La exclusión de los solicitantes de apatridia —en su mayoría personas saharauis— del nuevo proceso extraordinario de regularización migratoria aprobado por el Gobierno se ha convertido en un punto de fricción e una medida ampliamente respaldada desde ámbitos progresistas y algunos tradicionalmente cercano a las derecha.
Distintas organizaciones sociales sostienen que no se trata de un problema técnico, sino de una decisión política adoptada en la fase final de elaboración del decreto. El cambio es verificable: los solicitantes de apatridia estaban incluidos en los borradores iniciales y desaparecieron en el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros.
La consecuencia es inmediata: miles de personas quedan fuera de la vía extraordinaria que sí beneficiará a otros colectivos en situación administrativa similar. Desde la plataforma No te olvides del Sáhara Occidental insisten en que el propio decreto evidencia que existía margen para actuar de otra manera.
El Ejecutivo ha diseñado mecanismos específicos, con procedimientos más rápidos y la posibilidad de trabajar desde el inicio de la tramitación, pero esa arquitectura no se ha aplicado a los casos de apatridia. El argumento de que las personas saharauis disponen de vías alternativas tampoco resulta suficiente para las organizaciones que trabajan sobre el terreno. Recuerdan que otros colectivos también contaban con procedimientos previos y, aun así, han sido incluidos en esta regularización extraordinaria con mejores condiciones.
La diferencia, señalan, está en el trato: unos acceden a una solución ágil, mientras otros permanecen en procesos largos, bloqueados y sin acceso al empleo durante años. En España, la mayoría de solicitudes de apatridia corresponden a personas saharauis, lo que amplifica el impacto de la medida.
En la práctica, el decreto no los expulsa del sistema, pero los deja fuera de la única vía que podía modificar de forma inmediata su situación administrativa y laboral. La reforma aprobada por el Gobierno introduce cambios relevantes. Establece procedimientos más ágiles, fija plazos y habilita mecanismos que permiten a determinados solicitantes incorporarse al mercado laboral desde el inicio.
Además, incluye soluciones jurídicas específicas para solicitantes de protección internacional, lo que refuerza la idea de que existía capacidad normativa para incluir también a los solicitantes de apatridia. Sin embargo, esa posibilidad no se ha materializado.
Los lamparones saharauis de Sánchez
Las críticas se producen en un contexto político más amplio, marcado por la proyección internacional del presidente Pedro Sánchez, que intenta aprovechar su imagen internacional para amortiguar la debilidad que rodea al Gobierno a nivel interno.
En los últimos meses, el jefe del Ejecutivo ha reforzado su perfil exterior con posicionamientos que han tenido eco en sectores progresistas internacionales, especialmente en cuestiones como el genocidio perpetrado por Israel en Gaza o la intervención ilegal de Estados Unidos e Israel en Irán.
Ese perfil se ha construido también en contraste con líderes como el polémico Donald Trump, cuya agenda política y discurso han sido utilizados como referencia opuesta por parte de distintos dirigentes progresistas.
En ese marco, Sánchez ha sido presentado en algunos espacios políticos como un referente de posiciones alejadas del trumpismo y de las corrientes más conservadoras a nivel global. Este protagonismo internacional convive, sin embargo, con decisiones que siguen generando controversia, especialmente en relación con el Sáhara Occidental.
En marzo de 2022, el Gobierno español respaldó el plan de autonomía propuesto por Marruecos como base para resolver el conflicto, lo que supuso un giro respecto a la posición histórica de defensa del referéndum de autodeterminación. Aquel cambio provocó críticas de partidos políticos y organizaciones sociales, que lo interpretaron como un alejamiento del marco tradicional de la política exterior española en este ámbito y una «traición» del PSOE.
Desde entonces, la cuestión saharaui se mantiene como uno de los puntos más sensibles en la acción del Ejecutivo. La cuestión saharaui mantiene una fuerte carga simbólica en la sociedad española, donde existe una sensibilidad histórica hacia el pueblo del Sáhara Occidental, vinculada tanto al pasado colonial como a décadas de movilización social y solidaridad.
Asociaciones, colectivos y parte de la opinión pública han mantenido de forma sostenida la defensa del derecho de autodeterminación, lo que convierte cualquier decisión institucional en este ámbito en un asunto especialmente delicado.
