El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado este miércoles el incendio forestal del 8 de junio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, y ha exigido al Gobierno central que active cuanto antes las medidas compensatorias previstas para este tipo de emergencias. La decisión, adoptada en su reunión semanal, reconoce el grave impacto que las llamas tuvieron sobre la dehesa, los cultivos y la cabaña ganadera de toda la comarca del Andévalo onubense.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta de Andalucía ha declarado desastre natural el incendio que afectó a Villanueva de los Castillejos, Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre (Huelva) el 8 de junio.
- ¿Dónde y quién? La decisión la ha tomado este miércoles el Consejo de Gobierno andaluz. El Plan Infoca movilizó a más de 500 profesionales y el fuego arrasó 6.300 hectáreas.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? La Junta reclama al Estado medidas urgentes y prepara ayudas directas para los agricultores y ganaderos afectados, con flexibilización de requisitos de la PAC.
Un incendio que activó al Plan Infoca y calcinó 6.300 hectáreas
El incendio, que afectó también a los municipios de Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, movilizó durante cuatro jornadas a más de 500 profesionales de distintas administraciones coordinados por el Plan Infoca. Según los datos oficiales, las llamas arrasaron 6.300 hectáreas —3.370 de Gibraleón, 1.363 de San Bartolomé de la Torre y 1.577 repartidas entre Alosno y Villanueva de los Castillejos—, una superficie que equivale a casi diez veces el término municipal de la propia Villanueva de los Castillejos.
El balance de daños elaborado por la Consejeria de Agricultura es demoledor: 30 explotaciones agrarias afectadas, 300 cabezas de bovino sin acceso a pastos y 14 animales muertos. Además, el fuego ha dejado sin montanera a las piaras de cerdo ibérico que pastaban en la dehesa, ha calcinado sistemas de riego y maquinaria y ha comprometido los pastos que alimentan al ganado ecológico de la zona. La Junta ya ha anunciado que autorizará la alimentación convencional para esos animales mientras los pastos naturales no se regeneren.
Los daños al campo y las primeras respuestas de la Junta
Con la declaración de desastre natural, el Gobierno andaluz da el primer paso para movilizar recursos propios y, sobre todo, para reclamar al Estado la declaración de la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que abriría la puerta a subvenciones excepcionales y beneficios fiscales. La Consejería de Agricultura estudia además flexibilizar los requisitos de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común) que tienen concedidas los titulares de las explotaciones siniestradas, de modo que no pierdan esas subvenciones por circunstancias sobrevenidas.
El impacto del fuego se produce en una comarca donde el sector primario sigue siendo el principal motor de empleo y donde la ganadería extensiva en dehesa constituye un modelo de producción sostenible reconocido a nivel europeo. La pérdida de arbolado, pastos y montanera supone un golpe que los agricultores difícilmente podrán absorber sin el respaldo de las administraciones. Fuentes del sector cifran en varios millones de euros el valor de los daños entre infraestructuras, forrajes y lucro cesante por la caída de la actividad durante los próximos meses.
El Andévalo onubense ha perdido en pocas horas los pastos que alimentan al cerdo ibérico, justo cuando la montanera se prepara para la campaña de otoño.
La Junta de Andalucía ha insistido en que la celeridad con la que active el Gobierno central los mecanismos compensatorios será determinante para evitar el abandono de explotaciones. El presidente autonómico, Juanma Moreno, ya ha trasladado a los alcaldes de los municipios afectados el compromiso de su gabinete de no dejar a ningún productor atrás mientras se tramitan las ayudas. Al mismo tiempo, la Consejería de Agricultura prepara una orden para facilitar el acceso a préstamos bonificados y la moratoria en el pago de las cuotas de la seguridad social agraria.
La Lectura Andaluza
La declaración del incendio de Villanueva de los Castillejos como desastre natural coloca sobre la mesa un debate recurrente en Andalucía: la dependencia del campo de las ayudas públicas cuando un siniestro arrasa en horas el trabajo de años. En una provincia como Huelva, donde la dehesa no es solo un paisaje sino la base de la economía de decenas de pueblos, la respuesta de las administraciones determina cuántas familias seguirán viviendo de la tierra.
La Junta de Andalucía ha optado por una estrategia de doble vía: activar de inmediato sus propios instrumentos —como la flexibilización de la PAC y la autorización de alimentación excepcional para el ganado— y reclamar al Gobierno central que asuma su parte. La experiencia de incendios anteriores en Huelva, como el que en 2020 calcinó miles de hectáreas en la Sierra de Aracena, ha demostrado que la lentitud en la llegada de las ayudas acelera el abandono del campo. Por eso, la petición de Juanma Moreno va acompañada de un calendario claro: que antes de que finalice el verano las explotaciones sepan con qué recursos cuentan para replantar y recuperar la cabaña.
El valor de la montanera perdida en este incendio va más allá del lucro cesante: el cerdo ibérico alimentado en la dehesa del Andévalo produce una de las carnes más cotizadas del mercado, y su recuperación exigirá al menos dos años de regeneración de pastos y arbolado. Mientras tanto, los ganaderos de Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre necesitan liquidez para comprar forraje y reconstruir cercados. Si las ayudas llegan a tiempo, la comarca podrá mantener su tejido productivo; si no, el fuego no solo habrá calcinado dehesa, sino también futuro.
