El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzĂ³ el pasado 24 de febrero un ataque a gran escala contra Ucrania que supuso el estallido definitivo del conflicto armado iniciado en 2014 en la regiĂ³n del Donbas entre el EjĂ©rcito ucraniano y separatistas prorrusos. La guerra ha alcanzado ya las dimensiones necesarias para situarse en la mesa de los dos grandes tribunales internacionales: la CIJ y el TPI, cuyos dictĂ¡menes podrĂan acarrear graves consecuencias para Rusia y Putin.
«Lo que estĂ¡ claro es que no se puede engullir un Estado. No puede desaparecer un Estado entero porque otro lo diga. Eso no se puede permitir», indica Araceli Mangas MartĂn, catedrĂ¡tica de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resumiendo asĂ la esencia de esta nueva guerra en el corazĂ³n de Europa.
El conflicto ucraniano estaba en el punto de mira del Tribunal Penal Internacional desde 2014, cuando Ucrania, que no forma parte del Estatuto de Roma (tratado fundacional del TPI) autorizĂ³ a esta corte de La Haya a que identificara, persiguiera y, en su caso, juzgara a quienes cometieran crĂmenes de guerra o lesa humanidad en su territorio.
El permiso concedido por Ucrania habilitĂ³ al TPI para investigar cualquier posible crimen internacional cometido en suelo ucraniano desde noviembre de 2013, lo cual abarcaba hasta ahora la represiĂ³n de las protestas en la plaza Maidan que propiciaron la caĂda del Gobierno de Viktor Yanukovich y el conflicto en las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y las milicias apoyadas por MoscĂº.
El TPI terminĂ³ en 2020 su examen preliminar sobre el caso ucraniano, concluyendo que habĂa indicios de que se habĂan cometido crĂmenes internacionales. Pero no fue hasta el pasado 28 de febrero cuando el nuevo fiscal jefe del TPI, Karim Khan, comunicĂ³ que habĂa decidido abrir una investigaciĂ³n oficial. Y lo hizo anunciando que sus pesquisas incluirĂan tambiĂ©n la reciente invasiĂ³n rusa.
No obstante, recordĂ³ que antes debĂa recabar la autorizaciĂ³n expresa de la CĂ¡mara de Antejuicio, deslizando que si los paĂses que componen el TPI denunciaban directamente la guerra en Ucrania ante la FiscalĂa podrĂa eludir ese trĂ¡mite procesal. Un total de 39 estados miembro, España incluida, han atendido el ruego de Khan, por lo que las indagaciones ya estĂ¡n en marcha.
¿PUTIN EN EL BANQUILLO?
A falta del resultado que arrojen las pesquisas en el TPI, la AsociaciĂ³n Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) observa ya «violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario», que fija las normas de la guerra, debido a los ataques rusos contra la poblaciĂ³n civil, segĂºn señala en un comunicado.
Mangas MartĂn, miembro de la AEPDIRI, explica que a los ojos del Derecho Internacional solo es legal atacar objetivos militares. «Las infraestructuras bĂ¡sicas para la poblaciĂ³n civil», tales como hospitales, mercados o edificios de viviendas, asĂ como las imprescindibles para su supervivencia –puentes para transitar por la ciudad o escapar de ella–, «no se pueden bombardear». «Son intocables y, cuando se tocan, es un suma y sigue de crĂmenes de guerra», alerta.
La experta advierte ademĂ¡s de que «atacar centrales nucleares liberando las fuerzas peligrosas que contienen» podrĂa ser considerado igualmente un crimen de guerra por sus nefastas consecuencias sobre la poblaciĂ³n civil, un escenario no tan lejano a juzgar por los combates alrededor de la central de ChernĂ³bil y los ataques sobre la de Zaporiyia.
Sin embargo, no hay que olvidar que las responsabilidades penales –que son las que se ventilan en el TPI– son individuales. Es decir, hay que poner nombres y apellidos a sus autores materiales y buscar a sus autores intelectuales en la cadena de mando probando que ordenaron o autorizaron semejantes actos o, como poco, los conocieron y consintieron.
