Washington y Riad tienen el acuerdo nuclear en la recta final del Congreso, que examina el texto bajo secreto.
El examen del Congreso: 90 días para decidir sobre un pacto secreto
El pacto, técnicamente un acuerdo 123 (por la sección de la Ley de Energía Atómica que regula la exportación de tecnología nuclear), fue anunciado por la Casa Blanca el 22 de julio. La versión oficial incluye la venta de tecnología nuclear civil a Arabia Saudí sin derecho de enriquecimiento de uranio. El compromiso de que Riad reconociera a Israel, que Donald Trump presentó como condición previa, quedó finalmente fuera del texto remitido al Capitolio. El detalle no es menor: condiciona toda la lectura del pacto.
El 25 de agosto, la Administración envió el documento al Congreso como legislación clasificada y activó el periodo obligatorio de revisión de 90 días. Si las dos cámaras no aprueban una resolución conjunta de rechazo, el acuerdo entrará en vigor de forma automática hacia finales de noviembre. La lógica de ese mecanismo es conocida en Washington: los pactos ejecutivos avanzan salvo que el legislativo los frene.
El problema de fondo, señalado por el editorial del Washington Examiner, y por expertos en no proliferación, es que el texto llegó clasificado, en un formato que limita la deliberación abierta. Andrea Stricker, directora adjunta del programa de no proliferación de la Foundation for Defense of Democracies, calificó la decisión de ‘una acción sin precedentes que parece diseñada para limitar la revisión abierta del Congreso y el escrutinio público’. La referencia más citada en el sector es el acuerdo entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos de 2009, que incluyó salvaguardias más estrictas y sirve de modelo para los defensores del control. El Protocolo Adicional de la AIEA es la vara de medir.
El pacto de La Meca y la sombra de Pekín en el tablero saudí
El contexto geopolítico añade tensión al examen del Capitolio. El 7 de agosto, Riad firmó con Pakistán y Turquía un pacto de defensa denominado Acuerdo de La Meca, que prevé mayor cooperación en seguridad entre los tres países. Pakistán mantiene una relación estratégica profunda con Pekín en defensa y tecnología nuclear, lo que ha disparado las alarmas sobre una posible fuga de tecnología estadounidense hacia China. Ese riesgo de transferencia indirecta sostiene la principal objeción técnica.
El príncipe heredero Mohammed bin Salman, líder de facto del reino, se niega a firmar los Acuerdos de Abraham, el pacto que normalizó relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes bajo mediación estadounidense. La ausencia de reconocimiento debilita los argumentos del pacto. Washington no pide permiso a nadie.
El acuerdo 123 es una decisión sobre quién controla el uranio en una de las regiones más inestables del planeta.
La Lógica de Washington
Desde Washington, la lógica del acuerdo se entiende mejor mirando el tablero energético en su conjunto. La Casa Blanca considera que si Riad quiere tecnología nuclear civil, es preferible que la obtenga de Estados Unidos que de Rusia o de China, los otros dos proveedores posibles. El argumento tiene un precedente claro: Ronald Reagan protegió la industria del acero con aranceles en 1984 con la misma lógica de control estratégico. Si alguien va a dominar un sector sensible, que sea Washington. El matiz es que el control estadounidense vendría con reglas de supervisión que Pekín o Moscú no aplicarían.
El Partido Republicano tiene terreno para defender el acuerdo en términos realistas: Arabia Saudí es el custodio de los lugares santos del islam, un exportador neto de energía con capacidad de influir en el precio del crudo y un aliado útil para contener a China en Oriente Próximo. La Administración sostiene que el pacto da a Washington una supervisión que de otro modo no tendría. La objeción, señalada por expertos en no proliferación, es que esa supervisión solo será real si el texto es público y si Riad acepta el Protocolo Adicional de la AIEA, además de renunciar por escrito al enriquecimiento y al reprocesamiento de uranio. Esa es la línea roja que separa un pacto de no proliferación de un simple negocio energético.
Para España, importador neto de crudo con una economía expuesta al precio del petróleo, la estabilidad del mercado energético global es una variable de primer orden. Arabia Saudí es un actor de peso en la OPEP y cualquier giro en su alineamiento geopolítico se transmite con rapidez a los mercados. La seguridad energética europea no depende de este acuerdo nuclear a corto plazo, pero el riesgo de proliferación podría alterar el mapa de alianzas en Oriente Próximo. Bruselas, y por extensión Madrid, observa la negociación con la hoja de cálculo del crudo sobre la mesa.
La próxima ventana clave es el cierre de los 90 días de revisión, previsto para finales de noviembre. Si el Congreso no actúa, el pacto entra en vigor y Riad comenzará a negociar los contratos de exportación. Nadie dijo que sería gratis.
Ficha del Caso
- El caso: Estados Unidos y Arabia Saudí ultiman un acuerdo que permitiría exportar tecnología nuclear civil al reino, enviado al Congreso como materia clasificada el 25 de agosto.
- Datos clave: Periodo de revisión de 90 días; anuncio oficial el 22 de julio; acuerdo de defensa de La Meca firmado el 7 de agosto con Pakistán y Turquía; entrada en vigor automática a finales de noviembre salvo rechazo del Congreso.
- Para España: La estabilidad del precio del crudo y la no proliferación nuclear en Oriente Próximo condicionan la seguridad energética europea, un vector sensible para la economía española.
