El Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud planteada por la Abogacía del Estado y no cerrará uno de los procesos del denominado ‘Juicio por el clima’ al considerar que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso alcanzado en el Acuerdo de Paris de Cambio Climático, que tiene como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero.
Se trata de la segunda negativa que el Alto Tribunal traslada a la Abogacía después de que el pasado 14 de junio rechazase la petición de dar carpetazo al recurso presentado por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón. Las tres organizaciones insistían en que la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el pasado mes de marzo no satisfacía las obligaciones comprometidas por España.
Ahora, el Supremo deja claro en un auto con fecha 14 de septiembre que «no ha dejado de subsistir el interés legítimo de obtener tutela judicial por las organizaciones demandantes». Según ha señalado Greenpeace, todavía «persiste la inactividad de la Administración al no haber cumplido íntegramente el compromiso adquirido, que tiene su origen en un tratado internacional ratificado por el Estado Español y por la Unión Europea».
En concreto, las organizaciones se opusieron al cierre del litigio al considerar que no bastaba con la aprobación de cualquier PNIEC, sino que debía ser un plan lo suficientemente ambicioso como para limitar el incremento de la temperatura global en 1,5°C. «Para cumplir ese objetivo de acuerdo con la ciencia las emisiones de CO2 deberían reducirse un 55% en 2030 en todo el planeta. Esta cifra está muy lejos del 23% de reducción de emisiones para 2030 planeado por el Gobierno en su PNIEC», recuerdan desde Greenpeace.
Ese fue precisamente el criterio al que aludió el Tribunal Supremo en su auto del 14 de junio, que venía a responder a la primera petición por parte de la Abogacía del Estado para se cerrase el proceso. «Subsiste la pretensión de que se condene al Gobierno del Estado Español a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1. a) del Acuerdo de Paris de Cambio Climático, cumpla el objetivo de reducción de las gases de efecto invernadero en ningún caso inferiores al 55% en 2030 respecto a 1990», apuntaba el escrito.
LAS ASOCIACIONES CELEBRAN EL FALLO
Para la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta el último pronunciamiento del Alto Tribunal supone «una victoria muy importante». Por otro lado, ha calificado de «lamentable que la Abogacía del Estado se comporte como defensora de la actuación del Gobierno, en lugar de defender los intereses generales de la ciudadanía, vinculados con la protección del medio ambiente y el clima».
Por su parte, coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha sostenido que «el fallo del Tribunal Supremo avala muchas de las demandas escuchadas en las calles durante los últimos años, en las que se ha mostrado» que todavía se está «lejos de enfrentar la emergencia climática».
Por último, la responsable de clima y resiliencia de Oxfam Intermón, Lourdes Benavides, ha exigido al Ejecutivo «compromisos ambiciosos y urgentes» y que cumpla con su «responsabilidad». Además, ha instado a los jueces que escuchen sus «argumentos, avalados por numerosos estudios y evidencias científicas».
