La Comisión de Sanidad y Consumo ha rechazado una moción, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar medidas para fomentar y reforzar la atención sanitaria en salud mental.
En concreto, el texto ha sido rechazado con 12 votos a favor y 16 en contra, y ha contado con tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En el mismo, se solicitaba, tal y como ha detallado el senador del Grupo Parlamentario Mixto, José Manuel Marín, promover la contratación de personal especializado como psiquiatras, psicólogos clínicos, diplomados universitarios en enfermería y terapeutas ocupacionales a fin de reforzar las plantillas de las diferentes unidades de Salud Mental de los hospitales.
Además, se pedía promover y sistematizar medidas para proteger y favorecer el bienestar psicosocial, así como para prevenir, identificar y tratar los trastornos mentales en situación de crisis de salud pública por enfermedad transmisible COVID-19.
La Cámara Alta ha rechazado también solicitar al Ejecutivo promover el desarrollo de medidas de Salud Pública adecuadas a nivel nacional, acompañadas de medidas de apoyo psicológico y social, como pueden ser sesiones individuales y grupales reducidas de atención psicológica, la atención psicológica a distancia, así como las sesiones de entrenamiento y regulación emocional que promuevan el autocuidado del profesional.
La moción también incluía la necesidad de almacenar información básica que permita la investigación evaluativa para planes futuros en situaciones de crisis; realizar un estudio de las consecuencias sociales que tiene y ha tenido el confinamiento y el estado de alarma en la situación laboral y económica de la población española; y promover la monitorización e información sobre las tasas de ansiedad, depresión, autolesiones, suicidios y otros problemas de salud mental, ya que esto ayudará a comprender los mecanismos e informar las intervenciones.
También se instaba a promover el reforzamiento de la Salud Mental en España en el ámbito de la Atención Primaria y la Salud Mental Comunitaria especializada, como consecuencia de las previsiones de un incremento en la demanda de este tipo de atención por parte de los ciudadanos tras la crisis sociosanitaria de la COVID-19.
Asimismo, y como así constaba en las enmiendas presentadas por los ‘populares’, se solicitaba al Gobierno incrementar la oferta de plazas MIR en Psiquiatría, PIR y EIR en Salud Mental que permita posteriormente promover la contratación de personal especializado en las diferentes Unidades de Salud Mental y acercarnos a los estándares de países de nuestro entorno; y que las pruebas selectivas 2022 para el acceso en el año 2023 a plazas de Formación Sanitaria Especializada incluyan plazas de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia sin que ello suponga una disminución de las correspondientes a Psiquiatría General.
Finalmente, se ha rechazado exigir al Gobierno estudiar el número de camas de hospitalización de pacientes psiquiátricos agudos en las distintas comunidades autónomas y dotarlas de al menos el número recomendado por la OMS y que se sitúa en 12 por cada 100.000 habitantes.
