El PP catalán ha presentado este martes una batería de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat de 2026 que recortan en más de 700 millones el gasto previsto y eliminan las subvenciones a entidades como Plataforma per la Llengua o Òmnium Cultural. La iniciativa, detallada por el portavoz Juan Fernández en rueda de prensa recogida por El Nacional.cat, despliega una ‘motosierra’ sobre las partidas que el partido considera ideológicas y abre un nuevo frente en la negociación del tripartito PSC-ERC-Comuns.
Los 700 millones de la ‘motosierra’ en cifras
El recorte principal asciende a 554 millones de euros de la Agencia Tributaria de Catalunya, el embrión de la hacienda propia que defienden los republicanos y que el Govern de Salvador Illa mantiene en su proyecto de cuentas. A esa tijera se suman más de 153 millones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio.
La ofensiva lingüística se completa con la supresión de ayudas a organizaciones como Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, la Bressola o la Obra Cultural Balear. Fernández justificó la medida asegurando que ‘solo han defendido un modelo identitario e independentista’ y que el catalán se ha convertido en ‘una herramienta de confrontación política’. Eso sí, el PP catalán matiza que ‘quiere destinar recursos públicos para promover el catalán’, pero no para ‘mantener chiringuitos que defienden una idea política concreta’.
Bajar impuestos y priorizar sanidad: la alternativa fiscal
El portavoz popular opuso sus 540 enmiendas a la política fiscal del Govern. ‘Mientras Illa apuesta por subir la presión fiscal, nosotros proponemos rebajar impuestos y acabar con el infierno fiscal para familias y empresas’, declaró. El PP plantea suprimir el impuesto sobre viviendas vacías, reducir el canon del agua y revisar otras figuras tributarias que, a su juicio, penalizan la actividad económica.
La motosierra tiene contrapartida. Los populares concentran su gasto propuesto en sanidad, educación, vivienda y seguridad. En educación denuncian la existencia de 900 barracones en Catalunya, ‘símbolo de una Generalitat que no ha dado soluciones’, y reclaman una partida extraordinaria. En vivienda defienden incrementar la inversión en protección oficial y aplicar ‘tolerancia cero con la ocupación ilegal. Para seguridad, piden más mossos, más infraestructuras y una comisaría en Piera.
No es solo dinero: es la pugna por desmontar lo que el PP llama el ‘chiringuito’ ideológico de la Generalitat.
¿Por qué la Agencia Tributaria es el verdadero objetivo?
La tijera sobre la Agencia Tributaria de Catalunya va mucho más allá del ahorro presupuestario. La entidad es la pieza clave que ERC exige blindar para avanzar hacia la financiación singular, el pacto de investidura que sostiene al Govern. Recortar aquí es una señal directa al PSC y al Gobierno central: el PP intenta dinamitar el principal activo de los republicanos antes de que la Generalitat pueda usarlo como ariete para reclamar más competencias fiscales. Además, el recorte de 153 millones a la CCMA y la eliminación de ayudas a Plataforma per la Llengua o Òmnium golpea el ecosistema cultural e independentista que los populares consideran sobrerrepresentado en la administración catalana.
Este movimiento encaja con la estrategia nacional del PP de recentralización y rechazo a cualquier concierto económico. Ya en febrero de 2025, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ironizó con la necesidad de ‘una motosierra o, si lo prefiere, un hacha’ en la Generalitat. Las enmiendas son la ejecución cuantificada de aquel discurso, y pretenden forzar a los partidos del tripartito a votar contra su propia sensibilidad social: defender la hacienda propia, la lengua y los medios públicos, mientras el Govern necesita sus votos para sacar adelante unas cuentas que ya superaron, el 4 de junio, las enmiendas a la totalidad.
La mayoría de las ayudas que el PP propone eliminar beneficia a colectivos de la órbita independentista, pero también a entidades de la cultura catalana con implantación en la Comunitat Valenciana y Baleares. La estrategia, según fuentes parlamentarias, persigue que ERC y los Comuns se desgasten defendiendo gastos que pueden ser percibidos como partidistas por el electorado moderado, especialmente en un contexto de inflación y subida de tipos.
La votación final de las cuentas está prevista para el próximo 2 de julio. Sin los votos del PP, el Govern sacará adelante los presupuestos con la mayoría absoluta del tripartito. Pero el coste político para Illa y para ERC será tener que rechazar una a una las enmiendas que los populares venderán como recortes a ‘chiringuitos ideológicos’. El PP, sin capacidad de bloquear las cuentas, se asegura munición para la legislatura: cada partida que sobreviva será un nuevo argumento contra el ‘tripartito del gasto’.
