Marruecos ya se la hizo a España una vez. Y España, por una mezcla de agotamiento, miedo, cálculo político y ese talento tan nuestro para llamar «prudencia» a lo que muchas veces es simple cobardía, se dejó hacer.
Los documentos desclasificados de Washington permiten hoy reconstruir con precisión lo que ocurrió en el otoño de 1975. No fue el cuento limpio de una descolonización ordenada que durante décadas se ha contado con voz de documental de sobremesa. Hubo amenazas, hechos consumados, negociaciones paralelas, un dictador agonizando, un príncipe preocupado por su propia sucesión, un Gobierno partido en dos y Marruecos empujando mientras medía, milímetro a milímetro, hasta dónde podía llegar sin encontrarse enfrente a una España dispuesta a plantar cara.
Nunca la encontró.
Y precisamente por eso el Sáhara no debería servir hoy para repartir culpas de hace medio siglo, sino para aprender una lección mucho más útil: Ceuta y Melilla no pueden convertirse jamás en otro territorio que España termine negociando porque alguien haya decidido antes crear sobre el terreno una situación suficientemente incómoda.
Ni mediante una invasión convencional, que es el escenario menos probable. Ni mediante presión fronteriza. Ni utilizando flujos migratorios como ariete. Ni con desinformación, incidentes provocados o cualquier otra modalidad de esa guerra híbrida que Rabat maneja con una soltura que ya quisieran para sí muchas potencias.
La soberanía no se defiende cuando ya se ha perdido. Se defiende antes, precisamente para no llegar nunca a ese momento.
Antes de la Marcha Verde, La Haya ya había desmontado el argumento marroquí
Hay un detalle que suele evaporarse del relato y que resulta particularmente incómodo para Rabat.
El 16 de octubre de 1975, apenas tres semanas antes de la Marcha Verde, el Tribunal Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental. Reconoció que habían existido ciertos vínculos históricos de lealtad entre el sultán de Marruecos y algunas tribus, pero concluyó que la documentación presentada no acreditaba ningún vínculo de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental capaz de impedir la aplicación del principio de autodeterminación.
Es decir: La Haya no le entregó el Sáhara a Marruecos. Hizo lo contrario. La tesis de que aquello era una provincia marroquí amputada por el colonialismo europeo se quedó sin el respaldo jurídico que Hasán II necesitaba con urgencia.
¿Y qué hizo el monarca ante una sentencia que no le gustaba?
Lo que hacen los que no soportan perder cuando juegan limpio: volcó el tablero. Si el derecho internacional no resolvía el problema como Rabat quería, siempre quedaba el recurso de lanzar a decenas de miles de personas contra una frontera. Diplomacia creativa, podríamos llamarlo. Al día siguiente de la opinión de La Haya, Hasán II anunció la Marcha Verde. La casualidad, ya se sabe, es muy trabajadora en Rabat.
Washington ya sabía que Marruecos estaba tanteando el terreno
El 30 de octubre de 1975, la embajada estadounidense en Madrid envió a Washington el cable confidencial 1975MADRID07572
Enrique de la Mata, secretario del Consejo del Reino, le contó al embajador Wells Stabler que Marruecos había enviado la noche anterior un primer grupo de participantes de la Marcha Verde al Sáhara español. Avanzaron unas millas y se detuvieron.
No demuestra que la gran Marcha Verde hubiese comenzado en secreto una semana antes, y conviene no adornarlo más de la cuenta. Pero sí revela algo igual de significativo: antes de la entrada masiva del 6 de noviembre, Marruecos ya estaba probando sobre el terreno los reflejos de España. Metía el pie, miraba, lo sacaba. Un ladrón comprobando si la puerta cede antes de forzarla del todo.
Y la misma comunicación estadounidense recogía que el Gobierno español seguía «vacilando» respecto al Sáhara.
Magnífica palabra: vacilando.
Un país vecino tanteando la frontera, y el Gobierno encargado de defenderla, vacilando. Hay palabras que envejecen con una crueldad exquisita.
