El Parlament ha aprobado este martes un decreto para retribuir la productividad de los profesionales del ámbito sanitario y de las residencias de ancianos y personas con discapacidad del Institut Català de la Salut (ICS), con una paga extra que irá de 350 a 1.350 euros.
El decreto, que establece el pago en función de las categorías profesionales y del porcentaje del trabajo presencial, se ha aprobado en el pleno de este martes con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP y las abstenciones de Cs, PSC, Comuns y PP.
En su intervención en el pleno, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, ha explicado que la retribución irá destinada a los profesionales activos que han prestado servicios entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020 y se hará efectiva en la nómina del mes de agosto.
Según Aragonés, el contenido de la propuesta avala la «necesidad y conveniencia» de materializar medidas para reconocer el esfuerzo y compromiso de acuerdo con la productividad de los profesionales que han hecho frente a la crisis del coronavirus sufriendo un desgaste físico y emocional, además de permanecer expuestos a un posible contagio.
Asimismo, ha afirmado que esta adecuación retributiva extraordinaria representa uno de los mayores retos que el coronavirus ha planteado a nivel presupuestario: «Hace falta dar este paso y era necesario hacerlo ahora», ha concluido.
La diputada de Cs Blanca Victoria Navarro ha señalado que las medidas recogidas en el decreto son «insuficientes» y ha puesto en duda que el pago se haga efectivo en agosto, tal y como ha asegurado Aragonés.
La socialista Assumpta Escarp ha lamentado que la retribución «no recupera los derechos perdidos» y ha criticado que no haya habido negociación o consenso con los agentes sociales y sanitarios para impulsar una medida que, a su parecer, sólo hace que generar divisiones al dejar al margen a los servicios de limpieza o de atención domiciliaria.
Desde la bancada de los comuns, Marta Ribas ha criticado que la retribución económica se haga en función de la categoría laboral y ha tachado el sistema de clasista, por lo que ha instado a replantear el pago de la gratificación, ya que, a su parecer, «no tiene sentido» que un médico que ha hecho visitas telemáticas cobre más que una enfermera que ha permanecido a primera línea de la pandemia.
El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha reprochado la visión «de estado paternalista» del decreto, y ha dicho que desde el grupo quieren tramitarlo como ley para impulsar una paga lineal e igualitaria para el conjunto de los profesionales.
Asimismo, la diputada del PP Esperanza García ha pedido retribuir también a los Mossos d’Esquadra, bomberos, personal de limpieza y penitenciario o educadores sociales, entre otros colectivos.
Aunque para la republicana Gemma Espigarés la medida «no compensa todo el esfuerzo», a su parecer, una buena manera de gestionar el reconocimiento del personal sanitario, ya que unos 130.000 profesionales se beneficiarán de la retribución.
Asimismo, para el diputado de JxCat Francesc Ten, el decreto es una medida de reducción de la desigualdad y ha defendido que cualquier retribución basada en la proporcionalidad y que reconozca el esfuerzo es positiva y de justicia social.
El texto se tramitará en la Cámara como proyecto de Ley después de los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, y los votos en contra del resto.
