El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha ordenado el análisis de los movimientos bancarios del PSOE y del PSC correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. La diligencia, acordada por el juez Santiago Pedraz, se enmarca en la investigación del denominado ‘caso Leire’ y busca comprobar si desde Ferraz se realizaron pagos a empresas de campañas publicitarias que, según los investigadores, pudieron acabar en manos de la trama que supuestamente trataba de interferir en procedimientos judiciales.
El auto judicial, que responde a un atestado de la UCO fechado el 1 de junio, no supone una imputación formal contra el partido ni contra sus dirigentes, pero sí abre un frente de riesgo reputacional para la dirección federal en pleno ciclo preelectoral. Fuentes de Ferraz consultadas por Moncloa.com insisten en que la formación colaborará con la Justicia «como no puede ser de otra manera» y recuerdan que el propio partido ya facilitó documentación la semana pasada, cuando los agentes cursaron un primer requerimiento que permitió identificar operaciones comerciales con Iki Media Solutions SL, una de las sociedades del conglomerado investigado.
La petición de la UCO y los indicios del ‘caso Leire’
El corazón de la solicitud de la Guardia Civil reside en una doble coincidencia detectada durante el análisis de la información tributaria de Crónica Libre, el medio digital fundado por Leire Díez. Los agentes han constatado que en 2024, el mismo año en que se habría gestado la operación para influir en causas judiciales adversas al PSOE, la sociedad Iki Group Communications SL abonó 18.125 euros a ese medio. Y subrayan, además, una «proximidad cuantitativa» entre esa cifra y un pago de 20.000 euros que el PSOE habría efectuado al Grupo Crónica Libre a través de una tercera agencia entre abril y mayo de aquel año, formalmente enmarcado en una campaña publicitaria.
Para despejar si esos fondos pudieron desviarse hacia los investigados, la UCO reclama ahora todos los movimientos bancarios del PSOE y del PSC en seis cuentas concretas. También ha pedido a la Agencia Tributaria información fiscal y patrimonial de ambos partidos, de la consultora Zaño Consultores, del exlíder socialista Gaspar Zarrías, del letrado Ismael Oliver —titular de hasta 62 cuentas—, del abogado Jacobo Teijelo, de Crónica Libre y de todo el entramado societario de Iki Group.
La petición de la UCO es amplia, pero los investigadores acotan el periodo temporal a los ejercicios 2024 y 2025, coincidiendo con el momento en el que, según el sumario, Santos Cerdán —secretario de Organización del PSOE— habría impulsado las gestiones de Leire Díez para tratar de tumbar o condicionar procesos judiciales que afectaban al partido.
La reacción de Ferraz y el contexto político
Hasta ahora, la dirección federal ha optado por un perfil bajo. No hay comunicado oficial, y las fuentes consultadas por este diario evitan pronunciarse sobre el fondo mientras la instrucción sigue su curso. La estrategia de comunicación en Ferraz se limita a subrayar la predisposición a colaborar con el juez y a recordar que la investigación se encuentra en una fase preliminar, donde los indicios aún no han sido contrastados en sede judicial.
La prudencia de la cúpula socialista contrasta con el ruido que el ‘caso Leire’ genera en los pasillos del Congreso. La oposición, con el PP a la cabeza, ha encontrado en este nuevo episodio munición para cuestionar la ejemplaridad del Gobierno y del partido que lo sostiene. Pedro Sánchez no ha hecho declaraciones sobre la causa, pero en Moncloa asumen que el asunto se colará en las próximas sesiones de control y que la presión mediática irá en aumento a medida que el juez vaya practicando diligencias.
Las investigaciones judiciales sobre las cuentas de los partidos rara vez son un trámite inocuo, pero también es cierto que la colaboración con la Justicia es un imperativo democrático y una oportunidad para despejar dudas.
La novedad del actual requerimiento radica en que por primera vez el foco se sitúa directamente sobre los movimientos bancarios de la formación política, no solo sobre personas interpuestas o empresas pantalla. Ese salto cualitativo obliga a Ferraz a gestionar la comunicación con más cautela aún, sabiendo que cada extracto bancario solicitado por la UCO será interpretado como un elemento de desgaste por sus adversarios.
El Eje del Poder Socialista
El ‘caso Leire’ introduce una variable de complejidad en el tablero del PSOE que va más allá de lo judicial. Por primera vez en esta legislatura, una causa penal se sitúa en el centro de la maquinaria del partido, rozando a su secretario de Organización, Santos Cerdán, y obligando a Pedro Sánchez a un ejercicio de equilibrios entre la colaboración con la justicia, la defensa de la honorabilidad de la organización y la preservación de la iniciativa política.
En términos territoriales, la investigación afecta de lleno al PSC, que gobierna la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. La petición de los movimientos bancarios del PSC en 2024 y 2025 añade presión a Salvador Illa, que ha hecho de la bandera de la «estabilidad institucional» uno de los ejes de su mandato. Cataluña, además, es uno de los escenarios electorales más sensibles para los socialistas de cara al próximo ciclo de comicios autonómicos, y cualquier sombra de financiación irregular puede erosionar el relato de gestión limpia que el president socialista ha tratado de consolidar.
La dirección federal es consciente de que el momento político no es el más favorable para encajar un nuevo frente judicial. Con las encuestas apretadas y una mayoría parlamentaria que se sostiene sobre acuerdos frágiles con sus socios de investidura, el ruido procesal puede restar margen de maniobra al Gobierno y condicionar la agenda legislativa de los próximos meses.
Sin embargo, en Ferraz también recuerdan que el partido ha atravesado otras tormentas judiciales. El ‘caso de los ERE’ en Andalucía, que desgastó durante años al PSOE andaluz, terminó con varias condenas pero también con un relato interno que subrayó que las responsabilidades penales individuales no empañaban necesariamente el proyecto colectivo. Aunque las circunstancias son distintas y la investigación actual apunta al corazón financiero de la organización, la memoria de aquella crisis ofrece un patrón de gestión al que la cúpula socialista podría recurrir: separar las responsabilidades individuales de la acción política del partido, colaborar con los tribunales y evitar el cortoplacismo en las decisiones.
El principal riesgo a medio plazo es que la instrucción se eternice y la opinión pública asocie los movimientos bancarios investigados con prácticas sistemáticas, sin que exista una sentencia que aclare los hechos. La Justicia tiene sus tiempos, pero la política, como se vio en otras causas, no espera.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Colaboración total con la Justicia y defensa de la honorabilidad de la organización mientras se respeta la presunción de inocencia de cualquier afectado.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Previsible práctica de nuevas diligencias por parte del juez Pedraz en las próximas semanas, que podrían incluir la comparecencia de responsables de la administración económica del partido.
