Treinta acuerdo de inversión negociados, el petróleo como bandera y la promesa de un 2027 de crecimiento. Delcy Rodríguez ha vuelto a poner a Venezuela en el radar de las empresas españolas, que miran con expectación —y no poca cautela— hacia el país caribeño.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. El anuncio afecta directamente a los intereses de Repsol y otras compañías españolas con décadas de presencia en Venezuela. El país concentra una parte relevante de la cartera energética española y cualquier cambio regulatorio o geopolítico se traduce en riesgo o recompensa.
Lo que ha contado Delcy Rodríguez: petróleo, electricidad y mucho más
La presidenta encargada de Venezuela ha detallado ante el medio La Derecha Radio que el país avanza en la negociación de 30 acuerdos de inversión, ya no simples memorandos de entendimiento. La idea es saltar a contratos ejecutables que permitan la llegada de capital fresco a sectores como los hidrocarburos, la minería, el turismo o la agroindustria.
Rodríguez aseguró que la producción petrolera venezolana alcanzó 1,2 millones de barriles diarios en diciembre de 2025 y que hoy se exportan más de 900.000 barriles al día. A eso se suma el impulso de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que, según sus cifras, habría permitido incorporar más de 200.000 barriles diarios durante el último año.
En el capítulo eléctrico, la mandataria destacó dos grandes contratos: uno con Imsa para reactivar la central hidroeléctrica de Tocoma (2.400 megavatios) y otro con General Electric Vernova que aportaría hasta 5.000 megavatios en cuatro años. “Imagínate lo que significa 2.400 megavatios más 5.000 megavatios: es prácticamente la mitad de lo que ya se genera en Venezuela”, explicó.
Por qué este giro importa a las empresas españolas
Venezuela no es un mercado cualquiera para España. Durante la última década, Repsol ha mantenido una de sus carteras internacionales más importantes en el país, pese a las sanciones, la hiperinflación y los vaivenes políticos. La compañía participa en empresas mixtas con la estatal PDVSA y en campos gasísticos como el de Cardón IV.
El anuncio de los 30 acuerdos, si se materializa, podría abrir nuevas oportunidades para la petrolera española y para otras firmas que exploran nichos como el gas o los servicios eléctricos. Pero la cautela es la norma: cualquier contrato en Venezuela implica navegar un entorno jurídico frágil, una inflación que, aunque lejos del 344.510 % de 2019, sigue superando el 500 % anual, y el riesgo de sanciones internacionales que congelen activos o impidan la repatriación de dividendos.
Junto a Chevron, Repsol es uno de los socios internacionales que ya aparecía en los memorandos firmados a principios de año. Pasar del papel a la ejecución real —con garantías de estabilidad fiscal y seguridad jurídica— será la prueba del algodón para el Gobierno de Nicolás Maduro.
Repsol mantiene en Venezuela una de las carteras energéticas más relevantes de América Latina, pero cada movimiento lo dicta la geopolítica, no solo el negocio.
El espejismo venezolano: entre la oportunidad y el riesgo real
Conviene recordar que el anuncio de una oleada de inversiones en Venezuela no es nuevo. Ya en 2022, tras el levantamiento parcial de sanciones, se habló de una lluvia de contratos que nunca terminó de llegar. La experiencia de las empresas españolas aconseja leer estas cifras con pragmatismo.
Rodríguez afirma que el ingreso mínimo de los trabajadores públicos ha pasado de 30 a 240 dólares y que el consumo de alimentos crece. Son datos que dibujan una tímida recuperación, pero el telón de fondo sigue siendo una economía donde la credibilidad institucional está bajo mínimos. Para que los 30 acuerdos pasen de titulares a realidades, se necesita algo más que intenciones: un marco jurídico previsible, arbitraje internacional creíble y un sistema financiero que no esté bajo sospecha permanente.
Sin embargo, la oportunidad es real. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta y un atractivo geológico que no se puede ignorar. Las empresas españolas lo saben, y por eso seguirán muy de cerca los próximos meses. El año 2027 que imagina la vicepresidenta está a la vuelta de la esquina, y España, como socio histórico y económico, tiene mucho que decir —y que proteger— en ese camino.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha anunciado la negociación de 30 acuerdos de inversión ejecutables en sectores estratégicos, con la vista puesta en 2027 como año de crecimiento.
- Datos importantes: Producción petrolera de 1,2 millones de barriles diarios; exportación superior a 900.000 barriles; contratos eléctricos con Imsa y General Electric Vernova por varios miles de megavatios; inflación aún por encima del 500 %.
- Resumen: La noticia reaviva el interés de las empresas españolas, especialmente Repsol, pero el riesgo geopolítico y la fragilidad institucional de Venezuela obligan a una prudencia extrema antes de traducir los anuncios en beneficios concretos para España.