En el caso de Putin, la profesora universitaria apunta al crimen de agresiĂ³n, definido en el Estatuto de Roma como el cometido «cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acciĂ³n polĂtica o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresiĂ³n que por sus caracterĂsticas, gravedad y escala constituya una violaciĂ³n manifiesta de la Carta de Naciones Unidas».
La AEPDIRI afirma que la ofensiva rusa sobre Ucrania «constituye una violaciĂ³n de la prohibiciĂ³n del uso de la fuerza», recogida en el artĂculo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, recordando que «las Ăºnicas excepciones» admitidas son la legĂtima defensa, que requiere un ataque previo, y la autorizaciĂ³n del Consejo de Seguridad de la ONU. «Y ninguna de las pretendidas justificaciones aducidas por Rusia pueden encuadrarse en estas excepciones», añade.
A pesar del respaldo jurĂdico que pudiera tener una acusaciĂ³n penal contra Putin y sus lugartenientes, Mangas MartĂn admite que «no serĂ¡ fĂ¡cil» que acabe con el presidente ruso detenido, juzgado y condenado en el TPI. No por la inmunidad que posee como jefe de Estado, que decae automĂ¡ticamente cuando se trata de crĂmenes internacionales, sino por la dificultad de echarle el guante.
Omar HasĂ¡n al Bashir fue acusado por el TPI a causa de los crĂmenes perpetrados en el conflicto en la regiĂ³n sudanesa de Darfur (2003) cuando aĂºn era presidente del paĂs africano. Las primeras Ă³rdenes de detenciĂ³n internacionales se libraron en 2009 y, aunque el nuevo Gobierno de SudĂ¡n se ha comprometido a entregarlo a La Haya, todavĂa no lo ha hecho.
LA PARTIDA EN LA CIJ
De forma simultĂ¡nea, Rusia y Ucrania se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un tribunal de la ONU donde se dirimen disputas entre estados por violaciones de los tratados suscritos.
En esta sede, Kiev acusa a MoscĂº de violar la ConvenciĂ³n para la PrevenciĂ³n y la SanciĂ³n del Genocidio (1948), ratificada por ambas naciones. El Estado ucraniano alega que Rusia ha usado en falso el tĂ©rmino genocidio al denunciar que las fuerzas ucranianas han materializado uno en Donbas, lo que, de ser cierto, justificarĂa la irrupciĂ³n de tropas rusas para frenarlo.
Ucrania no solo «niega enfĂ¡ticamente» un genocidio en Lugansk y Donetsk, pidiendo en consecuencia a la CIJ que declare que «Rusia no tiene base legal para emprender acciones» contra el paĂs vecino, sino que acusa a la potencia euroasiĂ¡tica de «planear actos de genocidio» por cuanto «intencionadamente estĂ¡ matando e infligiendo un grave daño a los nacionales ucranianos».
De entrada, la CIJ se ha declarado competente para resolver sobre las medidas cautelares planteadas por el Ejecutivo de Volodimir Zelenski, que consisten bĂ¡sicamente en detener las operaciones militares lanzadas por Rusia en «un descarado abuso» de dicha convenciĂ³n. Las partes estĂ¡n convocadas a una vista oral que se celebrarĂ¡ entre el lunes y el martes para exponer sus argumentos.
Mangas MartĂn avanza que una eventual condena en la CIJ supondrĂa que «un tribunal de la ONU determine que ha habido una agresiĂ³n, que no habĂa ninguna justificaciĂ³n, que no habĂa legĂtima defensa para detener un genocidio o un proceso de ‘nazificaciĂ³n’, como dijo Putin».
Rusia serĂa señalado formalmente como un infractor del Derecho Internacional, «y, despuĂ©s de eso, con una condena, se pueden pedir reparaciones de guerra», algo que Ucrania ya anticipa en su escrito.
La catedrĂ¡tica de la UCM ve como algo positivo que el conflicto en Ucrania se aborde desde el prisma del Derecho Internacional, uno de los pilares de la convivencia global, porque, aunque puede resultar «lento», mĂ¡xime cuando «lo que interesa es detener el sacrificio de vidas humanas», algo en lo que entiende que pueden ser mĂ¡s efectivas las sanciones econĂ³micas, su respuesta «acaba llegando».