Hay una regla no escrita que cualquier responsable de Seguridad debería llevar tatuada: cuando la policía detiene a quien agrede a un ciudadano, el consejero aplaude, no protesta. Bingen Zupiria, consejero vasco de Seguridad, ha decidido hacer justo lo contrario, y el resultado es un espectáculo que conviene mirar con calma, porque dice más de quien gobierna que de a quién se acusa. Déjame que te lo cuente ordenado, porque el relato tiene truco.
El consejero que dispara contra quien investiga
El punto de partida es una entrevista en El Correo en la que Zupiria carga contra las Fuerzas de Seguridad del Estado con una tesis difícil de sostener. Según sus propias palabras, el objetivo de la Policía Nacional y la Guardia Civil sería «alterar el sistema vasco de seguridad y tener una presencia mayor» en Euskadi. No lo dice un tuitero anónimo: lo dice el máximo responsable político de la seguridad en el País Vasco sobre los dos cuerpos con los que, por ley, está obligado a coordinarse.
El detonante, sin embargo, lo retrata entero. El enfado del consejero llega después de que la Policía Nacional detuviera a varios de los presuntos agresores de aficionados de la selección española durante el día de la final del Mundial contra Argentina. El argumento de Zupiria es competencial —sostiene que esas investigaciones correspondían a la Ertzaintza— y en la entrevista llega a acusar a «mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional» de aprovechar los incidentes como una oportunidad para recuperar una posición que, dice, no les corresponde legalmente. Traducido: le molesta más quién detuvo a los agresores que el hecho de que hubiera agresiones.
Un operativo bajo sospecha
Y aquí está el fondo que el consejero intenta tapar con ruido. Sus declaraciones son, en realidad, una defensa a ultranza del operativo de la Ertzaintza aquel día, sobre el que planea una sospecha incómoda: la de que la policía autonómica tuviera la consigna de ponerse de perfil ante las agresiones de grupos abertzales a aficionados vestidos con la camiseta de España. No lo afirmo yo; es el recelo que, tal y como recoge Escudo Digital, se manifestó en distintos sectores tras la final.
Que la duda exista ya es grave, porque afecta a lo esencial: si un ciudadano no puede fiarse de que la policía lo proteja con independencia de la camiseta que lleve, el problema deja de ser competencial y pasa a ser democrático. Un cuerpo policial se debe a todos los ciudadanos por igual, y cualquier sombra de tibieza selectiva ante una agresión ideológica es exactamente lo que un consejero serio debería aclarar de inmediato, no blindar con acusaciones a terceros.
El clamor en la Policía y la Guardia Civil
La respuesta a las palabras de Zupiria ha sido contundente, y va mucho más allá de la anécdota. En el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil existe un auténtico clamor contra la falta de colaboración del consejero, al que fuentes de ambos cuerpos reprochan sin medias tintas su ineptitud y sus malas artes. El propio diario apunta que la coordinación entre la Ertzaintza y la Policía Nacional suele ser impecable, y que los problemas los crean quienes toman las decisiones políticas en la Consejería, no los agentes sobre el terreno.
Los sindicatos han puesto el dedo en la llaga del modo más eficaz posible, que es con datos. La Confederación Española de Policía atribuye las declaraciones del consejero a una cortina de humo para tapar que el País Vasco cerró 2025 con una tasa de criminalidad de 48,9 delitos por cada mil habitantes, el dato más alto en quince años, mientras el Sindicato Profesional de la Ertzaintza, el SIPE, le exige directamente que deje de buscar culpables fuera. Cuando tu propia policía autonómica te pide que dejes de señalar a otros, algo se ha roto en casa.
Ni siquiera el flanco institucional le acompaña. La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, salió al paso de lo que calificó abiertamente de «conspiranoia» del consejero y defendió la labor de la Policía y la Guardia Civil, rechazando además cualquier duda sobre la legalidad de sus actuaciones. Es decir: la representante del Estado en el País Vasco desautoriza al consejero en el mismo terreno que él había elegido para pelear.
Cortina de humo y colocación de afines
Conviene unir los puntos, porque el patrón es más elocuente que cada pieza suelta. Mientras la criminalidad marca su peor registro en quince años, el consejero no comparece para explicar qué va a hacer con esos números, sino que dedica sus energías a acusar a la Policía y a la Guardia Civil de conspirar contra el autogobierno vasco. Es el viejo manual: cuando los datos propios son malos, se fabrica un enemigo externo.
A ese cuadro se suma un gesto que habla por sí solo sobre las prioridades de la Consejería. Una de las últimas decisiones de Zupiria, ha sido destituir a Victoria Landa al frente de la dirección de la Ertzaintza para colocar en su lugar a Aitor Landa, exdirigente del PNV de Vizcaya. Que el relevo en la cúpula de una policía autonómica recaiga en un antiguo cargo orgánico del partido que sostiene al Gobierno no es la mejor manera de defender la profesionalidad y la neutralidad del cuerpo que uno dice proteger. Y mientras tanto, la Ertzaintza participa en el CITCO, el centro que coordina a los cuerpos del Estado frente al terrorismo y el crimen organizado, pero, raramente colabora de verdad.
No se trata de negar la competencia de la Ertzaintza, que es real y respetable, ni de convertir un problema de coordinación en una guerra de banderas. Se trata de recordar lo evidente: el trabajo de un consejero de Seguridad es proteger al ciudadano y engrasar la colaboración entre cuerpos, no incendiarla para tapar sus propias cifras. Cuando la policía detiene a quien agrede a un aficionado por vestir una camiseta, el responsable político da las gracias. Si en lugar de eso busca un culpable con uniforme del Estado, quizá el problema no esté en la Policía ni en la Guardia Civil. Quizá esté, como reclaman cada vez más voces dentro de esos cuerpos, en el propio despacho del consejero.
