El presidente Pedro Sánchez aplaza de nuevo la transferencia de la Seguridad Social a Euskadi, incumpliendo los plazos del pacto con el PNV.
La consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ha alertado de una nueva prórroga en el calendario acordado para ceder las competencias de mutuas colaboradoras, incapacidad laboral y prestaciones familiares, un paso previo al traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. Este bloqueo, según fuentes del Gobierno Vasco, se produce pese al compromiso político firmado en noviembre de 2023 entre Pedro Sánchez y el PNV para completar el Estatuto de Gernika «en el plazo improrrogable de dos años».
Los compromisos incumplidos del acuerdo de investidura
El acuerdo de investidura de 2023, que permitió la reelección de Sánchez, establecía un calendario de transferencias que debía culminar en diciembre de 2025. Sin embargo, el proceso se ha ido retrasando. En enero de este año, el lehendakari Imanol Pradales se reunió con el presidente del Gobierno en La Moncloa, donde advirtió de que las negociaciones estaban «al borde del precipicio». Seis meses después, la situación no ha mejorado.
La consejera Ubarretxena ha rechazado la contrapropuesta del Gobierno central de crear «grupos de trabajo» para estudiar la titularidad de los puertos de Bilbao y Pasaia, considerando que se trata de una táctica dilatoria. Mientras, el Gobierno Vasco exige avances concretos en la Seguridad Social. Según han informado fuentes del ejecutivo autonómico, la Comisión Mixta de Transferencias no ha fijado una fecha para abordar estos asuntos antes del 27 de julio, como se había comprometido.
La respuesta del PNV y la presión política
El PNV, liderado por Aitor Esteban, se encuentra en una posición incómoda. El año pasado, Esteban reclamó personalmente a Sánchez un «compromiso político» para cerrar el Estatuto, y en mayo de este año llegó a sugerir que la legislatura podría darse por «agotada» si no se cumplían los plazos. Esa amenaza no ha surtido efecto, y el presidente español parece confiar en que el apoyo parlamentario del PNV se mantenga hasta 2027.
La nueva prórroga deja en entredicho el calendario de transferencias y la influencia del PNV en el Gobierno central.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha priorizado el discurso social frente a las reivindicaciones nacionales. En una reunión del Comité Nacional Vasco, Andueza instó a su partido a centrarse en las elecciones autonómicas de 2028, defendiendo la «prioridad social» y distanciándose tanto del PP y Vox como de PNV y EH Bildu. A su vez, Andueza presumió en mayo de su capacidad de influencia en los traspasos tras reunirse con la secretaria de Política Territorial, Myriam Álvarez.
Contexto histórico y futuro del autogobierno
El compromiso de completar el Estatuto de Gernika, vigente desde 1979, ha sido una reivindicación recurrente del nacionalismo vasco. El acuerdo de investidura de 2023 recogía 29 transferencias pendientes, entre ellas la Seguridad Social, que supondría un salto cualitativo en el autogobierno. El Gobierno central ya transfirió en 2025 la gestión del Ingreso Mínimo Vital, pero las competencias más relevantes siguen bloqueadas. Según el Eustat, la Seguridad Social vasca gestiona actualmente más de 12.000 millones de euros en prestaciones, cuyo control sería clave para las políticas sociales del Gobierno Vasco. Mientras, la Diputación Foral de Bizkaia ha visto incrementada su capacidad de gasto en dependencia gracias al reciente acuerdo del Concierto Económico, que inyectó 250 millones de euros adicionales.
La falta de acuerdo pone a prueba la estabilidad parlamentaria de Sánchez, que depende de los votos del PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Según fuentes del PNV, el partido no contempla retirar su apoyo de forma inmediata, pero advierte de que la paciencia «tiene un límite». La próxima reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, aún sin fecha, será determinante para el devenir de la legislatura.