El «caballo de Troya»: soldados marroquíes escondidos entre los civiles
Dos días después, el tono ya no tenía nada de folclórico.
El telegrama 7618 de la embajada de Estados Unidos en Madrid, hoy publicado en la colección oficial Foreign Relations of the United States, recoge el mensaje urgente que el ministro español de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, quería hacer llegar a Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano.
El Gobierno español decía disponer de información que consideraba fiable según la cual entre los integrantes de la Marcha Verde había 25.000 miembros del Ejército Real marroquí con las armas ocultas. Cortina lo bautizó con una expresión difícil de superar: un «caballo de Troya».
Conviene la honestidad: esos 25.000 soldados eran la información que manejaba y transmitía Madrid, y los documentos estadounidenses no permiten presentarlos como una cifra verificada de forma independiente. Pero el dato de fondo es incontestable: el Gobierno español creía en serio que una movilización vendida al mundo como civil y pacífica podía transformarse en cuestión de horas en una invasión militar en toda regla. Que es exactamente el escenario que Madrid temía.
Cortina comunicó además que las Fuerzas Armadas españolas en el Sáhara habían recibido órdenes de resistir cualquier intento de invasión.
Órdenes de resistir.
Guarden esas tres palabras, porque pocos días después iban a adquirir un inconfundible aroma a comedia negra.
Mientras Exteriores hablaba de resistir, el enviado del príncipe hablaba de marcharse
Porque mientras el ministro pedía auxilio a Washington para frenar a Marruecos, por otro canal se mantenía una conversación bien distinta.
El 3 de noviembre, Manuel de Prado y Colón de Carvajal se reunió con Kissinger. No acudía como diplomático oficial. Se presentó como amigo personal del príncipe Juan Carlos desde hacía dieciocho años y portador de un mensaje confidencial. El acta de aquella reunión está publicada en la colección FRUS y contiene una frase que no admite mejora:
«The Prince has decided we must leave the Sahara.»
El príncipe había decidido que España debía abandonar el Sáhara.
De Prado explicó que Juan Carlos no quería guerra, quería negociar con Hasán II y quería salir sin que el Ejército pareciera abandonado. Habló ante Kissinger de unos 1.500 militares seleccionados, legionarios, cuya situación le preocupaba especialmente al heredero.
La cuestión, por tanto, ya no era si España se quedaba. Era cómo largarse sin que la retirada le destrozara al futuro rey la imagen de autoridad ante sus propios cuarteles.
Es difícil imaginar mejor retrato de aquel Estado. En una ventanilla se proclamaba solemnemente que España resistiría una invasión. En la ventanilla de al lado se negociaba el calendario de salida. Administración pública española, edición geopolítica: coja usted número y no se fíe de ninguna de las dos colas.
Kissinger y los «beduinos»: cuando los principios estorban
Al día siguiente, 4 de noviembre, Kissinger volvió a verse con De Prado. El acta de esta segunda reunión también está en la colección FRUS, y en ella el secretario de Estado explicó, con una ausencia de diplomacia casi admirable, lo que pensaba de la autodeterminación saharaui:
«¿Qué significa la autodeterminación para un grupo de beduinos vagando por el desierto?»
Esa sola frase explica más de la política internacional de la época que cincuenta manuales universitarios apilados.
Kissinger consideraba equivocada la posición española a favor de una salida basada en la autodeterminación. De Prado le detalló que Marruecos exigía una transferencia directa de soberanía y pretendía meter hasta 10.000 personas al día en dirección a El Aaiún. Y añadió algo aún más revelador: si Marruecos seguía adelante, aquello «realmente equivalía a una invasión», porque habría tropas dentro.
La palabra invasión, conviene subrayarlo, no es un exceso escrito medio siglo después desde la comodidad del sofá. Está en las conversaciones de quienes gestionaban la crisis en tiempo real, con el teléfono ardiendo.
La ONU también lo vio: ordenó a Marruecos retirarse
El 6 de noviembre arrancó oficialmente la Marcha Verde.
