El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto de Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2027, un texto que pone el foco en tres ejes que marcarán la doctrina estadounidense en los próximos años: el intercambio de ciberamenazas con gobiernos estatales y locales, la seguridad de las elecciones y el uso acelerado de la inteligencia artificial en misiones de espionaje. Se trata, en realidad, de una réplica legislativa a la decisión del presidente Trump de reducir la asistencia federal en ciberseguridad y traspasar más responsabilidad a las administraciones locales, y llega con una carga simbólica añadida: apenas 48 horas después de que el propio mandatario volviera a repetir en horario de máxima audiencia sus teorías sobre el fraude electoral de 2020.
Le adelanto que el texto no es aún la ley definitiva —deberá superar el Senado y, previsiblemente, integrarse en la National Defense Authorization Act de fin de año—, pero la hoja de ruta que dibuja es tan concreta que merece un análisis en profundidad. A continuación le desgrano sus tres patas.
Un programa piloto que cambia la relación entre Washington y los estados
El corazón operativo del proyecto es un programa piloto de intercambio de inteligencia sobre ciberamenazas entre la comunidad de inteligencia (IC) y las administraciones estatales y locales. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) elegirá un único estado para recibir sesiones informativas mensuales. En esas reuniones, el ODNI, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y otros organismos compartirán información “oportuna, específica y procesable sobre amenazas cibernéticas” en formato no clasificado. Al cabo de doce meses, la ODNI elaborará un informe sobre la viabilidad de extender el modelo a los cincuenta estados.
La lectura técnica es transparente: se trata de bajar la inteligencia de señales y el threat intelligence de la NSA y el FBI al nivel de los condados, un movimiento que hace una década habría sido impensable fuera de los Five Eyes. Por eso me interesa subrayar la paradoja: el mismo presidente que ha recortado el dinero federal para ciberseguridad firma ahora —con los republicanos del comité— un texto que obliga a sus agencias a compartir más información clasificada con las administraciones locales. La rationale, según el propio presidente del Comité, Rick Crawford (republicano por Arkansas), es “equipar a la IC con los recursos necesarios para combatir las amenazas en evolución de nuestros adversarios en todo el mundo, con un fuerte foco en la carrera global de la IA”.
El proyecto obliga además a que la ODNI diseñe una estrategia global de intercambio con estados y localidades, y encarga a la Government Accountability Office una auditoría sobre cómo se comparte esa información ahora mismo: qué agencias participan, cómo evitan duplicidades y qué obstáculos plantean las habilitaciones de seguridad. Traduzco: el Congreso sospecha que en en los últimos años se ha compartido poco y mal.
Seguridad electoral: tres enmiendas que llegan en el peor momento para Trump
Los demócratas del comité lograron aprobar tres enmiendas sobre seguridad electoral que rozan la línea de lo políticamente explosivo. La primera, del representante Jim Himes (Connecticut), exige a la comunidad de inteligencia una evaluación pública y no clasificada de las amenazas de injerencia extranjera en las elecciones de mitad de mandato de 2026. La segunda, de Jason Crow (Colorado), congela parcialmente los fondos de la ODNI hasta que el Congreso reciba los informes pendientes sobre las elecciones de 2024 y 2026. Y la tercera, de Chrissy Houlahan (Pensilvania), protege a los analistas de inteligencia de cualquier represalia si trabajan en productos relacionados con la influencia extranjera en los comicios estadounidenses.
El espionaje electoral se ha convertido en una línea de frente tan caliente como la ciberguerra, y esta ley blinda a quienes la investigan desde dentro.
El paquete llega en un clima enrarecido: el presidente Trump acaba de pronunciar un discurso en horario estelar para insistir en que las elecciones de 2020 le fueron robadas, una afirmación desmentida por todos los estamentos judiciales y de inteligencia desde hace seis años. La coincidencia temporal —comité y discurso apenas separados por horas— convierte estas enmiendas en algo más que un trámite legislativo: son un contrapeso institucional en toda regla.
