El Gobierno teme perder el Mobile World Congress y Calviño tira de dinero público para «amarrarlo»

El Gobierno lleva tiempo con la mosca detrás de la oreja. También Barcelona. El Mobile World Congress está en la cuerda floja. Al menos su celebración en España. La sensación de que uno de los eventos más importantes que se celebra en la Ciudad Condal se puede marchar a otro país ha invadido algunos ministerios. Por este motivo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño ha decidido dar una subvención directa a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation de nada menos que 208.000 euros para dar un pequeño empujón a los organizadores. Las cifras que maneja el evento son mucho más imponentes que la subvención en sí, pero ha sorprendido que por primera vez Nadia Calviño haya decidido dar una ayuda pública a los organizadores que acogen el Mobile World Congress.

John Hoffman, el organizador del Mobile World Congress lanzó un mensaje que no fue nada alentador para el Gobierno: “Hemos renovado hasta 2030, pero no nos deis por sentado”, aseguró. Esto lo dijo en noviembre de 2022 y ya sonaban campanas en el Ejecutivo con las que no comulgaban la mayoría de los ministros. El Gobierno al que le toque perder el Mobile World Congress sufrirá las consecuencias de haber dejado de contar con uno de los eventos más lucrativos para la ciudad de Barcelona. Que ahora el Ejecutivo haya dado 208.000 euros públicos para fomentar este tipo de eventos ha llamado la atención no por el importe como tal, sino porque el departamento de la vicepresidenta Nadia Calviño se ha volcado en forma de subvenciones con un evento que ya estaba aparentemente cerrado por primera vez.

 El miedo a perder el evento se ha disparado en el Ejecutivo hasta extremos insospechados. Primero cayó en Barcelona, pero ahora ha salpicado a un Gobierno que sabe que depende completamente de las buenas noticias para las próximas elecciones. La subvención que se ha dado es para la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, que acoge el Mobile World Congress y organiza 4YFN, plataforma de negocios para la comunidad de start-ups. Con todo esto que ahora le caiga este dinero público ha sido interpretado en el seno del Gobierno como un síntoma del miedo que puede tener el Ejecutivo a perder más allá de 2030 un evento que se ha convertido en la piedra angular de Barcelona. Los cantos de sirena y el riesgo llevan tiempo encima de la mesa.

La excusa detallada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales es el 5G, aunque no se detalla la necesidad de apoyar directamente al evento, el Gobierno tiene claro que es necesario esforzarse por contener su posible salida. Tampoco ayudó el procés y la inseguridad de Barcelona, pero el Mobile World Congress lleva tiempo coqueteando con su salida de España. Las últimas noticias no gustaron nada en el seno del Gobierno y ha sido Nadia Calviño la que ha querido lanzar un guiño a los organizadores. Aunque de momento parece una suma ridícula dadas las que aglutinan en este tiempo.

Los mensajes lanzados por los organizadores, sin embargo, siempre han sido mucho más optimistas de lo esperado. La asociación GSMA anunció junto al mensaje de que el MWC se quedaría en Barcelona hasta 2030 que a lo mejor cabía la posibilidad de que se quedara «para siempre». Estos mensajes de optimismo siempre han sido interpretados por los propios dirigentes del Gobierno como una forma de reafirmarse ante lo que se huelen desde hace años: que el Mobile trasladará el evento a otro país. Pese a que Nadia Calviño tiene la mirada puesta en Europa, la vicepresidenta tiene claro que es necesario intervenir al igual que se hizo con Volkswagen y otras empresas que han invertido en España.

Este evento es uno de los más grandes que se celebran en España, especialmente por el impacto económico que tiene en la ciudad de Barcelona. Concretamente, según estudios oficiales, el Mobile World Congress genera un impacto indirecto de 240 millones de euros cada vez que se celebra. Es un evento anual que ha elevado la ciudad catalana a un estatus que el Gobierno no se quiere permitir el lujo de perder.