Ese mismo día, el Consejo de Seguridad aprobó por consenso la Resolución 380. No felicitó a Marruecos por una entrañable excursión ciudadana al desierto. «Deploró» la marcha y pidió a Marruecos que retirase de inmediato del territorio del Sáhara Occidental a todos sus participantes.
Dos días después, un informe de inteligencia estadounidense contemplaba abiertamente la posibilidad de combates entre fuerzas marroquíes, españolas, argelinas y el Polisario. La valoración incluso apuntaba que una victoria militar española rápida sobre las fuerzas regulares marroquíes podría beneficiar políticamente a Juan Carlos, mientras que un conflicto largo y sangriento lo perjudicaría.
Léase despacio, porque es la parte que duele: España tenía Ejército. Tenía capacidad militar. Tenía posiciones defensivas. Lo único que le faltó fue voluntad política para usar nada de ello.
Y eso es lo que convierte 1975 en una lección, y no en una simple efeméride para calendarios.
Los Acuerdos de Madrid: ni siquiera le regalaron la soberanía
El 14 de noviembre, con Franco agonizando —moriría seis días después—, España, Marruecos y Mauritania alcanzaron la Declaración de Principios de Madrid.
Corrijamos aquí una idea repetida hasta la saciedad: no es exacto decir que aquellos acuerdos desaparecieron en un cajón oscuro. La declaración se transmitió a Naciones Unidas y Marruecos la registró después en su colección de tratados. Pero hay algo jurídicamente mucho más importante: el acuerdo no transfirió la soberanía sobre el Sáhara a Marruecos ni a Mauritania.
Marruecos avanza exactamente hasta donde le dejan avanzar, y ni un metro más. Es audaz ante la duda y cobarde ante la firmeza
El dictamen jurídico emitido en 2002 por el asesor de Naciones Unidas Hans Corell fue meridiano: los Acuerdos de Madrid no transfirieron soberanía ni convirtieron a ninguno de los firmantes en potencia administradora. España comunicó a la ONU el 26 de febrero de 1976 que ponía fin a su presencia y se desligaba de responsabilidad internacional sobre la administración del territorio. El índice completo de aquellos meses puede consultarse en la colección FRUS.
Lo que sigue siendo cierto medio siglo después es sencillamente extraordinario: el Sáhara Occidental continúa en la lista de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización. Cincuenta años después de aquella brillante «solución provisional», el problema sigue exactamente donde lo dejamos. Todo un éxito diplomático. Enmárquenlo.
Perejil, 2002: el día que España dijo «no» y Marruecos se deshinchó
Y ahora, el contraejemplo. Porque la historia de las relaciones con Rabat no es solo la de una España que agacha la cabeza. Hay un día, uno, en que España hizo lo contrario. Y el resultado es la prueba más contundente de toda esta tesis.
El 11 de julio de 2002, una docena de gendarmes marroquíes desembarcó en el islote de Perejil —un peñasco deshabitado apenas mayor que un campo de fútbol— e izó la bandera de Marruecos. La coartada oficial: una operación antidroga. Nadie se la creyó, porque no había nada que creer. Era un globo sonda, el mismo movimiento de 1975 a escala de bolsillo: ocupar, plantar bandera, esperar y ver si España volvía a «vacilar».
Esta vez no vaciló.
Tras el fracaso de la vía diplomática y la negativa marroquí a volver a la situación anterior, el Gobierno lanzó la operación Romeo-Sierra. El 17 de julio de 2002, en una acción conjunta de los tres ejércitos, fuerzas de operaciones especiales tomaron el islote sin un solo disparo y sin causar una sola baja, retiraron la bandera marroquí e izaron la española. Los ocupantes fueron devueltos a Marruecos con la misma discreción con la que habían venido a fanfarronear.
¿Y qué hizo el león de Rabat, tan valiente para lanzar civiles contra una frontera y gendarmes contra un peñón vacío, cuando enfrente aparecieron por fin helicópteros, fragatas y legionarios de verdad?
