El Congreso celebrará este jueves un nuevo pleno extra para la aprobación de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. Se trata de la tercera vez que los impulsores de la iniciativa recurren a un pleno extra para su tramitación, que se va a completar en poco más de un mes en la Cámara Baja.
Los partidos que forman parte del Gobierno ya recurrieron a este mecanismo del pleno extra en el primer examen parlamentario de la iniciativa, cuando se votó la toma en consideración a la una de la mañana, y una semana después repitieron para rechazar los textos alternativos de PP, Vox, Cs, Junts y CUP.
Fue el pasado 11 de noviembre cuando el PSOE y Unidas Podemos registraron su iniciativa, una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, lo que los juristas llaman ‘La Constitución en negativo’. Al optarse por esta vía en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno, la norma entró en la Cámara sin que se pronunciaran sobre la misma el Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En ese texto no sólo se aborda el fin del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’, sino que también se trasponen directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso y se incluye una agravamiento de penas por ocultación de cadáver.
Pero, además, se ha acabado incluyendo vía enmiendas un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, una reforma del de malversación, cambios que afectan tanto a CGPJ como al Tribunal Constitucional, y que buscan desbloquear la renovación de este último, y hasta medidas para facilitar la conciliación de los profesionales de la Justicia.
La proposición de ley inició su andadura el 14 de noviembre, cuando la Mesa del Congreso dio su visto bueno, tan sólo tres días después de que se registrara, y la envió al Gobierno para el trámite de dar su conformidad.
El Ejecutivo cuenta con 30 días para ejercer su capacidad de veto ante iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos. Pero esta vez le sobraron 29 días para pronunciarse y apenas 24 horas después de que se le remitiese la proposición de ley, el Ejecutivo registró su escrito de conformidad para la tramitación.
Sí hubo un informe de los letrados de la Cámara que puso muchos peros formales a la reacción de la iniciativa, recordando que ya había en tramitación otra reforma penal similar de trasposición de legislación europea y que debía cambiarse la denominación para dejar claro que la iniciativa suprime el delito de sedición, no sólo que modifica el de desórdenes públicos.
El debate de toma en consideración tuvo lugar el 24 de noviembre en un primer pleno extra que se prolongó hasta la una de la madrugada. Ahí empezó formalmente una tramitación exprés en la que no sólo se ha utilizado el denominado procedimiento de urgencia (que implica acortar los plazos a la mitad), sino que se ha recurrido hasta tres veces esta fórmula de la convocatoria de nuevos plenos cuando los partidarios de la reforma chocaban con la negativa de PP, Vox y Ciudadanos a retocar el orden del día de los ya previstos para la inclusión de este tema.
Además, una vez que el pleno aceptó tramitar la reforma, PSOE y Unidas Podemos sumaron fuerzas en la Mesa del Congreso para acortar aún más los plazos y dar sólo tres días para presentar las enmiendas de totalidad. Las presentaron PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP y se debatieron dos días después, el 1 de diciembre, en otro pleno extra.
A continuación, se fijó el 9 de diciembre como tope para registrar las enmiendas parciales y en paralelo, la Mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE, Unidas Podemos y ERC suman tres votos frente a los dos que tiene el PP, decidió convocar para tres días después (este lunes) la ponencia para discutir a puerta cerrada esas enmiendas al articulado.
Y este martes, a las nueve de la mañana y en apenas hora y media, la Comisión de Justicia ha emitido su dictamen sobre la proposición de ley, quedando así lista para su debate en el Pleno ya que, es una ley orgánica que necesita ser aprobada por mayoría absoluta en sesión plenaria.
En todo caso, viendo los votos emitidos en la Comisión de Justicia, los partidos que sustentan al Gobierno cuentan con apoyos suficientes (ERC, PNV, PDCAT) para superar ese listón de los 176 diputados.
Dado que no existía la unanimidad necesaria para incluir su debate en el orden del día de la sesión ya convocada para este jueves, se ha vuelto a recurrir a la convocatoria de una nueva sesión extra que tendrá como único punto la aprobación del dictamen de la comisión.
Una vez aprobada la ley, se remitirá al Senado, donde también será objeto de una tramitación acelerada. De hecho, el plan es incluir su aprobación definitiva en el Pleno que la Cámara Alta tiene previsto celebrar la próxima semana, el día 22 de diciembre. De hecho, el PP ya ve un intento de tapar la reforma penal al hacerla coincidir con el sorteo de la Lotería.
Y del Senado saldrá directa al BOE ya que el PSOE cuenta con respaldo suficiente para no introducir modificaciones en la Cámara Alta y así evitar que tenga que volver al Congreso. Todo ello siguiendo la hoja de ruta del Gobierno de coalición para que el fin del delito de secesión, el que sustentó las condenas de los líderes del proceso independentistas de 2017, pueda estar en vigor lo antes posible.
