El secretario segundo de la Mesa del Parlament, David Pérez (PSC), ha declarado este martes en el juicio por presunta desobediencia a exmiembros con quienes compartió cargo que una de las funciones de este órgano es «admitir o no a trámite en función de qué se ajuste al reglamento y a la ley».
Lo ha dicho al responder como testigo a las preguntas del fiscal, y al contrario de los acusados en el juicio, que han sostenido que para admitir a trámite iniciativas parlamentarias solo debían estudiar la forma y la congruencia de las propuestas, no el fondo.
La Sala Civil y Penal del TSJC juzga desde este lunes a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluis Guinó (JxSí) y Anna Simó (ERC), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados de un presunto delito continuado de desobediencia por supuestamente tramitar resoluciones del 1-O contraviniendo las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).
Pérez ha opinado que la Mesa solo debería estudiar el fondo de las iniciativas parlamentarias «cuando es palmariamente inconstitucional», y ha añadido que el reglamento permite evaluar si se ajusta a derecho o no.
También ha dicho que recibió personalmente la sentencia del TC sobre la inconstitucionalidad de una de las resoluciones por el proceso soberanista, mientras que los acusados han negado haber recibido ninguna advertencia: «A mí sí me fue notificada, creo que al resto de miembros también».
En cuanto a la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente, ha dicho que no hubo «prácticamente ningún debate» para constituirla porque era solo una comisión de estudio, aunque sí se opusieron a sus conclusiones en el pleno porque consideraban que contravenían las indicaciones del TC.
PRESUPUESTO PARA EL REFERÉNDUM
Sobre los presupuestos de 2017, ha explicado que vieron una partida destinada al referéndum del 1-O y que «el secretario general y el letrado mayor también advirtieron de esa circunstancia».
Respecto a la ley del referéndum, ha criticado que el texto se registró pero pasaron semanas hasta que se llevó a la Mesa, por lo que los grupos no pudieron consultar el contenido de la norma hasta el mismo día que se votó: fue el 6 de septiembre de 2017, y se modificó el orden del día para añadir la votación.