No ofreció resistencia militar. España recuperó el islote sin disparar un tiro. Rabat protestó, amenazó y elevó el tono; tres días después, con mediación estadounidense, se pactó el regreso al statu quo. La firmeza no provocó la guerra que algunos temían: evitó que el hecho consumado prosperase.
Ahí está, condensada en un islote sin habitantes, la lección que Madrid lleva medio siglo negándose a aprender. Marruecos avanza exactamente hasta donde le dejan avanzar, y ni un metro más: presiona cuando huele agotamiento y recula cuando huele determinación. No es una potencia temeraria, es un oportunista con una lectura excelente de la debilidad ajena. Con el Sáhara leyó rendición y se quedó un país entero. Con Perejil leyó determinación y salió corriendo de una roca. La diferencia entre un desenlace y otro no la puso Rabat. La puso Madrid.
2021 y 2026: el aviso ha dejado de ser una hipótesis
Quien crea que todo esto es arqueología colonial sin utilidad presente debería repasar los últimos años.
En mayo de 2021, unas 8.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en cuestión de horas, después de que las autoridades marroquíes relajaran convenientemente los controles fronterizos. Y esta vez no hace falta especular con las intenciones ni convocar a tertulianos patrióticos: el Parlamento Europeo aprobó el 10 de junio de 2021 una resolución que rechazaba expresamente «la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la migración y, en particular, de menores no acompañados, como medio para ejercer presión política contra un Estado miembro de la Unión».
Eso tiene nombre: presión híbrida. Su gracia consiste precisamente en no enviar tanques por el Tarajal con música épica de fondo, sino en usar instrumentos que permitan sostener la coartada el mayor tiempo posible. «Nosotros no hemos hecho nada.» «Ha sido espontáneo.» «Es un problema migratorio.» «Son circunstancias excepcionales.» Hasta que la excepcionalidad resulta ser un mecanismo de presión perfectamente reconocible, cronometrado y reversible a voluntad de Rabat.
Y entonces llegó el 30 de julio de 2026.
El territorio nacional no es propiedad del inquilino de turno de La Moncloa. Le pertenece al Estado, y el Estado somos todos
Según las cifras del propio Gobierno español, más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, hasta fijar la cifra en unas 72.000. No fue una crisis fronteriza ordinaria. Fue una entrada equivalente, en horas, a una parte descomunal de la población total de la ciudad. El propio presidente del Gobierno habló el 31 de julio de una «violación y ataque a la integridad territorial» y prometió emplear «todos los recursos del Estado».
Después, con más información sobre la mesa, Pedro Sánchez afirmó el 3 de septiembre que no había prueba concluyente de que Rabat hubiera diseñado aquella entrada masiva. Y hay que decirlo, porque acusar a un Estado de una operación hostil exige pruebas y no entusiasmo editorial. Pero no hace falta una imaginación febril para ver la vulnerabilidad que quedó al desnudo: setenta mil personas atravesaron una frontera exterior de España y de la Unión Europea en muy pocas horas. Eso es un hecho, y los hechos no necesitan permiso para dar miedo.
Y pocas semanas después, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a reivindicar públicamente los supuestos «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y reclamó una negociación sobre su «retorno al seno de la patria». Otro ministro, el de Asuntos Islámicos, Ahmed Tufiq, llegó a hablar de la «liberación» de las ciudades. España presentó una protesta diplomática.
Disfrutemos de la secuencia despacio, porque merece la pena. Primero, una crisis fronteriza sin precedentes. Después, ministros marroquíes hablando de recuperar Ceuta y Melilla. Y la conclusión que se nos invita a extraer es que preocuparse por proteger nuestra soberanía sería una exageración de alarmistas. Naturalmente. Duerman tranquilos.
Ceuta y Melilla no son el Sáhara. Y esa diferencia lo cambia todo
Aquí está el nudo del asunto.
Ceuta y Melilla no son territorios pendientes de descolonización. No son una administración provisional. No hay un proceso de autodeterminación tutelado por la ONU. Son ciudades españolas plenamente integradas en el ordenamiento constitucional, con ciudadanos españoles, elecciones españolas, diputados y senadores españoles, y fronteras exteriores de la Unión Europea. El propio Parlamento Europeo recordó en 2021 que Ceuta es frontera exterior europea cuya seguridad concierne al conjunto de la Unión.
