El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, considera que el Gobierno se ha encontrado ante un «dilema» con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha optado «por la vía que parece más democrática, que es respetar la voluntad de una mayoría absoluta del Congreso» en lugar de «tolerar que prosiga el bloqueo de 89 diputados».
En una entrevista, Muñiz ha asegurado que «realmente era un dilema» y que la reforma «no era la primera opción que el Gobierno hubiese preferido», porque lo que quería era negociar con la oposición. Además, cree que «esto no afecta a la condición de España como un Estado donde el Estado de Derecho es central», sino que «lo continúa siendo, por muchos motivos» y así lo reflejarán los futuros informes que haga la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los países europeos.
Muñiz ha asegurado que no le consta ningún contacto concreto de la Comisión Europea sobre la reforma -el Ejecutivo comunitario dijo el jueves que está siguiendo el tema de cerca– ni consultas de ningún otro país. El asunto sí se planteó, en cambio, en un encuentro con corresponsales británicos en España que tuvo este jueves, como parte de los encuentros habituales que tiene con la prensa extranjera.
El secretario de Estado ha pedido tener en cuenta, en primer lugar, que el CGPJ no es un órgano jurisdiccional sino de gobierno de los jueces, aunque en algunos casos tiene funciones de nombramiento. También ha remarcado que debería renovarse hace dos años, con lo que su mandato se ha «extendido de manera artificial», y que el reciente informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho pedía precisamente la renovación del órgano.
ACEPTAR EL VETO DEL PP SERÍA «LA DISOLUCIÓN DEL GOBIERNO»
Además, ha subrayado que las objeciones que ha planteado el PP para no negociar la renovación son «realmente un veto político porque no es una discusión sobre el fondo de la renovación sino que lo que se exige es que una parte del gobierno no forme». «Es un veto que no tiene visos ni de ser aceptable porque implicaría a todos los efectos la disolución del Gobierno y no tiene visos de levantarse porque es profundamente político», ha señalado.
Por eso, ha insistido en que el Gobierno lleva «prefiriendo desde hace dos años que esto se hubiese decidido por mayorías cualificadas» y en que la situación actual no es «voluntad o deseo del Gobierno» sino porque hay «un bloqueo de los órganos» que tiene «implicaciones importantes». Eso es así, ha explicado, porque es un CGPJ en interinidad que ejerce «plenas funciones», ya que la interinidad no está regulada, algo que quiere hacer también la reforma.
Por todo ello, ha defendido que el argumento de que el proyecto de reforma «no es democrático, de que es dictatorial se tiene que plantear a la minoría de 80 diputados que quiere bloquear la renovación de los órganos constitucionales y no a la mayoría absoluta de ciento setenta y pico que lo que quiere es desbloquear la renovación y la regeneración de los órganos constitucionales».
LA RELACIÓN CON EL FONDO EUROPEO, UNA «FALACIA»
Por otro lado, ha tachado de «falacia» y «falso debate» la posibilidad de que este asunto pueda afectar al desembolso de ayudas procedentes del Fondo de Recuperación europeo, por un lado porque aún no se ha fijado ninguna condicionalidad sobre el Estado de Derecho, sino que se está debatiendo, y porque sería una condicionalidad «para la parte del fondo que se destine a proyectos donde se pueda ver erosionado el Estado de Derecho».
«En ningún caso sería relativo a la composición y constitución de los órganos de gobierno de los jueces, porque ni nosotros ni nadie vamos a utilizar, porque no es su objetivo, el fondo de recuperación y resiliencia para financiar el órgano de gobierno de los jueces. Será para los proyectos que constituyan, en todo caso, una amenaza para el Estado de Derecho», ha zanjado.
