La jueza de Valencia ha procesado al teniente coronel de la Guardia Civil que dirigía la Unidad de Gestión Económica (UGE) por un presunto fraude millonario en obras de cuarteles, con sobrecostes que alcanzaron el 188% y pagos en negro para la compra de tres inmuebles en Siete Aguas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La titular del Juzgado de Instancia número 3 de Valencia ha procesado al exjefe de la UGE de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana por presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
- ¿Quién está detrás? La investigación, apoyada por la Agencia Valenciana Antifraude y Asuntos Internos, señala al teniente coronel Miguel Ángel E. T. y a una red de empresarios adjudicatarios de obras públicas.
- ¿Qué impacto tiene? El sobrecoste medio del 188% en las reformas de cuarteles y los pagos en efectivo sin trazabilidad apuntan a una ‘red de corrupción sistémica’ que causó un perjuicio directo al erario público.
Un sobrecoste del 188% y un patrón reiterado de facturación
El auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso este diario, detalla cómo las obras en cuarteles de la Guardia Civil se inflaron de manera sistemática. La Agencia Valenciana Antifraude, que actuó como perito de la Fiscalía Anticorrupción, detectó que los precios facturados superaban en un 188% el valor real de mercado. No se trataba de errores puntuales: la magistrada habla de un ‘patrón reiterado de facturación por encima del valor real’.
Los informes periciales revelan una ‘brecha masiva’ entre el coste peritado de las reformas y el gasto realmente declarado. Las mismas empresas que recibían contratos públicos para mejorar las instalaciones del Instituto Armado facturaban suministros privados —herramientas, toalleros, materiales de construcción— con cargo al erario. La coincidencia temporal, subraya la instructora, no fue casual.
‘Dichos porcentajes podrían no constituir desviaciones puntuales o errores técnicos menores, sino un patrón reiterado de facturación por encima del valor real de mercado, generando un perjuicio económico directo para la Administración Pública’, recoge el auto. La resolución insiste en que el teniente coronel ‘buscaba la supresión total del mercado competitivo’ para asegurar que los contratos recayeran siempre en sus empresas de confianza.
Los 18.000 euros en negro y la compra de tres inmuebles
La instructora ha identificado un pago de 18.000 euros en efectivo, ‘sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen’, que el teniente coronel destinó a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas. Las mismas empresas que reformaban esas viviendas privadas eran las que, al mismo tiempo, ejecutaban obras en los cuarteles de la Comandancia de Valencia.
El teniente coronel se defendió durante su declaración voluntaria del pasado 17 de julio, negando los sobrecostes reseñados por Antifraude. Sin embargo, la jueza considera probado que los empresarios ‘resultaban adjudicatarios de obra pública mientras ejecutaban sus reformas privadas’, lo que evidencia una ‘indebida disposición de los fondos públicos’.
El sobrecoste en los cuarteles no fue un error: fue el precio que el teniente coronel impuso para financiar, con dinero público, sus reformas privadas.
El Escenario Valenciano
El procesamiento del exjefe de la UGE sacude la confianza en los mecanismos de control del gasto público, justo cuando la Comunitat Valenciana intenta dejar atrás otros escándalos de corrupción. El papel de la Agencia Valenciana Antifraude ha sido determinante: sus peritos, en auxilio judicial, desentrañaron la maraña contable que ocultaba los pagos en negro.
A nivel nacional, el caso obliga al Ministerio del Interior a revisar los protocolos de contratación de la Guardia Civil, un cuerpo que gestiona miles de adjudicaciones cada año. La investigación coincide además con un momento de elevada sensibilidad ciudadana hacia la gestión del dinero público, tras las polémicas sobre la ejecución de los fondos de la DANA. La sombra del ‘caso Acuamed’ o de las tramas de financiación irregular del PP valenciano planea sobre un auto que, por ahora, deja pocas dudas sobre la mecánica de la trama.
Con el procedimiento ya en vía abreviada, el teniente coronel se enfrenta a penas que podrían superar los diez años de prisión. La próxima cita judicial será la apertura de juicio oral, previsiblemente a principios de 2027. Mientras, la Agencia Antifraude sigue analizando los contratos públicos de la UGE de Valencia en busca de más irregularidades.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza de Valencia ha procesado al exjefe de la Unidad de Gestión Económica de la Guardia Civil por una presunta trama de corrupción en las obras de varios cuarteles de la Comunitat Valenciana. El auto judicial describe sobrecostes sistemáticos y pagos en negro para la compra de inmuebles privados.
- Datos importantes: Sobrecoste medio del 188% en las reformas de los cuarteles; 18.000 euros en efectivo sin trazabilidad; implicación de varias empresas constructoras. La Agencia Valenciana Antifraude (el organismo regional de lucha contra la corrupción) actuó como perito.
- Resumen: El procesamiento revela una ‘red de corrupción sistémica’ que causó un perjuicio millonario al erario público y pone de manifiesto las debilidades en los controles de contratación de la Guardia Civil.