Un vecino de Ceuta o de Melilla no es una ficha que España pueda colocar mañana sobre una mesa de negociación para aliviar una jaqueca diplomática. Es español. Tan español como uno de Valladolid, de Badajoz, de Sevilla o de Barcelona.
Y eso significa que cualquier Gobierno de España, sea del color que sea y esté dirigido por un estadista excepcional o por alguien con la lucidez estratégica de una maceta, tiene obligaciones que no dependen de su brillantez personal. El territorio nacional no es propiedad del inquilino de turno de La Moncloa. Le pertenece al Estado, y el Estado somos todos, también los que nacieron en Ceuta y en Melilla.
La sociedad civil tampoco puede volver a mirar para otro lado
La segunda gran diferencia con 1975 es la propia sociedad española.
Entonces Franco agonizaba, no había prensa libre, no existían las redes y las conversaciones diplomáticas dormían décadas bajo sello. El ciudadano no podía saber que, mientras un ministro proclamaba resistencia, otro canal negociaba la rendición. Aquella operación se pudo hacer precisamente porque se hizo a oscuras.
Hoy sería infinitamente más difícil. Y debe serlo.
La sociedad civil española tiene que considerar Ceuta y Melilla una línea roja nacional, con total independencia del Gobierno que ocupe La Moncloa. Prensa vigilante, instituciones, universidades, empresas, asociaciones, manifestaciones pacíficas cuando hagan falta y una exigencia permanente de transparencia y firmeza. Porque los Gobiernos pasan y la soberanía no.
La determinación española no es una provocación: es lo único que Rabat respeta, porque es lo único que Rabat entiende
Si algún Ejecutivo concluyera alguna vez que le resulta más cómodo mirar hacia otro lado, templar gaitas, esconder un incidente bajo la alfombra o rebautizar una agresión como «malentendido entre socios estratégicos», tendría que encontrarse enfrente a una sociedad que le recordara lo elemental: Ceuta y Melilla no son moneda de cambio.
Y sí: para defender un país también existen las Fuerzas Armadas
Aquí suele activarse el proverbial pudor español. Uno puede hablar de soberanía, fronteras, amenazas y defensa durante tres cuartos de hora, siempre que no cometa la grosería de recordar que España mantiene un Ejército precisamente para algo.
Recordémoslo. El artículo 8.1 de la Constitución dice, con todas las letras, que las Fuerzas Armadas tienen por misión «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». La Ley Orgánica de la Defensa Nacional repite la idea.
No significa responder militarmente a una crisis migratoria: eso sería absurdo, ilegal y contraproducente. No significa convertir cada roce diplomático en un casus belli. No significa confundir a personas migrantes, que son víctimas del cálculo ajeno, con combatientes enemigos. Significa algo mucho más simple: si España sufriera una agresión armada contra su territorio, el uso legítimo y proporcionado de la fuerza para defenderlo no sería una extravagancia belicista, sino una función constitucional del Estado y un derecho reconocido por el derecho internacional.
Para eso están las Fuerzas Armadas. No solo para desfilar el 12 de octubre y salir muy favorecidas en la foto delante de una bandera de veinte metros.
Ningún gobernante español puede volver a tener la opción de resolver un problema territorial abandonando a quienes viven allí.
El vecino se rearma, y no precisamente contra el aburrimiento
Y conviene mirar la tendencia, porque la fanfarronería de Rabat no viaja sola: viene acompañada de talonario.
Marruecos lleva años en un proceso de rearme acelerado, de la mano de Estados Unidos y, en menor medida, de Israel. Los datos de SIPRI sitúan su gasto militar de 2025 en torno a 5.400 millones de euros, un 3,54% de su PIB, un esfuerzo que, en proporción a su economía, supera con holgura al español (2,1% del PIB). El presupuesto marroquí para 2026 dispara además los créditos plurianuales de adquisición de armamento hasta cifras récord, con acuerdos para fabricar en suelo marroquí blindados, drones y componentes con socios de India, Israel y Turquía.
