El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al frente de la que está Ángel Luis Ortiz, por delitos contra los derechos de los trabajadores, y estudiará las medidas de protección entregadas a los funcionarios de prisiones y los protocolos acordados para garantizar la seguridad de los mismos durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
En un auto la magistrada, María del Pilar Martínez Gamo, atiende así un recurso de la ‘Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar‘ contra el auto que inadmitía la querella en abril. Y recoge el informe favorable del Ministerio Fiscal para investigar la gestión de la pandemia por parte IIPP, dependiente del Ministerio del Interior.
En este sentido, la magistrada apunta que Fiscalía solicita practicar al menos «una serie de diligencias de investigación» con el objetivo de conocer las medidas adoptadas, los protocolos de seguridad y el número de funcionarios de prisiones que han contraído la Covid-19 y las causas de contagio.
Por eso, acuerda reclamar a IIPP, para que lo aporten en formato CD, los protocolos de actuación en relación con la Covid-19 que se aplicaron por los directores de los centros penitenciarios, y que detallen tanto los equipos de protección individual (epis) que entregaron a los trabajadores como el número de estos que «hayan contraído el virus a consecuencia de su desempeño» laboral.
También requiere la documentación acreditativa de las peticiones efectuadas por cada uno de los centros penitenciarios o de inserción social al Ministerio de Interior para que les proporcionara epis y medidas de seguridad. Asimismo, la magistrada quiere tener también sobre la mesa las actas de las reuniones del comité de seguridad y salud de cada centro en el que se tratara sobre la Covid-19.
Además, en el auto se acuerda mandar un oficio a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre si en las cárceles y centros de inserción social se ha producido una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales en el desempeño por los funcionarios de su trabajo en la situación de exposición a la covid-19.
FALTA DE MASCARILLAS Y PROHIBICIÓN DE SU USO
Desde la ‘Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar’ denuncian que durante la primera ola y parte de la segunda a los trabajadores penitenciarios no se les dotó de mascarillas adecuadas para el desempeño de su trabajo, y apuntan que se les llegó a prohibir su uso para no alarmar a los internos.
Esto provocó, dicen, que los funcionarios debieran traer sus epis desde su casa con el riesgo de ser expedientados por la prohibición de su uso, para no alarmar a la población reclusa, y añaden que durante los meses de marzo y abril la dotación de mascarillas y guantes fue muy escasa, y en muchos centros inexistente.
Además, lamentan que aun hoy la realización de test preventivos es residual, y que la mutua de accidentes que lleva la prevención no los realiza, con conocimiento de la secretaria general de IIPP. Asimismo, apuntan que a los internos si que se les realizan test de antígenos de manera recurrente, lo que les hace pensar que el problema no es la falta de recursos sino de ahorro presupuestario a costa de la salud de los trabajadores y sus familias.
