El informe de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia, entregado el pasado lunes al Gobierno, identifica en Baleares un total de 15 incidencias referidas a la titularidad y otras 24 que no se refieren a la titularidad.
En el documento, la CEE revisa el listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en cumplimiento de una propuesta no legislativa de 2017.
Cabe recordar que en 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, se aprobó un Real Decreto por el que las diócesis inscribieron en los registros de la propiedad diversos bienes, que según la CEE «venían siendo de la Iglesia desde tiempo inmemorial».
Esto concluyó en 2015 con la reforma de la Ley Hipotecaria, que suprimió facilidades excesivas y endureció los requisitos de las inmatriculaciones, para evitar que se perjudicasen bienes de dominio público no inscritos o se lesionasen derechos de otros titulares.
Así, en el informe entregado al Gobierno aparecen 219 bienes inmatriculados en Baleares, de los cuales 180 corresponden al periodo 1998-2015 y los han verificado las diócesis respectivas. El resto de registros son los que presentan algún tipo de incidencia.
De los 15 bienes en Baleares sobre los que constan incidencias que sí se refieren a la titularidad, uno es por pertenecer a las religiosas concepcionistas franciscanas, la casa convento e iglesia que tienen en Mahón.
Otros 11 son bienes que aparecían en el listado elaborado por el Gobierno pero que a la Iglesia no le consta que sean de su titularidad, ya sea porque faltan datos o porque el registro de la propiedad no identifica bien la parcela.
Aquí se incluyen, en Ibiza, una casa (Can Rabell) y una parcela, que no figuran en los archivos; y en Mallorca, una vivienda en Artà, el oratorio de la Inmaculada Concepción de Felanitx; un solar colindante a un templo en Llucmajor; un solar, dos viviendas, un edificio y una iglesia inscritos en registros de Palma; y un templo parroquial con sacristía y edificaciones anexas inscrito en un registro de Inca.
Por último, el informe recoge otros tres bienes más en Baleares que fueron de la Iglesia en algún momento pero actualmente ya no lo son –porque fueron donados, vendidos o expropiados– pero siguen apareciendo en el registro.
Se trata de la Iglesia de San Diego en Alaior (Menorca), vendido al Ayuntamiento de Alaior; y otros dos inmuebles vinculados a la Parroquia de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença cuya inscripción fue cancelada. Según ha aclarado el abogado del Obispado de Mallorca, Víctor Gómez, el caso de Pollença fueron inscripciones por «error» y se subsanaron en el año 2016.
El director de la oficina de información de la CEE, José Gabriel Vera, indica en el vídeo explicativo difundido por la Conferencia Episcopal que se trata de bienes que «no los puede devolver la Iglesia» porque «no son suyos» sino que responden a un «problema del registro».
INCIDENCIAS DISTINTAS A LA TITULARIDAD
Por otro lado, un total de 20 de los bienes que aparecen en el informe en Baleares no fueron inmatriculados en el periodo que abarca el Real Decreto de 1998 que concluyó con la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015.
En este apartado figura, en Mallorca, un solar en Llucmajor -aparece como «posible ubicación de la parroquia de S’Estanyol»- con una escritura notarial anterior a 1998.
En Ibiza, constan un edificio -‘casa de la Iglesia’-, comprado en 1971; dos jardines inmatriculados en 1929, uno de ellos destinado a las religiosas canonesas agustinas; un local procedente de una herencia en 1949; la casa-habitación del reverendo de la iglesia de Santo Domingo, una porción de tierra y bosque (Sa Ciutada des Puigs des Masons, en Sant Joan) y el palacio episcopal, inmatriculados en 1929; un complejo escolar adjudicado en 1990; un solar con escritura de 1991; y un terreno con colegio en Sant Antoni, con escrituras de 1977.
En Menorca, como adquisiciones distintas al periodo 1998-2015 constan una casa en Ciutadella; la rectoría de la Parroquía de Fornells; la rectoría y vicaría de la Parroquia de Sant Martí; una casa destinada a rectoría en Es Migjorn; otra rectoría en Ferreries; la casa rectoral de la Parroquia de Sant Climent; un edificio junto a la Iglesia de la Concepción en Mahón y la rectoría de la Parroquia de Santa María de Mahón.
Paralelamente, otros cuatro bienes en Baleares que sí están dentro del periodo 1998-2015 no fueron inmatriculados por certificación, sino adquiridos por otras vías –compraventa, herencias, donaciones, etc– y, por tanto, según la CEE no deberían estar incluidos en el listado elaborado por el Gobierno. Se trata de dos bienes en Ibiza y otros dos en Mallorca.
En concreto, son las dependencias de San Salvador, adquiridas por el Obispado de Ibiza y Formentera –señala que físicamente están dentro del templo–, y un templo en Sant Antoni, por compraventa –señala que no está declarada obra nueva del templo–; y en Sineu, el Convento de la Inmaculada Concepción y la Casa de las Mandaderas de la misma congregación, donados en 2009 y de los que el Obispado tiene solamente la nuda propiedad.
PLAZAS EN MANCOR DE LA VALL
Al margen de los bienes recogidos en el informe, desde el Obispado de Mallorca han informado de que mantienen conversaciones con el Ayuntamiento de Mancor de la Vall para regularizar la titularidad de dos plazas.
El abogado del Obispado ha defendido la plena predisposición de la diócesis «para arreglar cualquier discrepancia o error que se haya cometido en el tema de las inmatriculaciones». Respecto a los bienes con incidencias que aparecen en el informe, ha declarado que deben analizarlos «uno por uno» para «saber cuáles son los pasos a seguir» e identificar correctamente los registros.
En este sentido, Gómez ha comentado que «iría bien» que «el Gobierno, que tuvo acceso a todos los datos de los registros de la propiedad, pudiera ampliar esta información para facilitar el trabajo» de las diócesis.
EL OBISPADO DE MENORCA RECALCA QUE NO HAY RECLAMACIONES EN LA ISLA
Por su parte, el vicario general de la diócesis de Menorca, Gerard Villalonga, ha insistido en la legalidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en la Isla.
En Menorca sólo aparece una propiedad en el grupo de bienes con incidencias sobre la titularidad, la Iglesia de San Diego en Alaior. Según ha aclarado, fue vendida al Ayuntamiento, que la utiliza hoy en día como espacio cultural. Por ello, no debería figurar en la lista elaborada por el Gobierno, ha enfatizado.
En cuanto a los bienes en Menorca inmatriculados en el periodo de 1998 a 2015, ha asegurado que esas inmatriculaciones se hicieron «de acuerdo a la ley» y «con la conciencia clarísima de que son propiedad de la Iglesia». Se trata, ha señalado, de bienes que no estaban escriturados porque su posesión es anterior a los registros de la propiedad.
Al margen de estos bienes, Villalonga ha puntualizado que por error figuraban algunas propiedades en Manacor como atribuidas a la diócesis de Menorca.
Así, el vicario general ha remarcado que «todo se ha hecho siempre en la legalidad de cada momento«, porque se han inmatriculado bienes de los que la Iglesia «está en pacífica posesión». En esta línea, ha recalcado que en Menorca «no hay ningún bien que esté en discusión» ni tampoco reclamaciones ni pleitos.
