El Gobierno repartirá gratis una media de 38,1 millones de derechos de emisión anuales entre más de 650 plantas industriales para el periodo 2026-2030, según Greenpeace España. El reparto exime a la industria pesada de pagar por una parte relevante de su CO2 y concentra el beneficio en un puñado de grupos energéticos.
Para entender el conflicto conviene mirar al mercado de carbono de la Unión Europea, el EU ETS. Nació para poner precio a cada tonelada emitida y empujar a la industria hacia tecnologías limpias. En teoría, cada tonelada necesita un derecho o EUA; en la práctica, el Estado entrega gratis buena parte de esos permisos con el argumento de evitar la fuga de carbono.
El sistema opera con un tope de toneladas y permisos equivalentes. Los sectores expuestos a competencia internacional reciben asignación gratuita para no trasladar producción fuera de la UE. El efecto colateral es directo: la señal de precio se debilita para quien más debería reducir, justo cuando la descarbonización exige señales estables.
Cómo funciona el mercado de carbono y por qué los derechos gratuitos rompen su lógica
Un permiso equivale a una tonelada de CO2. Bajo la regla de límite y comercio, las instalaciones deberían comprar esos derechos en subasta. La exención gratuita supone, en la práctica, una renuncia fiscal selectiva que no figura en los presupuestos generales y que tampoco queda sujeta a revisión pública.
Greenpeace España estima que el precio medio previsto del carbono, 103 euros por tonelada, convierte la asignación de Repsol en una subvención implícita de unos 3.550 millones de euros durante cinco años. Vamos a los datos.
Repsol a la cabeza: 18% del reparto y 3.550 millones de subvención encubierta
Repsol encabeza la lista con el 18% de todos los derechos gratuitos de España, según Greenpeace. Eso le permitiría emitir sin pagar más de 34 millones de toneladas de CO2 en cinco años. La cifra no es una multa simbólica: es el coste que no pagará por una parte sustancial de su actividad de refino.
Un derecho de emisión regalado no reduce ni una tonelada: traslada la factura del CO2 a los hogares y al presupuesto de la transición.
Detrás de Repsol aparecen ArcelorMittal con un 11,53%, Moeve con un 7,99%, Cementos Portland con un 4,63% y Cemex con un 3,63%.
En total, apenas seis compañías acumulan el 48,53% de todos los derechos gratuitos del país. Y solo 19 instalaciones industriales concentran el 50% de todo el reparto para 2026-2030.
Según la organización, las toneladas regaladas a Repsol equivalen a casi la mitad de las emisiones anuales de todos los coches que circulan en España. No es una deducción simbólica: es un subsidio a la fabricación de carburantes.
650 plantas y 19 instalaciones concentran la mitad de los permisos
La asignación gratuita se reparte entre más de 650 plantas, pero la mayoría de las plantas industriales recibe una parte pequeña; el grueso va a la gran refinería y al acero.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Derechos gratuitos: media de 38,1 millones de EUA al año para 2026-2030.
- Precio de referencia: 103 euros por tonelada de CO2 estimados por Greenpeace.
- Subvención implícita a Repsol: unos 3.550 millones de euros en cinco años.
- Concentración: seis compañías suman el 48,53% y 19 instalaciones el 50% de los permisos.
La justificación oficial de estos permisos sigue siendo la fuga de carbono: si la industria paga aquí y no en otros mercados, pierde competitividad. El problema es que la exención no exige contrapartida de descarbonización.
Mientras tanto, Repsol registró un beneficio de 2.711 millones de euros en el primer semestre de 2026, más que todo 2025, según los datos que cita Greenpeace. La compañía ha elevado dividendo y ha destinado 850 millones a recomprar acciones solo en seis meses.
La lectura es incómoda: el dinero generado por los fósiles no está yendo a acelerar la transición, sino a retribuir al accionista, al tiempo que la petrolera reduce su exposición renovable.
Eso empuja a toda la cadena de suministro industrial a competir contra un fósil que no paga su coste de emisión. El productor de acero o cemento que invierte en eficiencia parte con desventaja frente a quien recibe el permiso sin contrapartida.
El análisis: qué rompe la señal de precio y qué corregiría la fiscalidad
La subvención implícita rompe la lógica básica del mercado de emisiones. Si el CO2 no tiene un coste real para la industria pesada, la inversión en electrificación, hidrógeno verde o eficiencia energética compite en desventaja.
El precedente del CBAM, el arancel al carbono en frontera, demuestra que Bruselas ya reconoce el riesgo de fuga y busca corregirlo sin regalar todos los permisos. Mantener asignaciones gratuitas a la vez que se aprueba CBAM supone duplicar instrumentos y debilitar la señal de precio.
La propuesta de eliminar los derechos gratuitos y recuperar un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras es una opción fiscal con lógica de transición. Los fondos podrían financiar la electrificación industrial y la protección de los hogares frente a la inflación energética.
Pero la letra pequeña manda. Sin un calendario concreto de eliminación de los permisos gratuitos, el análisis se queda en denuncia. El compromiso no es la acción.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Eliminar los derechos gratuitos obligaría a pagar por 38,1 millones de toneladas de CO2 al año, con una señal de precio hoy estimada en 103 euros por tonelada.
- Modelo que cambia: La industria pesada dejaría de tratar el CO2 como un coste eludible y tendría incentivo real para electrificar procesos y descarbonizar refinerías.
- Para las próximas generaciones: Cada tonelada que deja de subvencionarse libera financiación pública o reduce emisiones, acercando el periodo 2026-2030 a una descarbonización real.