Ahora bien, seamos rigurosos, que es la mejor forma de ser temibles: en términos absolutos, España destinó a Defensa en 2025 unos 34.400 millones de euros, más de seis veces lo que gastó Marruecos. El Ejército marroquí está modernizándose a gran velocidad, pero todavía queda lejos de las capacidades españolas, y más lejos aún de las de una España respaldada por la Unión Europea y la OTAN. Quien agite el fantasma de una superioridad militar marroquí inminente miente, o no ha mirado los números.
Pero el dato relevante no es la foto de hoy: es la película. Un vecino que reivindica en público tu territorio, que ensaya la presión híbrida sobre tus fronteras y que a la vez multiplica año tras año su inversión militar no está preparándose para plantar tulipanes. Y esto conecta con una verdad que en España da un pudor absurdo pronunciar: la principal razón por la que España necesita un Ejército solvente, moderno y disuasorio no es una amenaza remota ni abstracta. Es la amenaza constante, documentada y reincidente de un vecino desleal que se llama Marruecos. No hay que buscar enemigos en mapas lejanos. El que reivindica ciudades españolas y ensaya cómo desestabilizarlas está al otro lado del Estrecho, a catorce kilómetros.
Europa asiste, pero la primera bala la para uno mismo
Ceuta y Melilla no estarían solas del todo ante una agresión armada. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea obliga a los demás Estados miembros a prestar ayuda «con todos los medios a su alcance» a un socio víctima de una agresión armada en su territorio.
Con la OTAN, en cambio, hay que hilar más fino de lo que suele hacer la política española. El artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte delimita geográficamente el ámbito del artículo 5 y habla del territorio de los aliados en Europa o América del Norte; Ceuta y Melilla están en África. En 2022, preguntado expresamente por las dos ciudades, el entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordó esa delimitación, aunque matizó que una eventual activación del artículo 5 sería, en último término, una decisión política adoptada por consenso.
Traducido del dialecto OTAN al castellano de andar por casa: más vale que España no descubra las notas a pie de página de sus alianzas el día después de la crisis. La primera responsabilidad sobre Ceuta y Melilla es española, íntegra e intransferible. Los amigos ayudan. Pero la puerta de tu casa la cierras tú.
Diplomacia, toda. Ingenuidad, ninguna
Nada de esto es un alegato antimarroquí, y conviene decirlo sin ambages. España necesita una relación intensa con Marruecos: es nuestro vecino, y compartimos intereses económicos, comerciales, migratorios, policiales, energéticos y de seguridad. La cooperación no es un capricho, es una necesidad de los dos lados del Estrecho.
Precisamente por eso debe asentarse sobre reglas claras. Ser firme no es ser antimarroquí. Confundir al Gobierno del Reino de Marruecos, o a determinadas políticas de Rabat, con los ciudadanos marroquíes sería tan estúpido como injusto. Y la defensa de Ceuta y Melilla jamás puede servir de coartada para la xenofobia contra los miles de españoles de origen marroquí que viven en ambas ciudades y que son, exactamente igual que el resto, ciudadanos cuya soberanía y seguridad hay que proteger.
Pero amistad no es subordinación. Cooperación no es miedo. Y diplomacia no puede seguir significando que cada vez que alguien pronuncia la palabra «Marruecos» media clase política española se acerque instintivamente al desfibrilador por si Rabat se enfada. Un socio fiable sabe dónde están los límites. España solo tiene que dejarlos, por una vez, absolutamente claros.
El Sáhara no puede repetirse
Los papeles de 1975 cuentan una historia sencillísima cuando se leen uno detrás de otro. Marruecos presionó. España dudó. Washington calculó. El Ejército esperó instrucciones que nunca llegaron. Y la decisión política terminó siendo la de marcharse.
