La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia y Cantabria han criticado que sean las comunidades autónomas las que asuman el coste de la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional en el de profesores de Educación, por lo que reclaman al Ministerio de Educación ayuda para asumir el incremento presupuestario que supone esta medida.
Los profesores de FP que podrán solicitar esta integración, que se aprobaría a través de real decreto, son aquellos que pertenecen al subgrupo A2 y que poseen la titulación de Grado o el equivalente a efectos de acceso a la Función Pública o de docencia, según ha traslado este miércoles el Ministerio a las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Educación.
Tras celebrarse la Conferencia Sectorial de Educación, la Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno que financie las actuaciones en materia educativa como la conversión de profesores técnicos de Formación Profesional (FP) en docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Son cambios que se van introduciendo en los desarrollos normativos de la de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y de la Ley Orgánica De Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LOOIFP), y desde la Comunidad de Madrid señalan que «sus continuos cambios legislativos no van acompañados de la necesaria dotación económica, lo que supone un grave perjuicio para las comunidades autónomas», según recoge la Consejería de Educación y Universidades en un comunicado.
«El principio de lealtad institucional establece que cuando una norma estatal supone un mayor gasto para la administración que le corresponde el desarrollo y ejecución de esa competencia, se debe dotar de fondos económicos suficientes a dicha administración; sin embargo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional obvia este principio en todas sus normas», ha subrayado la viceconsejera de Política Educativa madrileña, Rocío Albert, tras participar en la Conferencia Sectorial de Educación.
La reunión ha tenido lugar este miércoles y, en ella, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado como único punto del orden del día el borrador de Real Decreto por el que se regula la integración del profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional en el cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria.
Para ello, se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias, una normativa que, según la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, «no viene acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, y que supondrá para la región madrileña de entre 10 y 12 millones de euros».
El Gobierno regional, asegura Albert, «por supuesto, no se opone a esta medida conforme a ley y que permite al profesorado cobrar el mismo salario por el mismo trabajo, pero es absolutamente necesario que se dote presupuestariamente para poder ser llevada a cabo».
Desde la Comunidad de Madrid han destacado que las comunidades autónomas ya han tenido que asumir también con el desarrollo de la Ley Celaá un incremento en el gastos por diversos conceptos, como por ejemplo, el cambio de currículos y de libros de texto, «algo que ha obligado a la Comunidad de Madrid a poner a disposición de 50 millones de euros para adquirir los nuevos recursos didácticos para el Programa ACCEDE, no se puede invitar a una fiesta y que luego sean los invitados los que paguen el convite», asegura la viceconsejera.
CYL PIDE NO REPETIR LA FÓRMULA DEL «YO INVITO, TÚ PAGAS»
En la misma línea, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha defendido en la Conferencia Sectorial de Educación que las comunidades autónomas «no sean las que deban asumir el incremento presupuestario» derivado de la aplicación del Real Decreto de integración del profesorado técnico de FP.
Lucas ha solicitado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional «no vuelva a repetir la fórmula del ‘yo invito, tú pagas'».En el encuentro, la consejera de Educación de Castilla y León ha recordado al Ministerio que estos cambios «requieren de dotación presupuestaria que no deben asumir las comunidades», puesto que «no ha partido de ellas esta regulación».
«No es la primera vez», ha recordado Lucas, que el Gobierno central «regula situaciones que terminan financiando los gobiernos autonómicos». «Ya está bien del repetir la fórmula yo invito y tú pagas», ha sentenciado.
Asimismo, Lucas ha solicitado información sobre cuándo prevé el Gobierno que entre en vigor este real decreto, puesto que «de ello depende que la integración efectiva», una vez que cada comunidad autónoma realice la oportuna convocatoria de integración.
La nueva regulación conlleva «más incógnitas», ha advertido, concretamente «hasta cuándo podrán seguir trabajando los profesores interinos que no cumplen los requisitos de titulación», un aspecto para el que también ha solicitado «claridad» Rocío Lucas.
La consejera de Castilla y León tampoco se ha olvidado del profesorado de FP en los centros concertados, que «merecerán un trato igualitario que repercutirá en un aumento presupuestario que también recaerá en las comunidades autónomas».
Por su parte, la Xunta, aunque valora positivamente la medida, ha reclamado también una partida específica que ayude a las comunidades autónomas a «hacer frente al sobrecoste de personal» que supone la aplicación de las nuevas leyes estatales de Educación y FP. Los responsables gallegos lamentan que, «una vez más», el Gobierno central «deje sobre el tejado de las comunidades autónomas la financiación extra que suponen los cambios legislativos impuestos, como es el caso».
CANTABRIA APLAUDE LA MEDIDA PERO LAMENTA LA FALTA DE FINANCIACIÓN
Aunque considera que la equiparación es «de justicia», el gobierno regional de Cantabria lamenta que «sean de nuevo las autonomías las que tengan que asumir el coste íntegro» que, en su caso, «rondará los 800.000 euros anuales».
En este sentido, la consejera cántabra de Educación, Marina Lombó, ha mostrado su satisfacción por esta medida, que la ha calificado como «una reivindicación histórica» del profesorado técnico de FP, que, en sus palabras, «es de justicia y contribuirá a fortalecer» estas enseñanzas.
Según ha detallado, en Cantabria hay en la actualidad 550 profesores técnicos de FP, y se espera que alrededor del 95 por ciento pueda integrarse en el cuerpo de Secundaria al cumplir los requisitos de titulación exigidos.
Aun considerando la integración beneficiosa para los propios docentes, la Formación Profesional y el sistema educativo en conjunto, ha criticado que el Ministerio «no ha previsto en ningún momento colaborar con las comunidades autónomas en la financiación de esta medida».
En este punto, ha recordado que los incrementos retributivos se han establecido con carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021 -fecha de entrada en vigor de la LOMLOE-, y «ninguna comunidad autónoma ha podido tener previstas estas cuantías».
«Las comunidades autónomas nos volvemos a quedar solas en la financiación», ha lamentado Lombó, que ha reclamado al Ministerio que «haga un esfuerzo» y en los próximos Presupuestos Generales del Estado contemple «específicamente» estos incrementos.
CANARIAS CONSIDERA LA MEDIDA «NECESARIA E IMPORTANTE»
Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha apoyado este miércoles el proyecto de Real Decreto para la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional (FP) en el de Educación Secundaria al considerarla «necesaria e importante».
Así lo han apuntado fuentes de la Consejería canaria de Educación a Europa Press tras la Conferencia Sectorial celebrada este 20 de julio y presidida por el secretario de Estado en la materia, José Manuel Bar Cendón, que ha explicado a las comunidades autónomas el Real Decreto citado.
