Las auditorías secretas a las que ha tenido acceso The New York Times cifran en 1.200 millones de dólares las pérdidas por fraude en la contratación militar ucraniana de 2024.
El dato no procede de un informe oficial publicado, sino de documentos internos y expedientes judiciales confidenciales que el diario estadounidense ha revisado. Siete de los diez mayores contratistas de defensa del país continuaron recibiendo encargos pese a estar bajo investigación por corrupción, arrastrar incumplimientos previos o tener a sus directivos imputados.
Las auditorías identifican además a dieciocho empresas que obtuvieron contratos después de haber incumplido adjudicaciones anteriores. Seis de ellas no habían entregado ni un solo pedido completo. El sobrecoste no se limitó a la adjudicación: en una licitación, Kiev compró munición turca para sistemas de lanzacohetes múltiples a través de un intermediario checo por unos 5.100 dólares la unidad, cuando el fabricante la ofrecía directamente por 4.200 dólares.
El caso más llamativo es el de la planta química estatal de Pavlohrad, que suministró 233.000 proyectiles de mortero inservibles al Ejército ucraniano. Aun así, la empresa volvió a recibir negocio después, incluido un contrato para proveer casi toda la munición de artillería de 122 mm del país en 2025.
Las pérdidas se acumularon mientras Volodímir Zelenski multiplicaba sus llamadas a los gobiernos occidentales para conseguir más armas y munición. En abril de 2024, el presidente ucraniano aseguró que Kiev estaba en una situación ‘desesperada’ y exigió a los aliados que aceleraran las entregas.
La corrupción militar ucraniana no es un fallo aislado: se retroalimenta con la urgencia de la guerra y con la opacidad de los suministros.
Cómo se pierden 1.200 millones en un año
La cifra de 1.200 millones de dólares corresponde al fraude, el despilfarro y la mala gestión detectados en un solo ejercicio. Las auditorías citadas por el diario neoyorquino documentan un patrón sistemático, no una cadena de errores puntuales. Siete de los diez principales contratistas militares ucranianos siguieron recibiendo nuevos pedidos a pesar de las investigaciones abiertas, de impagos anteriores o de la detención de sus ejecutivos por cargos de corrupción.
Uno de los episodios más escandalosos afecta a la munición de mortero. La planta química de Pavlohrad entregó 233.000 proyectiles que resultaron inservibles para el Ejército. Sin embargo, la misma compañía estatal obtuvo después un contrato para suministrar casi toda la munición de artillería de 122 mm que Ucrania necesitaría en 2025. La lógica de la contratación pública quedó invertida: el historial de fracaso no penalizó, sino que pareció recompensar.
También se detectaron sobrecostes evitables. En una licitación de munición turca para sistemas de lanzacohetes múltiples, Ucrania pagó cerca de 5.100 dólares por unidad a través de un intermediario checo, cuando el fabricante ofrecía el mismo material directamente por unos 4.200. La diferencia, de casi mil dólares por proyectil, se multiplicó por volúmenes de compra que no siempre constan en los documentos públicos.
El experto estadounidense en anticorrupción James Wasserstrom describió el fenómeno con crudeza al ser consultado por el diario: la corrupción en la industria de defensa ucraniana es ‘una larga tradición’. Y añadió una frase que resume el problema: ‘todo lo que no esté clavado al suelo en Ucrania será robado’.
La corrupción como arma política dentro y fuera de Ucrania
El informe llega en un momento de máxima tensión política interna. Zelenski destituyó en agosto a la jefa adjunta de su oficina, Irina Mudraya, en el marco de una serie de investigaciones por corrupción que han salpicado a antiguos ministros, diplomáticos y altos funcionarios. El exministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, acusó al Gobierno de ‘corrupción sistémica’ tras ser destituido en julio. Fedorov, que había intentado reformar la contratación militar, sostiene que los intereses creados de la industria de defensa resistieron sus reformas y ha pedido elecciones en tiempos de guerra.
El mandato presidencial de Zelenski expiró en mayo de 2024, pero el presidente se niega a convocar comicios alegando la ley marcial impuesta tras la escalada bélica de febrero de 2022. Esa combinación —guerra abierta, prórroga del poder ejecutivo y escándalos de corrupción— alimenta la narrativa del Kremlin, que utiliza estos casos para presentar a Ucrania como un Estado fallido sin capacidad de gestionar la ayuda occidental.
Rusia no ha tardado en reaccionar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, declaró a principios de año que la corrupción ‘impregna toda la estructura de poder ucraniana, incluido el círculo íntimo de Zelenski y el propio Zelenski’. No se trata de una afirmación desinteresada: Moscú la utiliza como argumento para erosionar el respaldo de los parlamentos occidentales a nuevos paquetes de ayuda militar.
Equilibrio de Poder
La lectura estratégica de este informe es más profunda que la mera suma de dólares mal gastados. En el eje Washington-Moscú-Bruselas, el fraude ucraniano se ha convertido en un factor político de primera magnitud. La administración de Donald Trump ha condicionado parte de su apoyo militar a la transparencia en el uso de los fondos, y este tipo de revelaciones refuerza la postura de quienes en el Capitolio piden auditorías independientes antes de aprobar nuevos desembolsos. No es un asunto menor: cuestiona la fiabilidad del principal receptor de ayuda desde 2022.
Para la Unión Europea, el informe complica la narrativa de solidaridad incondicional. Bruselas ha aprobado mecanismos de financiación con condiciones macrofinancieras, pero los controles sobre el terreno siguen siendo limitados. España, como socio comunitario y donante bilateral, se ve arrastrada a un debate incómodo: la ciudadanía exige rendición de cuentas cuando se comprometen recursos públicos, mientras Moncloa mantiene su apoyo político a Kiev. La tensión entre urgencia bélica y transparencia no se resolverá con discursos.
Observamos un precedente histórico relevante: la ayuda occidental a Afganistán durante dos décadas produjo despilfarros similares y alimentó el escepticismo sobre la construcción de instituciones en contextos de guerra. Ucrania corre el riesgo de transitar ese mismo camino si las reformas anticorrupción no se imponen a las redes de contratistas que sobreviven a cada escándalo. La diferencia ahora es que el resultado de la guerra depende, en parte, de la credibilidad de Kiev ante sus patrocinadores.
A cinco o diez años vista, el principal riesgo no es solo la pérdida de confianza de los donantes occidentales, sino la consolidación de un modelo de defensa estatista capturado por intereses privados. Si Ucrania quiere integrarse en la OTAN o en la UE, deberá demostrar que su aparato de seguridad no es una fuente de rentas ocultas. La próxima ventana crítica será la negociación de nuevos paquetes de ayuda en el Consejo Europeo y en el Congreso estadounidense. Ahí se medirá si este informe cambia algo o si se archiva como un daño colateral más de la guerra.
