Los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana llevan meses esperando el plus de peligrosidad que el Congreso aprobó en 2024 y que el Consell de Juanfran Pérez Llorca aún no les paga. Mientras, los camiones se averían en plena extinción del incendio de Castellón y la falta de personal obliga a recurrir a voluntarios.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los bomberos forestales denuncian que la Generalitat no abona el complemento de peligrosidad reconocido por ley desde 2024 y que los vehículos fallan en el incendio de La Vall d’Uixó.
- ¿Quién está detrás? Los sindicatos (CGT, CCOO, UGT, CSIF y otros) y representantes del comité de empresa de la empresa pública SGISE, dependiente del Consell.
- ¿Qué impacto tiene? La falta de medios y personal reduce la seguridad de los profesionales y la eficacia en la extinción, en plena temporada de alto riesgo.
El complemento de peligrosidad, una promesa sin cumplir desde 2024
El Estatuto del Bombero Forestal aprobado en el Congreso en 2024 reconoce complementos de peligrosidad, toxicidad y penosidad para estos profesionales. Pero en la Comunitat Valenciana, gobierne quien gobierne, la nómina sigue sin reflejar ese reconocimiento. Ferran Edo, bombero y representante del comité de empresa, lo resume con claridad: “Tenemos enfermedades profesionales y no nos quieren dar un euro por peligrosidad”.
La empresa pública SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias), que desde 2018 integra a los bomberos forestales en la Administración autonómica, todavía no ha desarrollado el reglamento de prevención de riesgos laborales. Tampoco ha puesto en marcha la segunda actividad que contempla la norma. El resultado es que un cuerpo que se juega la vida en cada incendio no cuenta con el respaldo legal que le corresponde.
Vehículos que dejan tirados y falta de personal: la escena en el incendio de Castellón
“Hay camiones que a mitad de incendio te dejan tirado. Es un problema de seguridad para nosotros y de efectividad para combatir el fuego”, denuncia Miquel Férriz, jefe de unidad en el parque de Sant Mateu (Castellón) y delegado de CGT. Los sindicatos cifran en un 15 % el déficit de efectivos durante la temporada alta, y en invierno la falta de personal llegó al 40 %. Este fin de semana, en el incendio de La Vall d’Uixó, la Generalitat tuvo que pedir refuerzos voluntarios fuera de su turno, una medida que los representantes de los trabajadores califican de “parche”.
Además de la escasez de manos, el parque móvil está obsoleto. “Se han comprado vehículos, pero se necesitan más y tardan más de un año en llegar”, explica Férriz. La realidad cotidiana incluye helicópteros con dos ocupantes en lugar de los seis que deberían ser y unas 50 plazas de jefes vacantes en SGISE. La falta de estructura administrativa, admiten los sindicatos, complica la incorporación de personal y retrasa las oposiciones.
Un año después de la DANA, los bomberos forestales valencianos siguen esperando que la Generalitat les otorgue los medios y el reconocimiento que la ley nacional les concede.
Los bomberos forestales de la Generalitat cobran, de media, unos 30.000 euros brutos anuales —cerca de 1.500 euros al mes— por jornadas de 12 horas con disponibilidad total de 32 horas en cada ciclo de 48. “Nos estamos jugando la vida”, insiste Férriz. Y la falta de reconocimiento económico y material, añaden, convierte la vocación en una losa.
El Escenario Valenciano
El caso expone la brecha entre lo que aprueba el Congreso y lo que ejecuta la Generalitat. El Consell de Pérez Llorca (PP-Vox) no ha hecho público ningún calendario para aplicar los complementos, y las protestas sindicales apuntan directamente a la falta de voluntad política. Hasta ahora, ni la consellera de Justicia e Interior ni la dirección de SGISE han ofrecido una respuesta oficial a las denuncias recogidas por los medios.
En clave nacional, la situación llega en un momento en el que el Gobierno central multiplica las alertas sobre el cambio climático y la necesidad de reforzar los servicios de emergencias. La DANA de 2024, con 229 víctimas mortales, mostró las consecuencias de la desinversión en protección civil. Que ahora, dos veranos después, los bomberos forestales se vean obligados a pedir voluntarios y a lidiar con vehículos averiados revela que la lección no ha calado.La proyección inmediata es preocupante: la campaña de incendios continuará hasta octubre y los sindicatos ya advierten de movilizaciones si no hay avances. Además, la oposición de PSPV y Compromís podría llevar a las Corts Valencianes alguna moción para exigir el pago inmediato del plus, lo que pondría a prueba la cohesión del pacto PP-Vox.
Ficha del Caso
- El caso: Los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana denuncian que no se les abona el plus de peligrosidad aprobado en 2024 y que los vehículos fallan en plena extinción. El incendio de La Vall d’Uixó (Castellón) ha vuelto a evidenciar la precariedad.
- Datos importantes: Déficit del 15 % de efectivos en verano, 50 plazas de jefes vacantes, vehículos obsoletos, salario medio de 30.000 euros brutos anuales. El Estatuto del Bombero Forestal (aprobado en el Congreso en 2024) sigue sin aplicarse en la Comunitat.
- Resumen: La Generalitat, ahora bajo el mandato de Juanfran Pérez Llorca, mantiene una deuda con sus bomberos forestales que compromete la seguridad de los profesionales y la eficacia contra los incendios.
