La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acerque a su partido y pacten juntos los Presupuestos Generales del Estado para dar «estabilidad» a España, y que descarte la otra vía, la de los «ataques» a las instituciones por parte de Podemos y las «cesiones al separatismo».
En un encuentro ‘online’ organizado por Nueva Economía Fórum, Arrimadas ha afirmado que Sánchez se encuentra ante una «disyuntiva de país» con «dos caminos diferentes», y escoger uno u otro va a «determinar el futuro de España».
Si «elige seguir con socios como Esquerra y EH Bildu», entonces «Podemos y su ideología estarán más fuertes, se podrán imponer más locuras económicas de Podemos» y habrá «más inestabilidad» política por sus «ataques al jefe del Estado y a la Justicia» y por las «cesiones al separatismo», ha advertido.
FRENAR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PODEMOS
En cambio, si el jefe del Ejecutivo apuesta por pactar los Presupuestos de 2021 con Cs, las medidas económicas de Unidas Podemos «se podrán frenar en gran medida», se dará «más estabilidad al país» y «la imagen exterior de España sería mucho más sensata», porque Sánchez presentaría a la Comisión Europea políticas «moderadas».
Arrimadas ha subrayado que «el mejor camino para España es el segundo» y que si Sánchez escoge el otro, «será porque voluntariamente lo ha querido» y ya «no tendrá la excusa» de que no tenía otra alternativa. Lo que espera es que tenga en cuenta el contexto de la pandemia y de la crisis «institucional, sanitaria, económica y social» y «elija bien».
INDULTOS A LOS PRESOS DEL ‘PROCÉS’
La presidenta de la formación naranja cree que una de las cesiones que el Gobierno podría hacer a los partidos independentistas es indultar a los políticos que cumplen condena en prisión por impulsar el ‘procés’ de 2017.
«Cuanta más fuerza tenga Podemos en la coalición y más necesarios sean los partidos separatistas para las mayorías parlamentarias, más posibilidades hay de que este Gobierno cometa el atropello de dar privilegios a unos señores condenados por delitos gravísimos, que han puesto en jaque la democracia y han destrozado muchas familias en Cataluña», ha señalado.
Además, ha puesto de manifiesto el giro que ha dado el propio Sánchez, que antes afirmaba que los líderes independentistas habían cometido un delito de rebelión y que el Gobierno trabajaba para traer de vuelta a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que fuese juzgado. Ahora, en cambio, «está en rebajar la pena de sedición y no descarta los indultos», ha añadido.
Respecto a la posición de Ciudadanos ante el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, con el que ha ido acordando medidas frente a la crisis del coronavirus, Arrimadas explicado que su partido busca siempre «el interés general de los españoles» y en eso basa sus decisiones.
«Si eso en un futuro da rédito político, perfecto. Y si no, dormiremos tranquilos porque estamos haciendo lo que creemos que es correcto», ha declarado. A su juicio, sería «inmoral» estar pendiente ahora de las encuestas electorales, con más de cien personas muriendo cada día en España por el Covid-19 y mientras «se arruinan muchas familias» por la crisis económica.
SÁNCHEZ Y LA «LLUVIA DE MILLONES EUROPEA»
Por último, la líder de la formación naranja ha criticado la presentación «a bombo y platillo» que hizo el presidente del Gobierno esta semana de su ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ como si fuera una «lluvia de millones europea».
Sánchez anunció el plan para ejecutar 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, pero «no habló de reformas», ha lamentado, recalcando que España necesita acometer reformas en ámbitos como la educación, la sanidad o el empleo porque «no puede, otra vez, cogernos una crisis en situación de vulnerabilidad».
Así, ha destacado que esos fondos se recibirán si España prevé destinarlos a proyectos que obtengan el visto bueno de Bruselas. Por ello, ha reclamado que el reparto de las ayudas no sea por criterios «ideológicos» y que haya una agencia independiente que controle la asignación de los recursos.
