Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido al Gobierno de España que restablezca «de inmediato» la electricidad a los hogares afectados por los cortes de electricidad en la Cañada Real Galiana y que «ponen en peligro» la salud de unos 1.800 niños y niñas, ahora que las temperaturas se acercan a los 0 grados.
«Los niños y niñas de la Cañada Real Galiana están sufriendo unas condiciones de vida extremadamente difíciles, y su salud está en grave peligro», han advertido los expertos.
Por ello, han subrayado que, «ahora que se acerca el invierno, y especialmente durante la pandemia de COVID-19, la electricidad debe ser inmediatamente restaurada».
El último corte de energía comenzó el 2 de octubre y afecta a al menos a 4.500 personas, particularmente en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana. El asentamiento alberga a unas 8.000 personas que viven en una franja de 16 km de largo y 75 metros de ancho establecida hace más de 40 años. Muchas de las personas residentes son migrantes o romaníes.
Además, los expertos han mostrado su especial inquietud por los niños. «Las temperaturas en Madrid continúan bajando, y al menos un bebé ya fue llevado al hospital con síntomas de hipotermia», han avisado los expertos.
Según precisan, «sin electricidad, no hay calefacción ni agua caliente en las casas, lo que significa que los niños y niñas no pueden ducharse ni lavarse adecuadamente», algo «especialmente preocupante» durante la pandemia de la Covid-19, «cuando la higiene es más importante que nunca».
Asimismo, han puesto de relieve que los que utilizan sillas de ruedas eléctricas no pueden cargar sus baterías; que los niños y niñas con diabetes no pueden mantener la insulina a la temperatura adecuada; y que aquellos con autismo tienen problemas para adaptarse a la falta de luz. Además, alertan de que una niña que normalmente utiliza un equipo de oxigenoterapia durante 15 ó 16 horas al día ha visto impedido su uso.
«La falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación», han dicho los expertos.
Tampoco tienen luz para hacer sus deberes y no pueden usar Internet para las clases que se están dando en línea durante la pandemia, según añaden. Además, precisan que las ONG que proporcionan apoyo educativo a los estudiantes fuera del horario escolar no pueden funcionar porque carecen de calefacción y electricidad.
«Sin una acción decidida para remediar inmediatamente esta situación, el rezago educativo de los niños y niñas que viven en Cañada Real va a empeorar aún más», han subrayado los expertos de la ONU.
Además, han criticado a las autoridades que culparon de los cortes de electricidad a las plantaciones ilegales de marihuana, y que dieron a entender que las personas residentes en el asentamiento informal son delincuentes.
«Pedimos a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza», han reclamado los expertos, añadiendo que las personas que viven en la Cañada Real «necesitan urgentemente el apoyo del Gobierno para lograr unas condiciones de vida adecuadas, y no ataques verbales que provoquen la hostilidad pública.
Los expertos que han realizado estas advertencias, y que han estado en contacto con el Gobierno de España de antemano para aclarar estos problemas, son: el Relator especial sobre la vivienda adecuada Balakrishnan Rajagopal; el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Gerard Quinn; la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver.
El listado de expertos lo completan: la Relatora Especial sobre el derecho al disfrute de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales; el Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes; el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter; y el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.
