viernes, 13 diciembre 2024

Puig pide centrar el debate de los fondos en los números

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este lunes al resto de presidentes autonómicos centrar el debate del reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones en «el rigor de los números» y ha señalado que con el nuevo criterio es «un avance» pero la «Comunitat tampoco es que estemos tirando cohetes» porque sigue en una situación «muy compleja».

Al respecto, ha recalcado, tras visitar Fisabio, que «a nadie le parece bien al cien por cien» el cambio de criterio del fondo no reembolsable de 16.000 millones que aprobará el Gobierno para compensar los gastos derivados de la crisis del coronavirus, pero ha destacado que «se ha avanzado en cierta Justicia».

En ese sentido, ha señalado, ante las quejas de presidentes como Quim Torra (Catalunya) o Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lambán (Aragón), que cada comunidad «puede y debe defender sus intereses pero hay que buscar la máxima objetividad» y les ha urgido: «es el momento de intentar avanzar todos juntos».

Puig ha recalcado al respecto que «en ningún momento» el Consell ha querido hacer del «un foco de conflicto» y al respecto ha subrayado: «Cuando se habla de solidaridad yo me apunto el primero pero es absurdo que la Comunidad Valenciana con 12 puntos cápita por debajo de la media nacional ejerza la solidaridad con otras comunidades con más recursos». De hecho, ha admitido que le hubiera gustado que el criterio poblacional «tuviera aún más peso» en el reparto.

No obstante, ha destacado que, a falta de saber con exactitud el decreto del reparto, calcula que la Comunidad recibirá entre un siete y un 10% de lo previsto inicialmente. De este modo, será la segunda que más se beneficie.

En cualquier caso, ha argumentado que el problema de fondo es «la falta de suficiencia financiera en el conjunto del sistema autonómico» porque «el pilar fundamental del Estado del bienestar que es la Sanidad exige un crecimiento grande de recursos y si no quieres hacer recortes como nosotros te comes una parte fundamental del presupuesto que no puedes competir en la recuperación económica».

RIGOR DE NÚMEROS

En esta línea, ha insistido en que siempre ha defendido que una parte «fundamental» de los fondos sea para compensar a las comunidades autónomas que han tenido que hacer un mayor gasto para combatir la pandemia y en el caso de la Comunidad «también hizo un gran esfuerzo económico».

No obstante, ha señalado que en la segunda fase del reparto también se deben tener en cuenta el criterio de la población porque» si se desgrega el gasto sanitario la mayoría la absorbe la asistencia hospitalaria y el gasto farmacéutico, y «eso son personas no un gasto por nada más».

Por ello, ha insistido en «residenciar el debate en el rigor de los números» que demuestran que la Comunidad es la peor financiada» y ha resaltado que el trabajo del Consell ha sido para corregir el desesquillibrio que existía en el gasto sanitario en relación a la media de España y «se ha logrado converger y estar en 101% de la media». Sin embargo, este esfuerzo ha supuesto que «hay otras acciones de recuperación económica que no hemos podido realizar» y «ahí hay un problema».

REACTIVAR EL SISTEMA

Así, ha resaltado que al aumentar «considerablemente la variable demográfica se ayudarán a paliar el gasto por la crisis de la Covid-19, sino también en «consolidar la reactivación de un sistema sanitario que ha sufrido mucho» y que ahora hay que «reforzar para afrontar el futuro» como la reducción de las listas de espera. Del mismo modo, ha destacado que los 2.000 millones para educación porque se va a «necesitar más recursos».

Puig ha insistido en que el tercer fondo de 5.000 millones sea para compensar la caída de ingresos propios por la caída de actividad y poder mantener así los servicios públicos porque esta cantidad es para «tapar agujeros» y no para hacer «el dumping fiscal’.

Respecto a la reducción del fondo para servicios sociales ha defendido que la Comunidad iba a recibir 100 millones pero que con la aprobación del ingreso mínimo vital percibirá 377 millones, por lo que es «lógico» que el Gobierno la haya recortado para aumentar el gasto en Educación.