El Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha archivado la causa sobre dos investigados de formar parte de una trama de prostitución en Madrid al no acreditar que las mujeres estuvieran retenidas y al manifestar las testigos que ofrecían servicios sexuales libremente a los clientes de un bar o en el piso donde vivían de alquiler.
En un auto, el juez acuerda levantar la imputación a instancias del fiscal sobre la propietaria del bar y uno de los hombres denunciados, si bien el Juzgado mantiene investigado a una tercera persona señalada como el presunto captador de las mujeres.
«De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa por parte de los investigados», recoge el fallo judicial.
El juez subraya en la resolución que «resulta indiferente que la testigo protegida viniera a España a sabiendas de que iba a ejercer la prostitución», ya que ello no exime de responsabilidad a los investigados. Así, incide en que lo que se debe de analizar es si concurre explotación de la prostitución en los términos definidos por la jurisprudencia, concluyendo que en este caso no.
La presunta trama se desarticuló en julio de 2020 en el marco de la ‘Operación Ídolo’, ejecutada por el Grupo I de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos. El operativo se puso en marcha a raíz de las denuncias de dos testigos protegidas que manifestaron ante la Fiscalía de Madrid el proceso de captación y las condiciones de trabajo una vez que estaban en España.
En septiembre, dos de las mujeres denunciantes de origen latino llegaron a España a través del aeropuerto de Barajas. Ambas testigos fueron presuntamente contactadas por el hombre al que se mantiene la imputación en sus países de origen, siendo invitadas a venir a España a ejercer la prostitución bajo la promesa de ganar mucho dinero.
Sin embargo, contrajeron una deuda con el facilitador de 4.000 euros cada una, que debían devolver con sus servicios sexuales en España, condiciones aceptadas, según se desprende del auto.
A su llegada a España fueron conducidas al piso donde se encontraban los otros dos investigados: un hombre que se encargaba de gestionar el piso así como anunciar a las chicas en Internet y una mujer que a su vez regentaba un bar próximo donde se ofrecían servicios sexuales a los clientes.
«Al principio solo ejercía la prostitución en casa, pero luego exigieron hacerlo también en el bar», declaró una de las testigos, quien aseguraba estar sometida a horarios maratonianos «de 16 a 22 horas en el piso y los fines de semana en el bar hasta las tres de la mañana, descansando solo los domingos».
Condiciones de trabajo que implican no poder rechazar clientes y realzar un pago semanal de 250 euros y «aparte pagaba los preservativos y la lavandería, que se lo descontaban directamente de lo que ganaba, aparte de un porcentaje por cada servicio», declaraba la testigo protegida. En el piso, de dos habitaciones, trabajaban nueve chicas que mantenían similares condiciones de vida.
DECLARACIONES DE LOS INVESTIGADOS
La defensa de los tres investigados recayó sobre Ospina Abogados, integrando por el abogado Juan Gonzalo Ospina y la letrada Beatriz Uriarte, quienes defendían la inocencia de sus clientes tal y como ellos profesaban.
Los letrados incidieron en las contradicciones que las testigos protegidas cometieron en sus declaraciones, quienes manifestaron que los investigados «no controlaban directamente con quien hablaban». Además, una de ellas manifestó que siempre «tuvo su pasaporte», y que no residía en el piso sino con una ONG, yendo al piso «diariamente, pero no siempre trabajaba», sin que ello supusiera multas o castigos.
A ello se sumaba el informe de los peritos, en cuya conclusiones se exponía que «no se desprende una situación de explotación», subyaciendo presumiblemente la denuncia en la ONG donde dormía, quienes al darse cuenta que ejercía la prostitución, la trasladaron de sitio y cambiaron su número de teléfono.
La defensa insistió en la ausencia de pruebas que ligara a sus clientes con la explotación sexual de las mujeres, hasta tal punto que el alquiler del piso donde se ejercía la prostitución pertenecía a una de las chicas que ejercía la prostitución.
Unos hechos que ratificaron el resto de mujeres que eximían a los acusados de ser explotadores sexuales, declarando que «nunca le han ofrecido trabajo sexual», siendo ellas quienes acudían al bar de manera voluntaria donde conocían gente a «la que libremente les ofrecían servicios sexuales, bien en el piso donde viven y ejercen la prostitución o en unas dependencias interiores en el propio establecimiento».
Respecto al todavía acusado, éste reconoce ser «taxista privado, aunque no paga impuestos ni cotiza en la Seguridad Social», además de taxista «vive de prestar dinero, cobrando un 25% de interés», de donde se desprende el vínculo con las mujeres que ejercen a prostitución.
