiéramos despedido a los médicos y hubiéramos recortado el presupuesto en Sanidad? Pues eso es lo que hemos hecho en servicios sociales y dependencia», ha añadido.
SISTEMA «MALTRATADO POR LOS RECORTES»
En relación con los servicios sociales, ha vuelto a poner sobre la mesa que en este momento atienden a seis millones de personas usuarias y que antes de que termine el año serán diez millones «y son personas muy vulnerables». Además, se ha referido al sistema como «maltratado por los recortes» y «muy disperso, donde las decisiones que se toman desde los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos».
De este modo, les ha instado a «escuchar» a los profesionales y ha defendido la necesidad de «reconfigurar» los Servicios Sociales, «para evitar el sufrimiento de las personas vulnerables» y evitar «riesgos sociales y la quiebra de la cohesión social».
Entre las medidas a adoptar, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha apostado por establecer la «prescripción social del profesional de referencia» y, en concreto, propone modificar el Artículo 2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su Apartado 4 para excluir «las ayudas de emergencia social, que no son subvenciones».
Igualmente, aboga por aplicar el silencio administrativo positivo en determinadas situaciones; implementar el Ingreso Mínimo Vital para que este Sistema de Rentas se consolide para garantizar que en España «nadie pase hambre»; garantizar proyectos de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo; y reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Cuando ven esas noticias de que hay 67 muertos que han encontrado los bomberos en Madrid todo el mundo se preocupa, pero a nadie le preocupa que los ancianos vivan solos. ¿Cuánto cuesta ponerles la teleasistencia? Háganlo de inmediato para que, si viene otra vez el COVID-19, todo el mundo tenga el botón de la teleasistencia. Hay un millón de personas mayores que viven solas y este botón vale 15 euros al mes», ha argumentado.
Por otro lado, propone implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios vulnerables; promover la «complementariedad» de las acciones del tercer sector; y buscar los «equipos asesores de expertos». «Los servicios sociales nunca estamos en la comisiones de expertos que toman decisiones», ha zanjado.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios ha reclamado que se blinden los derechos sociales de la ciudadanía a través de una Ley Estatal de Servicios Sociales. «Esta es responsabilidad suya», ha concluido.
