El Gobierno ha advertido nuevamente a las autoridades de Gibraltar de su «oposición» a cualquier operación de relleno o de construcción en territorios que no forman parte de los cedidos por España en virtud del Tratado de Utrecht.
El Ejecutivo se ha pronunciado de este modo en una respuesta parlamentaria, después de que desde el PP les preguntaran por el proyecto ‘Cape Vantage’, una «aparente promoción turística» prevista en «la zona litoral al noreste del Peñón, con previsible expansión de territorio ganándolo al mar en las aguas territoriales del Estado español».
En su pregunta, los diputados populares Valentina Martínez y Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu preguntaron al Gobierno si pretendía realizar alguna «consulta diplomática» con Reino Unido en torno a las «intenciones de dicha promoción urbanística y la potencial utilización de espacios marítimos pertenecientes al Estado español con fines deportivos o suntuarios».
Desde el Gobierno han asegurado que «a través de los canalesdiplomáticos habituales», el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación «ha reiterado su oposición a toda operación derelleno, de construcción o de cualquier otro tipo sobre espacios no cedidos por el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713».
En virtud de dicho Tratado, España cedió a Reino Unido el Peñón, si bien la cesión territorial se limitaba a la «ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen», aunque con posterioridad se ha procedido a ocupar el istmo y se ha ganado territorio al mar con sucesivos rellenos.
En los contactos con el Gobierno británico, añade la respuesta parlamentaria, también se ha dejado constancia de que «este tipo de acciones no son conformes con el Derecho Internacional y tienen un impacto medioambiental negativo en espacios de especial sensibilidad medioambiental». Pero además, recuerda el Gobierno, en el caso de este proyecto en concreto «España se viene oponiendo al desarrollo del mismo desde 2012».
Por otra parte, el departamento que dirige José Manuel Albares ha solicitado a Reino Unido «la remisión lo antes posible del informe de impacto medioambiental» del proyecto «en aplicación de los instrumentos internacionales aplicables».
También se ha hecho ver a Londres «la necesidad de abordar esta cuestión en el seno de la Comisión Técnica y de Coordinación del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Medioambiental, suscrito por España y Reino Unido el 29 de noviembre de 2018».