Podemos discutir otros cincuenta años quién fue más responsable, quién tenía menos alternativas, qué papel jugó Juan Carlos o qué habría pasado si España hubiera usado la fuerza. Apasionante para los historiadores. Pero la lección de verdad útil es otra: ningún gobernante español puede volver a tener la opción de resolver un problema territorial abandonando a quienes viven allí.
Perejil demostró que, cuando España se planta, Marruecos recula. El Sáhara demostró que, cuando España duda, Marruecos se queda con todo. Dos fotografías, una sola enseñanza. La determinación española no es una provocación: es lo único que Rabat respeta, porque es lo único que Rabat entiende.
Ceuta y Melilla no son de Pedro Sánchez, ni de Feijóo, ni del próximo presidente, ni del siguiente. Son España. Y si mañana llega la presión —económica, diplomática, híbrida—, se responde con diplomacia, inteligencia, policía, cooperación europea, control fronterizo y toda la capacidad del Estado. Y si algún día, ojalá nunca, llegara una agresión armada contra territorio español, la respuesta será la que corresponde a cualquier democracia que se respeta: defensa firme, legal y proporcionada, con sus Fuerzas Armadas si hace falta.
Eso no es buscar una guerra. Es hacer improbable que nadie crea que puede ganarla sin empezarla.
En 1975 hubo españoles que obedecieron la orden de retirarse mientras un territorio administrado por España se entregaba a un conflicto que medio siglo después sigue sin cerrarse. La historia ya nos regaló aquella lección, gratis y con documentos. Pagarla dos veces sería de idiotas.
Con Ceuta y Melilla, ni un paso atrás.
Y, sobre todo, ni un español atrás.
Los documentos que lo prueban
- Cable 1975MADRID07572 — Embajada de EE. UU. en Madrid al Departamento de Estado, 30 de octubre de 1975 (la marcha ya había entrado «la noche anterior»). https://wikileaks.org/plusd/cables/1975MADRID07572_b.html
- Telegrama 7618 de la Embajada en Madrid — Foreign Relations of the United States, 1969-1976, vol. E-9, doc. 103 (los 25.000 soldados ocultos, el «caballo de Troya» y las órdenes de resistir). https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve09p1/d103
- Reunión Kissinger–De Prado, 3 de noviembre de 1975 — FRUS, vol. E-15, doc. 206 («The Prince has decided we must leave the Sahara»). https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/d206
- Reunión Kissinger–De Prado, 4 de noviembre de 1975 — FRUS, vol. E-15, doc. 207 (la frase de los «beduinos vagando por el desierto»). https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/d207
- Índice completo de la sección Sáhara (docs. 87-116) — FRUS, vol. E-9. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve09p1
- Tribunal Internacional de Justicia — Opinión Consultiva sobre el Sáhara Occidental, 16 de octubre de 1975 (no reconoce vínculo de soberanía marroquí sobre el territorio).
- Consejo de Seguridad de la ONU — Resolución 380, 6 de noviembre de 1975 («deplora» la Marcha Verde y pide a Marruecos su retirada inmediata).
- Declaración de Principios de Madrid, 14 de noviembre de 1975, y dictamen jurídico de Hans Corell, asesor jurídico de la ONU, 2002 (los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía del Sáhara).
- Parlamento Europeo — Resolución 2021/2747(RSP), 10 de junio de 2021, sobre la crisis migratoria de Ceuta (condena el uso marroquí de la migración como presión política).
- Incidente de la isla de Perejil y operación Romeo-Sierra, 11-20 de julio de 2002 (desalojo sin un solo disparo ni bajas).
- SIPRI y proyectos de Ley de Finanzas de Marruecos 2025-2026 (datos de gasto militar: 5.400 M€ / 3,54% del PIB en 2025, frente a los 34.400 M€ de España).
- Constitución Española, artículo 8, y Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional (misión de las Fuerzas Armadas).
- Tratado de la Unión Europea, artículo 42.7 (cláusula de asistencia mutua), y Tratado del Atlántico Norte, artículos 5 y 6 (ámbito geográfico).
