El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido este miércoles al diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados que se repase el artículo 29 de la Ley del Indulto porque «lo mismo se lleva una sorpresa». El citado precepto permite la concesión de la medida de gracia respecto de determinados delitos, entre los que se encontraría la sedición, sin necesidad de pedir informe al tribunal sentenciador.
Fuentes jurídicas consultadas han señalado que el precepto, incluido en la Ley de 1870, hace mención a determinados capítulos y títulos del Código Penal vigente entonces entre los que se encontrarían los comportamientos sediciosos, por lo que englobaría una de las conductas por las que fueron condenados los líderes independentistas catalanes, y pese a ello sí se solicitó dicho informe al tribunal. Las penas por malversación, sin embargo, no estarían incluidas en el precepto y hubieran requerido en todo caso de informe del Tribunal Supremo.
Campo ha respondido de este modo a la cuestión que le ha sido planteada por Bermúdez de Castro sobre si propondrá al Consejo de Ministros la concesión de los indultos sin que concurran razones de justicia, equidad y utilidad pública.
Repitiendo su mensaje de respuestas anteriores, el titular de Justicia ha recordado al diputado popular que «la aplicación de la ley nunca humilla al que la aplica» y que proponer un acuerdo de estimación de la medida de gracia es tan ajustado a derecho como instar a un acuerdo denegatorio de la misma, incluso con informe negativo del tribunal Supremo, porque así señala la ley.
«NO ES ARBITRARIO, ES DISCRECIONAL»
Ha sido en este momento cuando ha sugerido al parlamentario del partido liderado por Pablo Casado que repase el artículo 29 de la norma. Ha insistido en que el criterio de utilidad publica que pueda aplicarse a la decisión que se adopte «le corresponde al Gobierno y que el uso del indulto no es arbitrario, es discrecional, y que esta discreción «la marca el Gobierno».
Repecho a otra pregunta que se le ha realizado por el PP, por parte del diputado Jaime Eduardo de Olano, sobre si considera el que los indultos a los condenados por sedición va a facilitar la aplicación de la euroorden de detención del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, Campo ha señalado que en ella se mezclaban conceptos jurídicos que no tienen nada que ver, y que la cooperación internacional funciona satisfactoriamente.
De Olano había preguntado a Campo si le «merece la pena, como juez, atacar a nuestra democracia por mantenerse unos meses más en el poder» y ha mencionado la supuesta nueva «hoja de ruta» del indepdendentismos que ha salido a la luz en la instrucción del ‘caso Voloh’, por lo que considera que el Ejecutivo «está poniendo la primera piedra del segundo ‘procés'». «Echar la culpa al PP cuando Gobernaba de la situación en Cataluña es como echarle la culpa a Suárez del 23-F», ha manifestado de Olano.
En este punto, el ministro de Justicia ha acusado al PP de acoger «la idea de los indultos como la kriptonita del Gobierno», si bien le ha advertido de «cómo acabó Superman». Respecto a la suborden, ha recordado las altas cifras de las emitidas, que colocan a España como el primer país en perseguir el delito, y ha recordado que con Bélgica y el tema de Puigdemont «hay un problema de interpretación» que se resolverá conforme a la legalidad, con la cuestión ya planteada en el TJUE.
