Olga Tubau, la abogada del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, considera que el «referéndum ilegal» del 1 de octubre de 2017 fue un «fracaso» policial, pero también político, porque ni la policía autonómica, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, los tres cuerpos «llamados a impedirlo», pudieron cumplir el mandato judicial que ordenaba que no se celebrara.
«El referéndum ilegal se celebró y ninguno de los tres cuerpos llamados a impedirlo, ni juntos ni por separado, pudieron cumplir con lo mandado. Fue un fracaso policial frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –que fue el órgano judicial que ordenó impedirlo– o quizás fue principalmente un fracaso político del que se hace responsable a los cuerpos policiales», ha afirmado en su informe de conclusiones en el juicio en el que Trapero está acusado de sedición en el ‘procés’.
La letrada del mayor, Olga Tubau, ha sostenido la estrategia de defensa que ha mantenido su representado durante el juicio, y es que el 1-O salieron a votar «dos millones de personas» y «no había efectivos policiales suficientes de ninguno de los tres cuerpos» para detenerles.
Pero además, ha denunciado que sean precisamente Policía Nacional y Guardia Civil los cuerpos que se encarguen de la investigación del ‘procés’ cuando ellos mismos también estaban mandatados por el TSJC para impedir el referéndum. Sus atestados, ha manifestado, están teñidos de «valoraciones personales dirigidos a hacer responsable exclusivamente» a Trapero.
En su opinión, «Guardia Civil y Policía Nacional tienen un interés directo en estos hechos porque si se condena al mayor Trapero» y si en la sentencia que dicte la Audiencia Nacional se dice que el 1-O fue un «fracaso de los Mossos d’Esquadra«, esos otros dos cuerpos «verán su imagen restablecida».
NO ES RESPONSABLE DE ACTOS DE OTROS MOSSOS
Tubau también ha censurado que se quiera hacer a Trapero «responsable los actos de terceros», esto es, de otros mossos que intervinieron el día del referéndum independentista. «Es como si hubiese estado omnipresente y fuera todopoderoso sobre todos los agentes que intervinieron en la Consejería de Economía el 20 de septiembre o en los centros de votacion el 1 de octubre», ha remarcado.
Según ha comenzado su exposición, que se ha prolongado por más de cuatro horas, Tubau ha reprochado a los fiscales del caso, Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, que en sus respectivos informes de conclusiones dedicaran tanto tiempo a leer «párrafos enteros» de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista catalán, y que además no lo hicieran «de forma literal», sino que utilizasen esa resolución «a su antojo».
«Entonces, ¿qué hemos estado haciendo estos meses?», se ha preguntado la letrada al considerar que lo que plantean los fiscales es que el tribunal que juzga a Trapero «debería coger esa sentencia, hacer un corta-pega de los párrafos donde haya alguna alusión a los Mossos, colocar enmedio de los hechos probados el nombre de Trapero» y condenar por sedición o desobediencia.
«El tribunal son ustedes, y sólo ustedes», ha dicho a continuación y directamente a los tres magistrados de la Audiencia Nacional: «Ustedes y sólo ustedes han de dictar sentencia, valorando la prueba, escucharán las razones expuestas por las partes y llegarán a una conclusión. Cada juicio tiene su prueba y la prueba del Supremo es radicalmente distinta, de naturaleza distinta y con consecuencias distintas. Sólo aquí se juzga a Trapero y sólo aquí se podían traer elementos de descargo. La decisión de este tribunal no puede ser coincidente en algunos casos con la del Supremo por la prueba que se practicó allí».
Además, ha corregido al fiscal Carballo cuando leyó parte de la sentencia del alto tribunal y dijo que el objetivo de los dirigentes condenados era lograr la independencia de Cataluña. Tubau ha matizado que el Supremo no dijo eso en ningún momento, pues califica ese objetivo de «ensoñación» y que el fin de los condenados era «presionar» al Estado para negociar.
OTOÑO 2017 VS. OTOÑO 2019
En cuanto al argumento de Fiscalía de que la diferencia entre la actuación de los Mossos en el otoño de 2017 y el otoño de 2019 –en el ‘procés’ y en los disturbios de Barcelona tras publicarse la sentencia del Supremo, respectivamente– son los mandos, Tubau lo ha rechazado porque «no es comparable» una situación con otra. «En los hechos postsentencia vimos decenas de personas encapuchadas, contenedores incendiados, barricadas, lanzamiento de objetos contundentes contra los agentes… Decir que se actúa de una forma u otra según los mandos no es sostenible; fue por la situación concreta», ha afirmado.
En una larga y prolija exposición, la abogada de Trapero ha defendido que el mayor no formó parte en ningún momento del «plan secesionista» del Gobierno de Carles Puigdemont y que la Fiscalía no ha llevado al juicio ninguna prueba que lo demuestre. Más bien al contrario, pues ha subrayado que se trata de «un policía que respeta el orden constitucional» y que así ha sido siempre.
Como ejemplo, la letrada ha recordado, como plasma también el Supremo, las reuniones en el Palau de la Generalitat los días previos al referéndum en las que los mandos de Mossos, incluido Trapero, pidieron al Govern que desconvocara, algo que, en su opinión, es «un acto clarísimo de obediencia al mandato judicial» del TSJC de impedir la votación que «pulveriza la acusación de sedición y de desobediencia».
Tubau ha tratado de desmontar paso a paso la instrucción realizada por la Guardia Civil y, por tanto, la acusación del Ministerio Público, y ha destacado que los días previos al referéndum «todos» sabían que la votación no se iba a suspender, incluido el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial para el 1-O, porque así lo habían transmitido los dirigentes catalanes tanto públicamente como en reuniones con la policía autonómica.
La letrada ha afeado que los fiscales pongan en duda el plan para deterner a los miembros del Govern que ha contado Trapero en este juicio y también cuando declaró como testigo en el Supremo. Según ha explicado, el mayor se puso en contacto con el fiscal superior de Cataluña y el presidente del TSJC el mismo día de la declaración unilateral de independencia (DUI), el 27 de octubre, para «ponerse a su disposición ante cualquier orden que pudieran dar».
Para Tubau, «no se puede exigir a Trapero lo que no ordenaron jueces y fiscales», los cuales «hicieron un juicio de ponderación y concluyeron que no concurrían motivos y razones para una decisión de tal entidad» como era la detención de los miembros del Govern.
ACTUACIÓN DE LA INTENDENTE LAPLANA
Olga Tubau también ha representado en este juicio a la intendente de Mossos Teresa Laplana, acusada de sedición por su actuación durante el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Para la abogada, los fiscales no han podido establecer que Laplana «participara en un plan para lograr la independencia de Cataluña» y prueba es que no se le ha preguntado nada al respecto ni por si tenía alguna relación con los miembros del Govern.
En su opinión, al plantear la Fiscalía una alternativa de condena tanto para Trapero y como para Laplana por desobediencia, si el tribunal no ve motivos para una pena por sedición, se demuestra que «no hay prueba de cargo suficiente» para sentenciar a sus defendidos por el delito mayor.
Tras poco más de cuatro horas de informe, la presidenta del tribunal, la magistrada Concepción Espejel, ha interrumpido la sesión hasta mañana, miércoles, cuando continuará Tubau y previsiblemente expondrán sus conclusiones los abogados de los otros acusados, los exjefes políticos de los Mossos Pere Soler y César Puig.
