El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha elevado esta semana una queja formal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), por dos detenciones realizadas por la Policía Nacional en dos localidades de Bizkaia. Zupiria considera que el cuerpo estatal se ha saltado el reparto competencial que otorga a la Ertzaintza la condición de ‘Policía integral’ en el País Vasco y lo ha calificado de ‘inaceptable’.
Las detenciones se enmarcan en la investigación por los incidentes contra aficionados de la selección española durante la celebración de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. El consejero ha confirmado que la Ertzaintza ya tenía abiertas sus propias diligencias y que, hasta el momento, son cinco los arrestados y medio centenar los investigados.
Las detenciones que desataron el conflicto
Según ha relatado Zupiria en una entrevista en Euskadi Irratia, la Policía Nacional llevó a cabo los arrestos sin coordinarse con la policía autonómica. Tras conocer los hechos, el Gobierno Vasco comunicó al Ejecutivo central su malestar. ‘Se le ha comunicado al Gobierno de España que esto es inaceptable’, ha declarado.
La delegada del Gobierno en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, defendió la intervención y subrayó que las actuaciones se referían a un presunto ‘delito de odio’. Por su parte, Zupiria ha destacado que la Ertzaintza ‘sigue analizando lo ocurrido’ y confía en que algunos de los identificados puedan ser sancionados mediante la llamada ‘ley mordaza’ o incluso procesados judicialmente.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideró que pretender que la Policía Nacional no pueda intervenir en Euskadi es propio de una ‘república bananera’. Ante esas críticas, Zupiria zanjó que él no discute con sindicatos policiales, sino que trata directamente ‘con el Gobierno de Madrid’ y con el ministro del Interior.
El marco competencial en disputa
El reparto de funciones policiales en el País Vasco está delimitado por el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de 1979 y por las leyes estatales de 1986. La Ertzaintza actúa como policía ‘integral’, reservándose a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios extracomunitarios y supracomunitarios, así como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas, fronteras, aduanas y otras materias como extranjería, DNI, armas y explosivos.
No obstante, el propio Estatuto prevé que los cuerpos estatales ‘podrán intervenir en el mantenimiento del orden público’ si son requeridos por el Gobierno Vasco o, excepcionalmente, ‘por propia iniciativa’ y ‘en supuestos de especial urgencia’, bajo responsabilidad exclusiva del Gobierno central y dando cuenta a las Cortes Generales. Zupiria sostiene que las detenciones no encajaban en ninguno de esos supuestos.
El consejero ha situado este episodio dentro de una dinámica más amplia en la que, a su juicio, ‘poderes del Estado’ actúan ‘por encima’ del signo político de quien gobierna en Madrid. Ha vinculado, además, esta controversia con las dificultades para culminar la transferencia de la competencia de Seguridad Social, pendiente desde 1979 y que ha vuelto a enquistarse durante el verano.
Reacciones y contexto político
EH Bildu y Elkarrekin Podemos han mostrado su apoyo a la reivindicación competencial del consejero, mientras que el PP vasco ha pedido que se respete el marco estatutario sin perjudicar la lucha contra la delincuencia. Desde el Gobierno central no se ha emitido una respuesta oficial más allá de la defensa de las actuaciones por parte de la Delegación del Ejecutivo en Euskadi.
La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 y el Estatuto de Gernika fijan un reparto preciso: la Ertzaintza es la policía principal en Euskadi, salvo en ámbitos reservados al Estado.
Zupiria ha insistido en que la Ertzaintza no ha mirado ‘a otro lado’. El departamento de Seguridad mantiene abiertas líneas de investigación en varias localidades y dispone de abundante material videográfico para identificar a los autores de los altercados. A su vez, ha señalado a grupos de ‘extrema izquierda’ como responsables de la violencia callejera, relacionando estos hechos con la respuesta a una visita de la Falange a Vitoria-Gasteiz en octubre de 2025.
El conflicto competencial llega en un momento de negociaciones tensas entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central, en las que está en juego el calendario de las transferencias pendientes. La controversia sobre la Policía Nacional añade un nuevo punto de fricción y reaviva el debate sobre los límites de la autonomía vasca en materia de seguridad.