El vector de la inteligencia artificial y la apuesta por la NSA
El proyecto de ley incluye “un aumento significativo de la financiación para ampliar el acceso y el uso de modelos de inteligencia artificial de frontera en misiones de inteligencia y cibernéticas”, según el resumen difundido por los republicanos. Se codifica y expande el papel del Artificial Intelligence Security Center de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), y se refuerza el intercambio de información sobre amenazas relacionadas con la IA. Es decir, el Congreso está poniendo dinero negro sobre el mármol para que la NSA y el resto de la IC integren modelos de lenguaje avanzados en sus ciclos de inteligencia. Lo escribí hace años en El quinto elemento: el próximo 11S empezará con un clic. Aquí ese clic tiene ya financiación legislativa.
Además, se ordena al Departamento de Energía una evaluación de las ciberamenazas extranjeras contra las infraestructuras energéticas críticas, con detalle de sus intenciones y riesgos. No es un detalle menor si se tiene en cuenta que la red eléctrica estadounidense ha sido objetivo recurrente de APT rusos y chinos en los últimos tres años.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Desde Madrid, esta ley se lee con el entrecejo fruncido. No porque España aparezca citada —no aparece—, sino porque todo lo que el Congreso de Estados Unidos decide sobre la doctrina de inteligencia acaba goteando, antes o después, sobre los servicios aliados. El CNI lleva años tejiendo una colaboración estrecha con la CIA y la NSA en materia de ciberamenazas, y cualquier movimiento que abra el grifo hacia los gobiernos locales estadounidenses reconfigura, de rebote, las expectativas sobre los flujos de información que Washington comparte con sus socios.
El vector de amenaza aquí es doble: por un lado, la politización de la inteligencia electoral —las enmiendas de los demócratas responden a una desconfianza explícita hacia un presidente que cuestiona los hallazgos de sus propios servicios—; por otro, la tensión entre la centralización que exige la ciberdefensa y la fragmentación que impone el federalismo estadounidense. Como analistas, llevamos años advirtiendo que la seguridad nacional ya no se juega solo en Fort Meade o en Vauxhall Cross: se juega en el servidor del ayuntamiento de una ciudad de medio millón de habitantes. Y esta ley es el primer reconocimiento legislativo en Washington de ese cambio de paradigma.
La agencia atacante, en este caso, no es un Estado sino la realidad: una arquitectura de ciberamenazas que se cuela por las costuras de un sistema diseñado para la Guerra Fría. La defensora es la comunidad de inteligencia estadounidense, pero también quienes van a recibir esa inteligencia rebajada de clasificación. Y los terceros que miran somos los aliados europeos, con España en primera línea, porque si el ODNI prueba que un piloto de compartición con los estados funciona, Bruselas exigirá lo mismo a sus propios servicios. Verá usted que el juego es largo.
El nivel de clasificación estimado de los informes que manejará el piloto es Unclassified, pero la materia prima es Top Secret/SI. Ahí radica la complejidad: desclasificar sin romper fuentes. En la historia del oficio, desde los topos de Cambridge hasta las filtraciones de Snowden, la tensión entre compartir y proteger ha sido la madre de todas las crisis de contrainteligencia. Esta ley no la resuelve; simplemente la traslada al siglo XXI y la dota de presupuesto.
Me consta que en La Moncloa siguen de cerca estos movimientos. La próxima reunión del comité bilateral de inteligencia entre España y Estados Unidos está prevista para otoño, y el capítulo ciber ocupará, previsiblemente, más de la mitad de la agenda. Si el piloto sale adelante, el CNI podría verse en la tesitura de tener que abrir sus informes de amenaza a un abanico de interlocutores mucho más amplio que los actuales. Y eso, créame, supondrá un debate de calado en la Casa de Castelló.
La carrera global de la IA, mientras tanto, marca el ritmo: quien procese antes la información, sobrevive. Y esta ley coloca a la NSA con músculo financiero para liderar esa transformación. De nuevo, como ya advertí en otro tiempo, el rey Google va desnudo, y ahora también queremos vestir a la inteligencia.
