La Fiscalía Antidroga ha emitido este miércoles una instrucción para que se impute un delito de piratería a los ocupantes de las narcolanchas que ataquen a las fuerzas de seguridad en el mar de Algeciras y en todo el litoral andaluz. La medida, que se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, busca reforzar la respuesta penal contra la creciente violencia en el Estrecho de Gibraltar.
La orden, firmada por la fiscal jefa Rosa Ana Morán, solicita a los agentes que recojan todas las pruebas posibles —fotografías, vídeos, atestados con todos los detalles de los actos violentos— para que los fiscales puedan encuadrar estos hechos dentro del artículo 616 ter del Código Penal. Este precepto castiga la piratería con penas de 10 a 15 años de prisión, sin perjuicio de los delitos adicionales de narcotráfico o atentado a la autoridad.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Antidroga pide imputar piratería a las tripulaciones de narcolanchas que cometan actos de violencia contra la Guardia Civil, vigilancia aduanera u otras fuerzas de seguridad en el mar.
- ¿Dónde y quién? La instrucción afecta a todo el litoral andaluz, con especial incidencia en el Campo de Gibraltar, Algeciras, Huelva y el Estrecho. La orden fue emitida por la fiscal jefa Antidroga y se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Refuerza la seguridad en la navegación y en las zonas costeras, permitiendo que los ataques deliberados con embarcaciones de alta velocidad tengan una respuesta penal más contundente.
El artículo 616 ter, el paraguas legal contra la violencia en el mar
La instrucción se centra en el artículo 616 ter del Código Penal, que castiga a quien “con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una embarcación o plataforma en el mar, o atente contra las personas a bordo”. La pena prevista es de diez a quince años de prisión, y se aplica ya a actos de terrorismo marítimo, pero la Fiscalía entiende que también debe extenderse a los ataques intencionados de las narcolanchas.
La fiscal jefa recuerda que el bien jurídico protegido es la seguridad de la navegación marítima, no solo en aguas internacionales. De hecho, una sentencia reciente del Tribunal Supremo —que cita expresamente la instrucción— revocó una absolución por piratería y confirmó la tesis de la Fiscalía Especial Antidroga: el delito no exige ánimo de lucro personal ni que los hechos ocurran fuera de la jurisdicción nacional. Basta con que exista una conducta violenta sobre una embarcación o sus ocupantes que comprometa gravemente la seguridad en el mar.
“La interpretación de la Fiscalía, confirmada por el Tribunal Supremo, permite vislumbrar la aplicación de este tipo penal a determinadas conductas en las que se dan acometimientos, actos de violencia o ataques con narcolanchas”, subraya Morán. La orden pide a los agentes que hagan constar en los atestados cualquier “acto de violencia, intimidación, ataque o acometimiento directo o indirecto”, y que se adjunten fotografías, grabaciones o cualquier otro medio de prueba.
De la huida al ataque: una escalada que ya ha costado vidas
La ofensiva judicial llega tras meses de un alarmante recrudecimiento de la violencia en el mar. Hace apenas unos días, dos guardias civiles murieron en aguas de Huelva cuando su embarcación fue embestida por una narcolancha durante una persecución. En el Campo de Gibraltar, epicentro del tráfico de hachís en Europa, los choques entre las patrulleras del Servicio Marítimo y las semirrígidas de los narcos se han convertido en algo casi cotidiano.
Las narcolanchas ya no solo huyen: atacan deliberadamente. Las imágenes de helicópteros y lanchas oficiales acosadas por ocupantes de estas embarcaciones se repiten frente a las costas de Cádiz, Málaga y Huelva. La instrucción recoge que deben perseguirse estos actos “especialmente cuando se dirigen contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de vigilancia aduanera en su labor de impedir la comisión de delitos”.
El Estrecho de Gibraltar no solo es la frontera sur de Europa para la inmigración irregular, sino también para el narcotráfico más violento, donde las tripulaciones ya no huyen: atacan.
La claridad de la instrucción busca que los fiscales puedan, a partir de ahora, interponer querellas por piratería junto a los habituales delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal o atentado contra la autoridad. La acumulación de penas puede elevar sustancialmente las condenas, aumentando la disuasión en una zona donde la sensación de impunidad ha ido en aumento.
La Lectura Andaluza
Andalucía, con sus más de 900 kilómetros de costa, es la principal puerta de entrada del hachís a Europa y el escenario natural de estas persecuciones. El Puerto de Algeciras, el Campo de Gibraltar y las playas desde Huelva hasta Almería soportan una presión constante que afecta no solo a los cuerpos de seguridad, sino a la ciudadanía que vive del turismo, la pesca y el ocio náutico. Los episodios de violencia en el mar ya no son hechos aislados: en el primer semestre de 2026, las incautaciones de hachís en la costa andaluza han superado las 150 toneladas, según datos del Servicio de Vigilancia Aduanera, y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han duplicado respecto al mismo periodo del año anterior.
La nueva instrucción tiene un valor de proximidad directo: los andaluces que cada verano llenan las playas de la Costa del Sol o la Costa de la Luz pueden sentirse un poco más seguros. No se trata solo de sancionar al narco, sino de proteger la navegación y evitar que las persecuciones se conviertan en tragedias. La aplicación del artículo 616 ter, avalada por el Tribunal Supremo, dota a fiscales y jueces de una herramienta jurídica contundente para castigar a quienes convierten el mar en un territorio sin ley.
De cara al futuro, se espera que las primeras querellas por piratería contra narcos se presenten en los juzgados de la provincia de Cádiz y Huelva en los próximos meses. La Fiscalía confía en que la recogida minuciosa de pruebas —vídeos, testimonios, peritajes de colisiones— permita superar la fase de instrucción y sentar a los responsables en el banquillo. Si la jurisprudencia consolida esta línea, Andalucía podría liderar una nueva ofensiva judicial contra el crimen organizado que opera en sus aguas, una batalla que empezó en el Estrecho pero que afecta a toda Europa.
